Combatir los ataques contra el orden democrático provenientes de grupos económicos o financieros será una de las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, creada por la Presidenta Cristina Fernández.
La entidad reemplazará a la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que fue disuelta tras el caso Nisman.
Según la «Nueva doctrina de inteligencia nacional» publicada ayer en el Boletín Oficial, el organismo tendrá como misión evitar «los atentados contra el orden institucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares… o se trate de grupos económicos y/o financieros».
Como también evitar: «Las corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado».
De igual modo, menciona los posibles agresores: «Empresas, bancos, compañías, financieras que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado».
De todos modos, dice el documento: «La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no espiarlos».
Fernández ha acusado en distintas ocasiones a corporaciones financieras nacionales y extranjeras y a grandes medios de comunicación de intentar desestabilizar su gobierno, según detalla The Associated Press.
Según El País, la Presidenta argentina impulsó una ley de reforma del servicio de inteligencia tras la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la mandataria de un supuesto encubrimiento de terroristas. La señora «K» sospechaba que uno de los principales espías de su país, Jaime Stiusso, estaba detrás de la denuncia de Nisman.
La ley significó «la disolución de la SIDE, famosa por el espionaje a políticos y periodistas y por negocios oscuros, y la creación de la AFI, a la que se sumarán nuevos agentes propuestos por las universidades públicas», dice el periódico español.
Al respecto, el jefe de la AFI, Oscar Parrilli, aseguró que los espías ya no actuarán por cuenta propia o del Ejecutivo o los jueces, sino solo por indicación de los fiscales, cuyo jefe es designado por el Congreso.
«Dejamos atras la vieja SIDE de la (última) dictadura (militar, 1976-1983) y la del ingeniero Stiusso, que tantas críticas generó en Argentina», destacó Parrilli.
La nueva doctrina ha puesto en «alerta» a los mercados, según informa el diario trasandino Clarín.
