La política y sus instituciones viven una crisis de confianza de la ciudadanía derivada de la obscura relación entre el dinero empresarial y el financiamiento de la política, de violaciones a la ley que regula los gastos de campañas electorales, de tráfico de influencia, soborno y cohecho que investiga el Ministerio Público, y que han derivado en una pérdida de credibilidad que golpea al conjunto de la elite política del país.
Ello se agrava porque, frente a hechos evidentes, los actores políticos involucrados se defienden faltando a la verdad e ignorando completamente que en una sociedad de la información, como la de hoy, los niveles de transparencia exigidos para quien ejerce una función pública son infinitamente mayores que en el pasado. Hay una profunda incomprensión, de que la existencia de las redes sociales ha dotado a la ciudadanía no solo de un caudal enorme de información sino además de la capacidad de contestar, poner en duda y rechazar la opinión de las autoridades. Ello obliga a los políticos a vivir en una “casa de vidrio” donde nada es ocultable y a dotarse de un conjunto de valores éticos sólidos que exalten la función de la representación popular.
La verdad es como el sol, se puede ocultar por un tiempo pero no desaparece. Platón afirmaba que lo verdadero es el discurso que dice las cosas como son. Gramsci decía que la verdad debe ser siempre respetada, independientemente de las consecuencias que pueda traer y, agregaba, haciendo suya una máxima de Rolland Romain, que la verdad es siempre revolucionaria, indicando con ello el carácter liberador de esta.
Frente a los escándalos conocidos se ha ocultado la verdad y ello ha agravado las faltas o delitos cometidos, ha generalizado, a toda la clase política, los efectos de la crisis y ha aumentado la desafección de la población hacia los partidos, el Parlamento y el propio Gobierno.
El impacto de las irregularidades cometidas por parlamentarios y partidos de la derecha son graves, pero sorprenden menos a la población que sabe que siempre ha habido un vínculo estructural de los grandes holdings económicos y financieros con el financiamiento legal e ilegal de campañas políticas, especialmente de la UDI, y también sabe que la probidad no es el fuerte de los atributos del ex Presidente Piñera.
Esto golpea más al Gobierno y a la centroizquierda porque la población exige a este sector un mayor estándar ético.
En el caso Caval, la lectura superficial de los hechos y el pésimo manejo político y comunicacional que de él se hizo ante la opinión pública por parte de las autoridades más cercanas a la Presidenta, ha dañado profundamente su credibilidad y su apoyo desde la ciudadanía. Esto, porque su propio liderazgo, uno de los mayores de la historia republicana de Chile, ha sido construido sobre la base de su indiscutible fortaleza ética, su desapego de la búsqueda del poder, su integridad como persona, su historia y su particular talento político, y ello se pone en cuestión cuando, frente a los negocios de su hijo y de su nuera, se intenta hacer creer que eran transacciones entre privados sin consecuencias públicas y no se adoptan, con transparencia, las medidas que los hechos ameritan.
Aconsejar a la Presidenta a que, por mantener una imagen de normalidad, no regresara de inmediato de sus vacaciones, no fuera ella quien pidiera la renuncia de su hijo y no condenara abierta y oportunamente un negocio claramente turbio, demuestra que quienes formularon estas sugerencias estaban desconectados del clima que se vive en la sociedad, carecían de experiencia política para enfrentar situaciones complejas.
Los hechos se agravan con el descubrimiento de que la empresa de Giorgio Martelli recolectó fondos y financió a un grupo de personas en un período en que aún Michelle Bachelet no tomaba la decisión de ser candidata y se hallaba cumpliendo sus responsabilidades en la ONU. Es probable que a algunos se les haya pagado por trabajos realizados para preparar insumos programáticos, como se explica, y que a otros simplemente se les haya financiado para que se dedicaran políticamente a preparar las condiciones de una eventual candidatura.
Ambas cosas son legítimas y sintonizaban con la expectativa de una buena parte de la población y del mundo político de izquierda, que quería que Bachelet regresara y fuera la candidata presidencial. Sin embargo, si esta recaudación no fue autorizada por Bachelet, como ella y sus actuales ministros lo han señalado, y los dirigentes de los partidos que apoyaban en ese momento la idea de esta candidatura, el PS y el PPD, no estaban al tanto de estos fondos y de este trabajo previo, ¿quién tomó esta decisión y a nombre de quién se pidieron los recursos?, ¿quién empoderó a un grupo para que realizara este trabajo completamente al margen de los partidos y de sus instancias dirigentes?
Son explicaciones pendientes ante los chilenos, ya que las aclaraciones entregadas por semanas por el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo no resultaron creíbles para la población y, debilitado, tuvo que dejar su cargo en el reciente cambio de gabinete.
La crítica política no puede, sin embargo, llevar a transformar a Rodrigo Peñailillo en un chivo expiatorio. Peñailillo tiene el mérito de haber dirigido una larga y exitosa campaña que sorteó con gran éxito una primaria, unió a todas las fuerzas de la Nueva Mayoría y llevó a Bachelet a la Presidencia con el más alto porcentaje de votos obtenido por un candidato presidencial en la historia de Chile. Como Ministro del Interior, su nombre está asociado a importantes reformas que amplían nuestra democracia y durante un año lideró con acierto el gabinete de la Presidenta Bachelet. Personalmente, además, creo en su honestidad y probidad personal y lo considero un dirigente con talento y proyección política.
Sin embargo, se han cometido errores graves y diversos en la conducción de esta crisis y hay una evidente falta de transparencia en cómo se han abordado globalmente los acontecimientos, lo cual ha desplazado a un segundo plano, en los medios, las redes sociales y en la atención de la opinión pública, la agenda transformadora que lleva adelante el Gobierno.
Igualmente ha sido un error sostener, frente a críticas planteadas por dirigentes de la Nueva Mayoría, que detrás de ellas había gente que no estaba por los cambios o instalar la idea de un quiebre generacional, a partir del cual diversos líderes de la Concertación fueron estigmatizados como opuestos a las transformaciones estructurales o las exclusiones que se produjeron durante la campaña Presidencial, y el trato que resienten críticamente los partidos políticos, son parte de un enfoque político equivocado y arrogante, que creó una división artificial en la centroizquierda, que siempre ha tenido en su seno diversas visiones y almas.
De los hechos judiciales se ocupan los tribunales, pero hay una responsabilidad política que asumir frente al país y yo estoy seguro de que Rodrigo Peñailillo lo hará de manera autocrítica y convincente. También el Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría deben dar una explicación de fondo a los chilenos.
Aquí está en juego no solo el éxito de las trascendentes reformas que lleva adelante la Presidenta Bachelet, sino el futuro de la centroizquierda, su idealidad y su ética pública. Solo se sale de esta crisis de credibilidad hablando con la verdad, legislando ahora para crear un muro entre los negocios y la política y aplicando sanciones que impidan que se vuelvan a cometer las faltas y delitos actuales. Solo si demostramos que aprovechamos la crisis para crear una política más transparente, si establecemos un código de rechazo frontal a cualquier forma de corrupción en política, podremos reconectarnos con una ciudadanía desafecta y descreída y retomar el control de la agenda de reformas que son la razón y el sentido por los cuales Michelle Bachelet es Presidenta de Chile.
Fuente: Edición Original El Mostrador
