Un balance de gestión realizó esta mañana la ministra del Interior, Izkia Siches, en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados.
La sesión fue convocada para las 8.30 y se concretó en Sala Octavio Jara Wolff del Congreso, pero la jefa de gabinete asistió de forma telemática, lo que generó molestia en los integrantes de la instancia, quienes le solicitaron a la secretaria de Estado que las próximas participaciones sean de carácter presencial.
Durante la ocasión, uno de los temas que abordó Siches fue gestión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la persecución penal.
Y si bien remarcó que el Ministerio Público tiene un rol principal en esta materia, detalló que como cartera han participado “parcialmente en torno a las acciones que tomamos para ser ente activo, querellante, ya sea por Ley de Seguridad del Estado o por delitos comunes”.
En ese sentido, reveló que como ministerio “ya hemos presentado más de 120 querellas en lo que va de nuestro mandato”. Sin embargo, precisó que “también nos hemos propuesto a que esto no solamente se delimite a querellas”, sino que exista un rol activo para participar de procesos y de seguimientos, y para solicitar acciones por parte del Ministerio Público y de las policías.
Seguidamente, la secretaria de Estado apuntó al fortalecimiento del equipo jurídico del Ministerio del Interior y destacó la incorporación de la abogada penalista Luppy Aguirre, quien en julio asumió como jefa de la División Jurídica de la cartera, tras el error que dejó fuera al gobierno como querellante en el caso Huracán.
En esa línea, reveló que cuando asumieron, el pasado 11 de marzo, “contábamos con 39 abogados” en el equipo jurídico y que -hasta la fecha- “fueron removidos solo 9″. De ellos, 6 pertenecían a la Región Metropolitana y 2 a la Macrozona Sur.
Sobre las desvinculaciones, en concreto, explicó que “habían algunos que tenían remuneraciones mucho más onerosas de lo que han sido las indicaciones por parte del Presidente de la República”.
Uno de ellos, aseguró, “con funciones de coordinación recibía a honorarios sobre $6.200.000 pesos, entendiendo que un jefe de división bordea los $7 millones de pesos, no contaba desde nuestra perspectiva con una proporcionalidad en torno a la renta”.
Así también, aseguró que “existían, desde nuestra línea, necesidades de mejorar la tramitación. De hecho, hay más de 6 causa donde se decretó abandono de querellas durante la administración anterior y, por lo mismo, nos pareció necesario revisar. Pero no es masivo como se ha intentado plantear”.
Respecto al error en el caso Huracán, Siches precisó que se han presentado “quejas disciplinarias a la jueza” y aseguró que “estamos haciendo todas las acciones para volver a ser querellantes”.
Sin embargo, afirmó que “en este caso en particular se ha intentado sacar la Ministerio del Interior y al Consejo de Defensa del Estado y al INDH de forma reiterada por quienes son las defensas, eso se entiende, pero sin duda cuando esto traspasa el Poder Judicial llama mucho la atención”.
La situación migratoria de la zona norte también fue uno de los ejes abordados por la ministra del Interior en la sesión.
“Quiero clarificar que nuestro gobierno no tiene ningún complejo con restringir el paso de las personas por pasos no habilitados”, comenzó diciendo sobre este punto.
En ese sentido, aseguró que desde el gobierno aspiran a mantener una migración regular, pero “para nada tener una mirada complaciente con lo que ocurre en el norte”. Además, anunció que “en los próximos días” visitará la región de Tarapacá, y reiteró que “no hay ningún mandato de fragilidad o de debilidad en torno a lo que ocurre en el norte”.
Luego, dio paso a detallar la cantidad de expulsiones, tanto administrativas como judiciales, que se han concretado desde que asumió el gobierno.
“Hemos resuelto 800 resoluciones para el inicio de procedimiento para expulsiones administrativas”, detalló. Por otro lado, reveló que “ya hemos realizado más de 580 expulsiones judiciales, que no es solo que las dictamine el Poder Judicial, sino que también es materializarla dentro de las condiciones materiales. No siempre se lograban esas metas”.
En ese marco, informó esta jornada se reunirá con la ministra de Defensa, Maya Fernández, para disponer de aviones FACH para materializar las expulsiones.
“Quiero quiero reiterar, nuestro gobierno va a expulsar a todas las personas que cumplan con las expulsiones judiciales, pero también va a realizar activamente las expulsiones administrativas, como también las reconducciones”, insistió.
Sin embargo, Siches aseguró que se han registrado dificultades para llevar a cabo las reconducciones, principalmente en Bolivia.
“Efectivamente con Bolivia tenemos un problema porque las reconducciones no están ocurriendo, entonces no es solo algo de voluntad política, sino que necesitamos condiciones bilaterales y para eso la canciller, Antonia Urrejola, ha estado trabajando en las reuniones con el Mercosur activamente”, sostuvo, pero precisó que las gestiones con el país vecino “requieren una tratativa especial”.
Finalmente, sobre la posibilidad de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en el norte, la jefa de gabinete aseguró que “la solución es más compleja que tomar un decreto, un estado de excepción o cualquiera de las otras medidas, porque requiere un trabajo bilateral”. (La Tercera)
