Anoche sintonicé Teletrece. Mejor no lo hubiera hecho. ¿Están ahí a cargo Andrónico Luksic, Cristián Bofill y Enrique Mujica para eso? La sarta de falsedades pro-izquierdistas sobre el “caso Quemados”, ilegalmente abierto por el ministro Carroza (que encabeza el “funeral de Estado” del derecho en Chile) tornan risibles las denuncias comunistas de que los medios de comunicación predominantes están en manos de “los poderosos de siempre”. ¡Si éstos dicen e informan lo que quieren ellos! La versión de Teletrece parecía dictada por la presidenta comunista del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, cuyo logro cumbre ha consistido en expulsar de dicho colegio al dueño del principal diario chileno.
La noticia era que el ministro Carroza había reabierto el “caso Quemados”. Hasta ahí lo único veraz de la información. El resto, falso. Pero, desde luego, Carroza legalmente no podía reabrir ese caso, porque ya fue conocido por los tribunales, juzgado y sentenciado a firme hace más de un cuarto de siglo. ¿Cómo el ministro puede pasar por sobre la cosa juzgada y la prescripción sin más, incumpliendo la norma expresa del código que le ordena poner término inmediato a un juicio cuando exista una causal de extinción de la responsabilidad penal, sobre todo si es una causal doble, como en este caso? Respuesta muy simple: lo puede hacer, porque en Chile no impera el estado de derecho y el delito de prevaricación (no aplicar las leyes) tiene carta de impunidad. Y por eso la cárcel donde están confinados los presos políticos (es decir, los encarcelados por jueces prevaricadores sin razones legales, sino políticas), que se llama Punta Peuco, está atiborrada.
Pues Teletrece dijo que Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana habían sido, el primero, “asesinado” y la segunda gravemente lesionada, mediante el fuego, por una patrulla militar, y luego abandonados. Pero un ministro integérrimo, apolítico y unánimemente respetado, don Alberto Echavarría Lorca, dictaminó hace casi treinta años (cuando el marxismo y sus compañeros de ruta todavía no dominaban la justicia), y en resolución de 23 de julio de 1986, lo siguiente: “a) Que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero”.
Los elementos incendiarios los portaban ambos subversivos. Tenían por objeto ser lanzados a los medios de locomoción, para aterrorizar a la población e impedirle ir a sus lugares de trabajo. Era todo parte de una asonada. Frecuentemente mujeres y niños resultaron quemados en esos atentados. Pero usted jamás habrá leído en la prensa la tragedia de alguno de ellos. Sería “políticamente incorrecto” publicarla. Pero el “drama” de un encapuchado que, blandiendo la bandera roja extremista, fue derribado por un chorro de agua policial y se aturdió en la caída, ha llenado las pantallas y acaparado los titulares, emocionando hasta las lágrimas a los chilenos. El policía que lanzó el agua ha sido, por supuesto, separado de la institución.
En todo caso, cuando Rojas y Quintana se estaban quemando, los militares los apagaron, que es todo lo contrario de lo que informó Teletrece anoche. Subidos al vehículo militar para ser llevados a un centro asistencial, donde iban a quedar detenidos, rogaron al capitán a cargo que los liberara. El oficial, sin percatarse de la gravedad de las quemaduras, accedió. Por ello la sentencia de término lo condenó por cuasidelito, es decir, negligencia culpable.
¿Qué tiene que ver lo anterior con la versión de la generalidad de los medios? Casi nada.
Entonces ahora, casi treinta años después, Carroza inicia otra telenovela. Obviamente, un miembro de la patrulla “recordó” algo, su memoria suficientemente estimulada. Y se rearma ilegalmente un nuevo proceso, que va a terminar con muchos millones más de nuevas indemnizaciones, jugosos honorarios para los abogados de izquierda y un festín propagandístico en denostación del supuesto culpable de todo, el de siempre, Augusto Pinochet. Y la verdad y el derecho resultarán, una vez más, crucificados.
Este es un país que, por hechos representativos del barrenamiento moral anteriormente descrito, está en vías de desintegración. Sintomáticamente, presenta contrastes impresionantes. Juzgue usted el que hay entre el henchido jefe comunista y diputado gracias a la DC, Guillermo Teillier y el caso de un general y caballero como Odlanier Mena (q.e.p.d.) Teillier se siente tan poderoso que últimamente ya amenaza a la administración: o ésta continúa adelante con su programa de reformas revolucionarias o el PC se retira del gobierno y, automáticamente, hace desaparecer a la Nueva Mayoría.
¿Quién es este revolucionario dotado de tan extraordinarios poderes? Desde luego, es un “oligarca” en el sentido más genuino del término, pues pertenece a una pequeña minoría de muy altos ingresos que gobierna al resto. Su dieta parlamentaria de ocho y medio millones de pesos, más todas las asignaciones, viáticos y compensaciones que cubren gastos que los contribuyentes comunes debemos financiar de nuestro peculio, y que sumadas a lo anterior llegan a cerca de veinte millones, más su pensión de “exonerado político”, fácilmente lo sitúan en el decil más alto de los ingresos del país, tal vez hasta cien veces los de un trabajador común. ¡Es uno de “los poderosos de siempre”! Pero está a salvo de la revolución que encabeza, y dirigida contra éstos, porque sus dineros son sacrosantos: provienen del Estado, el mismo que quiere apropiarse, a instancias del propio Teillier, de la mayor parte posible de la riqueza privada. Es que la suya es “pública”, y “políticamente correcta”.
No son los únicos privilegios que tiene: hace no mucho confesó paladinamente su autoría intelectual de un atentado terrorista que costó la vida a cinco uniformados, en 1986. Un abogado se querelló por el múltiple delito. ¿Y qué dijo la justicia de izquierda? En este caso dictaminó que los hechos estaban prescritos. ¡Por supuesto! Si se trata de Teillier y de crímenes de izquierda, rige la prescripción.
¿Cómo un individuo con semejantes poderes, prerrogativas y privilegios no va a aparecer henchido (de dinero, de orgullo, de impunidad) en las pantallas? ¿Cómo no se va a sentir con autoridad como para amenazar hasta a su propio gobierno?
¡Qué contraste con ese militar pundonoroso y honesto, Odlanier Mena! Preso por un delito que no cometió (“ésta es la justicia de los hombres”, le reconoció el juez de izquierda que lo sentenció). Al ser Mena trasladado por Sebastián Piñera, en una típica “pasada” suya para mejorar en las encuestas mediante el apoyo comunista, de una cárcel benigna al hacinado penal de Punta Peuco, desde donde no iba a poder conseguir el tratamiento que necesitaba para su dolencia de enfermo octogenario, puso fin a su vida con un pistoletazo. Sobre cada letrero de Piñera en su ya iniciada campaña presidencial se va a cernir la sombra de la figura de Odlanier Mena Salinas.
Todas las inmoralidades arriba reseñadas describen adecuadamente el momento actual del país, que se ha quedado sin verdad, porque la mentira impera; sin derecho, porque sus leyes ya nadie las respeta; y sin destino, porque no puede tenerlo una nación que está socavando todos y cada uno de los pilares que le dio el modelo de las libertades que le permitió, por un tiempo fugaz, avizorar un destino mejor.
