Ha sido una semana intensa para el mundo de la educación superior estatal. En medio de las discusión por la reforma para su sistema, las universidades del Estado han desplegado una serie de acciones que buscan presionar para que el proyecto, que lleva dos meses en el Congreso, pueda ser destrabado y lograr que sea aprobado al mismo tiempo que el de reforma al Sistema de Educación Superior.
Las apuestas han pasado desde un gran congreso por la educación pública en la Universidad de Chile, que ha conseguido alcanzar una gran masividad de los distintos estamentos de la casa de estudios y ha finalizado con una marcha hasta La Moneda. Además de una reunión, a principios de esta semana, con un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría, que le puso un ultimátum a La Moneda respecto al proceso de Reforma de las Universidades Estatales. “No somos ingenuos, muchos de nosotros vamos a votar en función de que ambos proyectos tengan la misma prioridad”, indicó Guido Girardi (PPD), acompañado de los senadores Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana, Carlos Montes y el diputado Rodrigo González.
El rayado de cancha vino después de que el Ejecutivo –y en específico la “Segpres”, aseguran desde la bancada oficialista– no hiciera caso de las múltiples solicitudes por agilizar la discusión del proyecto, que lleva más de dos meses en el Congreso y fue traspasado a la Cámara, luego de que en el Senado no se pudiera iniciar su tramitación, debido a los otros proyectos de educación que están en espera. Sumado a esto, el objetivo era dar un espaldarazo a los rectores, que se han plantado en clave de guerra si es que no se cambian tres puntos fundamentales en la reforma: la modificación de los estatutos para incluir a los funcionarios como miembros de la comunidad, cambiar los criterios de autonomía, gobernanza y la constitución del Consejo Superior, además de un cambio en el sistema de financiamiento.
Las alarmas se prendieron cuando llegó la información de que el proyecto –de acuerdo a la agenda del Gobierno– sería aprobado en el 2018, lo que a juicio de los parlamentarios oficialistas deja en evidencia el hecho de que no existe una preocupación por las universidades del Estado.
Según el senador Quintana, el Ejecutivo les informó que se debía “posponer el debate de las universidades estatales para después de las elecciones en noviembre”, ya que, si no, se retrasaría la agenda de desmunicipalización y la de la reforma general a la Educación Superior, que hoy se halla en su segundo trámite legislativo. Quintana señaló, el día de la conferencia, que la Segpres es la que controla las urgencias y que, si su tramitación no se hace más expedita, se estará ante “un Gobierno que no puede bajar los brazos antes de tiempo”.
Una conclusión transversal entre los asistentes es que “ha sido mal manejado políticamente este proyecto”, en opinión del senador Girardi. El parlamentario asegura que hay una “falta de conversación efectiva principalmente de la Segpres y el Mineduc con el mundo universitario”. “Las universidades estatales han sostenido conversaciones con el Mineduc, ha habido compromisos, pero cuando se transforman en proyectos de ley no se incorporan”, razón por la cual queda en evidencia que “no se le da la misma importancia al proyecto de las estatales”, agregó.
Cabe recordar que el proyecto para las universidades estatales surgió a principios de 2017, como un intento de despejar uno de los principales nudos que vislumbraba el Mineduc en la tramitación de la esperada reforma a la Educación Superior. Bajo el argumento de darle un “trato especial” a las estatales, la iniciativa se dividió y el gran marco legal para el sistema de educación superior quedó en la reforma original, extrayendo los principales cambios para las universidades del Estado, lo que –según el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi– puede ser positivo, siempre y cuando ambas reformas se aprueben de forma conjunta.
Ante la jugada de la autodenominada “bancada transversal por las universidades del Estado”, el diputado miembro de la Comisión de Educación, Giorgio Jackson (RD), manifiesta que no es extraña la posibilidad de que el proyecto de las universidades estatales quede en nada más que un saludo a la bandera por parte del Gobierno. “Lo que va a suceder con este proyecto es bastante predecible –espero equivocarme–: es que va a terminar normando al sistema en su conjunto y no va a haber una ley para las estatales”, planteó.
Jackson hace hincapié en que la opción de transformar el proyecto en dos “fue simplemente una forma de evadir una división que existe al interior de la Nueva Mayoría”, respecto a si darle o no prioridad a las universidades estatales.
Y es que no es un secreto que al interior del oficialismo existen dos almas respecto al trato preferencial que se les debería dar a las instituciones del Estado. El cruce interminable de declaraciones entre los senadores más cercanos a las instituciones estatales, como Carlos Montes y Girardi, con aquellos que se opusieron a la gratuidad universal o condicionaron su apoyo a la gratuidad en escalada, como Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, son reconocidos en el oficialismo y, con el fin de evitar un “bochorno” como el de la Ley de Aborto en tres causales, “cortaron por lo sano y dividieron el proyecto”, reconoce un parlamentario oficialista. Agregan que lo que no vieron venir es que el proyecto “podía morir en el Senado, esperando a ser aprobado”.
El cambio del Senado a la Cámara de Diputados también responde, en parte, a esta tensión. Según los parlamentarios oficialistas a favor del fortalecimiento de las universidades estatales, existía la posibilidad de que el proyecto se quedara entrampado en las comisiones de la Cámara Alta y no lograra pasar rápidamente a la de diputados para ser despachada antes de las elecciones.
Pero no es primera vez que los rectores de las estatales logran el respaldo de parte de los parlamentarios oficialistas. La reunión del pasado lunes parece ser un déjà vu del proceso de tramitación de la gratuidad. Más que recordada es la llamada emboscada que se intentó realizar a fines de 2015, cuando la Segpres –que ya era dirigida por Nicolás Eyzaguirre– junto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, propusieron un ítem en la ley corta de la gratuidad que dejaba fuera del beneficio a las universidades del Estado que no cumplieran los mismos requisitos exigidos a las privadas.
En dicha ocasión, mientras la ministra Adriana Delpiano intentaba poner paños fríos a la propuesta de la cual se habría enterado por la prensa, casi los mismos parlamentarios se reunieron con los rectores de las universidades estatales para asegurarles que la postura de los ministros no prosperaría al interior del Congreso.
La reunión con el Cuech tenía como objetivo ir más allá de un espaldarazo a los rectores y fijar una agenda mínima para poder dar el respaldo al proyecto. El senador PPD Ricardo Lagos Weber planteó que es necesario aumentar “la oferta de matrículas en las universidades estatales”, ya que están limitadas respecto a la matrícula, lo que las deja en desventaja ante el sistema privado que es reglamentado en paralelo. “Vamos a dar esa pelea”, aseguró.
Junto con esto, se estableció que era necesario darle un ultimátum a la Segpres. “Si el Ejecutivo quiere aprobar sus proyectos, tiene que igualarlos”, recalcaron el día lunes. Línea que se mantiene en la Cámara, según el diputado Rodrigo González, quien aseguró que sus pares oficialistas hay «un acuerdo de no avanzar sin los dos proyectos paralelamente”.
González agregó que era necesario llegar a un acuerdo con los rectores respecto al marco que rige a los funcionarios no académicos de las instituciones y en cuanto al financiamiento. “No vamos a construir un proyecto sin las universidades estatales. La identidad y la autonomía de las universidades del Estado, eso lo vamos a defender”, consignó el parlamentario.
Por su parte, el rector Vivaldi recalcó que en Chile el 16% de la oferta la hacen las Ues Estatales, “eso no puede ser considerado como un sistema mixto”. Además, agregó que “los jóvenes prefieren postular y escogen a las universidades estatales» y hasta existe un “mayor porcentaje de graduación en las universidades estatales”, razón por la que se debe aumentar el margen de matrícula para dichas instituciones.
Un último punto que se planteó en el encuentro fue establecer que el prometido 70% de gratuidad, bajo el actual Gobierno de Michelle Bachelet, fuera a dar a las universidades estatales. Una propuesta que habría nacido desde los senadores de la Nueva Mayoría y que sería un punto a “discutir” aún entre el oficialismo, si bien desde el Ejecutivo aseguran que la cifra del 60% de gratuidad ya está zanjada.
Ampliación de la gratuidad que, según el diputado frenteamplista Giorgio Jackson, no constituiría un cambio en el paradigma de financiamiento impuesto en el sistema de educación superior. Agregó que este “es un proyecto que no va a permitir fortalecer la educación estatal, y que mantiene un financiamiento que opera de la misma forma que para las universidades privadas y solo tiene un crédito, con el Banco Internacional, que es para los próximos diez años y que no creo que sea suficiente para rescatar a las universidades”.
INDICACIONES
Así como la reunión con los rectores recuerda la escena en plena discusión de la ley corta de gratuidad, las complicaciones entre los rectores y distintos actores de la educación con la reforma a universidades estatales recuerda la tramitación de la Reforma a la Educación Superior que hoy está en su segundo trámite constitucional en el Senado.
Según el diputado González, la ministra de Educación ha señalado, en la Comisión de Educación de la Cámara, “que tiene la mayor disposición de incluir gran parte de lo que han solicitado los rectores y gremios que han participado y van a participar en el proyecto”. Posición que es observada con distancia, luego del largo proceso que vivió la reforma general a la ESUP, hace solo unos meses, y la tuvo detenida por casi un año, mientras el Ejecutivo lograba consensuar posiciones entre todos los involucrados.
El propuesto por Delpiano sería “un proceso institucional”. En paralelo, los parlamentarios oficialistas se comprometieron a ingresar una serie de indicaciones –al igual que el proyecto general de Esup– que lograran marcar la diferencia a partir de lo solicitado por los rectores. El 21 de agosto se reunirán en el Congreso “para recoger propuestas de todos los sectores” en la Comisión de Educación.
Además, se han autoimpuesto un plazo hasta el 15 de septiembre para la discusión, hasta el total despacho en la Cámara de Diputados. En paralelo, el Senado tiene que terminar de tramitar las iniciativas de Nueva Educación Pública y de Reforma General a la Esup, lo que de alguna forma, o “milagrosamente”, podría ayudar a que el proyecto de las estatales fuera aprobado al mismo tiempo que los otros dos, indican desde la Comisión de Educación. Aunque los parlamentarios advierten que “vamos a tener una permanente vigilancia sobre el Mineduc”. (El Mostrador)
