La historiadora Sofía Correa, doctorada en Oxford y docente en la U. de Chile, es una de las firmantes del Manifiesto Constitucional, en el que un grupo de académicos propone algunos principios esenciales para elaborar otra Constitución en caso de ganar el Rechazo el 4 de septiembre. “Pretender que se puede aprobar para reformar es ilusorio”, dice.
-¿Cómo surgió este Manifiesto Constitucional?
– El “Manifiesto Constitucional. Una Constitución Alternativa para Chile”, es una iniciativa de un grupo muy variado de personas vinculadas al mundo académico, que comparten su adhesión al Estado de Derecho y la Democracia, la cual se expresa en un conjunto de principios que proponen al país como fundamento para elaborar una nueva Constitución para Chile. Así queda claro en la introducción del documento que comentamos. De modo que no se trata de un referente, ni de un grupo reunido en torno a la acción política, y eso es muy importante que quede claro. De hecho, personalmente, con algunos de los firmantes no nos conocemos.
-¿Se inspiraron en el Grupo de los 24 que en 1978 planteó una alternativa a lo que sería la Constitución del 80?
-Efectivamente, el “Manifiesto Constitucional” declara su inspiración en el Grupo de los 24. Esta experiencia histórica reunió a un grupo de juristas que, comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho, abarcaba diversas tendencias políticas desde liberales a socialistas, quienes, a finales de la década de 1970, se abocaron a redactar una nueva Constitución, mientras el régimen militar avanzaba en su proyecto que “plebiscitó” en 1980.
-La propuesta suya dice al principio: “Chile es una nación intercultural organizada como un Estado regido por los valores fundamentales de dignidad, igualdad, libertad y solidaridad de las personas”. ¿La palabra dignidad es un guiño al estallido social? ¿Cuáles son las diferencias sustantivas frente a la definición que hace el borrador de la Convención?
-En primer lugar, es indispensable aclarar que no se trata de una propuesta mía, sino que de un manifiesto de un conjunto de personas, entre cuyos firmantes me encuentro.
La frase citada en la pregunta es el primero de los principios constitucionales fundamentales con que se inicia la propuesta, y contiene muchos elementos en los cuales es conveniente detenerse. En primer lugar declara que Chile es una nación; Chile no es una pluralidad de naciones asentadas en territorios autónomos; y reconoce el carácter intercultural de la nación. Esta nación, Chile, está organizada como un Estado, declara el Manifiesto, y en seguida define los valores que rigen este Estado-Nación que es Chile, que son, explícitamente se señala, valores fundamentales de las personas, a saber, dignidad, igualdad, libertad y solidaridad. Estos valores adscritos a las personas han tenido una vigencia centenaria, sino milenaria, en la conciencia de la humanidad. Mal podrían ser adjudicados al llamado “estallido social” de octubre de 2019 o a las deliberaciones de la Convención Constituyente.
-El artículo de 4 de la propuesta establece que “Chile es un Estado social de derecho, encargado de cubrir las prestaciones necesarias para el desarrollo pleno y digno de la persona y de su familia. En particular, empleo, salud, vivienda, educación y servicios básicos”. ¿Se acerca a la idea de un estado de bienestar?
-Afirmar que Chile es un Estado social de derecho, encargado de cubrir las prestaciones necesarias para el desarrollo pleno y digno de personas y familias, implica por cierto, dejar atrás la idea de Estado subsidiario que impregna la Constitución que nos rige actualmente. Personalmente, no me parece que sea un retorno al siglo XX, cuando en la postguerra prevaleció el ideal del Estado de bienestar, el cual hizo crisis entrando a la década de 1970. Estimo, personalmente, que lo que se está visualizando es una forma de Estado que responda a los desafíos de la tercera década del siglo XXI en la cual estamos inmersos, desafíos nuevos que requieren respuestas novedosas. Pienso que la certeza de tener que enfrentar nuevos desafíos es transversal a todos los sectores políticos, y por lo mismo, esta nueva forma de Estado podría concitar el consenso ciudadano al que aspira el Manifiesto que estamos comentando.
-¿Leíste el borrador final? ¿Piensas que no refleja la tradición constitucional de Chile?
-El texto de constitución que nos ha propuesto la Convención Constitucional tiene gravísimos problemas. A mi juicio, los más relevantes son:
1.- Destruye la nación que por más de dos siglos ha acogido a una enorme variedad de personas, y Chile pasa a estar conformado por once naciones indígenas, a las que se pertenece por raza (o “sangre” como consignaba el lienzo en el lanzamiento del libro de LLaitul), cada una asentada en un territorio propio (aún no delimitado) el cual goza de autonomía política, administrativa, financiera y jurisdiccional. El Estado de Chile las financiará.
2.- La forma de gobierno consagrado en la constitución que nos proponen, busca concentrar el poder en vez de distribuirlo y equilibrarlo. Por una parte, se entrega una potestad legislativa casi ilimitada a la mayoría simple que controle la Cámara, que será elegida con un sistema electoral aún desconocido. El Senado, desaparece, y es reemplazado por una institución débil, casi figurativa. A la vez se le entrega potestad legislativa al Ejecutivo, pues podrá gobernar mediante decretos en múltiples materias, si la Cámara le es adversa. Si la Cámara le es favorable, estaremos ante una dictadura con fachada legal, al estilo de las nuevas dictaduras de América Latina.
3.- Se politiza el Poder Judicial, se le controla, y además se le reduce a ser un mero “Sistema Judicial”, paralelo a los sistemas judiciales indígenas.
Por donde se le mire esta constitución, de ser aprobada, dará origen a demasiados conflictos y enfrentamientos sociales y políticos.
-¿Cuáles fueron los principales errores de este proceso constituyente?
-El error básico fue haber entregado el proceso constituyente a una Asamblea, la cual desde el momento mismo en que se instituyó ostentó su carácter vociferante, y su intransigencia frente a la diversidad de posturas. La potestad constituyente radica en el Congreso Nacional, donde está representada la ciudadanía en todos sus matices de pensamiento y sensibilidades. El Congreso Nacional tiene una más que centenaria experiencia en consultar expertos en las más diversas materias, para ilustrar sus decisiones, y esta centenaria experiencia facilita el diálogo necesario para lograr acuerdos y consensos. De modo que la redacción de una nueva Constitución debió haber quedado radicada en el Congreso Nacional. Es muy grave debilitar al Congreso, ha tenido funestas consecuencias en la historia política chilena.
-¿Qué lecciones pueden sacarse?
-Me parece que la Convención Constitucional nos permitió ver con claridad los excesos a que conduce la intolerancia y la manipulación política.
-El manifiesto dice que “un rechazo plebiscitario debiera abrir paso a otra etapa superior del proceso constituyente”. ¿De qué manera?
-La Convención Constitucional ha elaborado un texto que se plebiscitará el 4 de septiembre. Es legítimo y políticamente viable que dicho texto sea rechazado. Ello no generará ninguna inestabilidad institucional. Es posible que haya manifestaciones violentas, pero será responsabilidad del gobierno mantener el orden público. Es su deber. El rechazo del texto que elaboró la Convención Constitucional abrirá una nueva etapa en este ya largo proceso constituyente. El trabajo de la Convención quedará como insumo para ser discutido por quienes tomen la responsabilidad de elaborar una nueva constitución para Chile.
-Según la encuesta Black & White, el 53 % no cree que si gana el Rechazo va a cambiar la constitución. ¿Crees que es mejor rechazar para reformar que aprobar para reformar? ¿Por qué?
-Como dice el Manifiesto que estamos comentando, el rechazo en el plebiscito da paso a una nueva etapa del proceso constituyente. Ello no sólo es deseable, sino que es inminente. La Constitución que nos rige está muerta desde que se firmó el acuerdo para redactar otra por medio de una convención. Además, estamos viviendo un nuevo ciclo histórico a nivel mundial, marcado por la pandemia del Covid, por el cambio climático y el desastre ecológico, por las demandas de igualdad -étnicas y feministas entre otras que vendrán-, por la intensidad de la globalización, por el imperio de las redes sociales ante los medios de comunicación y frente a los modos de hacer política, entre muchos otros factores que marcan un cambio profundo de época histórica. Los desafíos de esta tercera década del siglo XXI exigen novedosas respuestas políticas e institucionales que se plasmarán en una nueva constitución. No se puede visualizar otro escenario.
En cambio, pretender que se puede aprobar para reformar es ilusorio. Porque el núcleo constitutivo de este texto constitucional es la plurinacionalidad con pluriterritorialidad (once naciones indígenas, a las que se pertenece por etnia, raza o sangre, en territorios bajo su control), lo que traerá consigo una espiral de violencia que no sabemos dónde terminará. Esta dimensión esencial de la constitución propuesta no podrá ser reformada, porque es consustancial al nuevo texto, y por eso, como cerrojo, su reforma requerirá la aprobación de estas mismas naciones indígenas. Si se piensa en reformas a la carta propuesta, éstas serán en aspectos nimios, en ningún caso en aspectos esenciales, como lo es, también, la forma de gobierno, la cual tal como fue diseñada conducirá en breve a una dictadura con fachada legal, como ha sido el caso en otros países latinoamericanos.
-¿Cuál es tu conclusión personal? ¿Vas a votar rechazo?
-Desde 2015 he publicado artículos académicos en los cuales he abogado por un cambio constitucional desde el Congreso Nacional, y a la vez he rechazado con múltiples argumentos la idea de Asamblea Constituyente (AC) que se fue instalando en pequeños núcleos político-académicos. Visto desde hoy, pienso que tuve razón. Luego, en el plebiscito para iniciar el proceso constituyente, no se presentó la alternativa de redactar una nueva constitución desde el Congreso Nacional, sino que sólo se preguntó si queríamos que una Convención lo hiciera. A la vez, las dirigencias políticas se comprometieron a que ésta se elegiría con el mismo sistema electoral que rige para las elecciones de diputados, lo que daba una cierta tranquilidad.
No obstante, como se ha hecho notar por destacados abogados, el sistema para la elección de los constituyentes fue cambiado después del plebiscito, y con la nueva fórmula los partidos quedaron prácticamente fuera de la Convención, a diferencia de lo ocurrido en la reciente elección parlamentaria, donde salieron fortalecidos. Se configuró de este modo, de hecho, una Asamblea Constituyente, donde primaron las figuras más intransigentes, y los estilos más agresivos y vociferantes. La mentira de Rojas Vade se transformó por lo mismo en símbolo de la Convención Constitucional, y no en una anomalía. Luego vinieron las conclusiones de las comisiones, algunas de una irracionalidad tremenda. No me resulta sorprendente, por tanto, el texto final que surgió de este proceso: una constitución que liquida la nación chilena y que otorga los instrumentos legales para implantar una dictadura con ropajes de legalidad. Por cierto, votaré Rechazo. (Ex Ante)
