Este domingo, Suiza se ha convertido en el primer país del mundo en votar en referéndum sobre la renta básica, es decir, unos ingresos mínimos a cada suizo como un derecho por tener la nacionalidad. En concreto, la propuesta sobre la renta básica suiza, se centraba asignar, de manera mensual, 2.500 francos suizos (2.260 euros) por adulto y 625 francos suizos (570 euros), por cada menor de 18 años.
Entre los cálculos de los estudios para la financiación de la renta básica suiza, se hubiera necesitado 200 mil millones de francos suizos, es decir 167.000 millones de euros al año (unos US$ 200 mil millones), lo que supone un tercio del Producto Interior Bruto de Suiza, bajo el aumento de la presión fiscal.
El resultado del referéndum suizo ha sido un rechazo del 76,9% de los votantes a la propuesta que no estaba apoyada ni por el gobierno ni por casi ningún partido político suizo.
Hay que destacar que Suiza se encuentra entre los diez países que mejor puntuación han obtenido en los informes PISA, el país ha destacado históricamente por su amplia cultura financiera lo que le ha permitido uno de los desarrollos económicos más importantes en el mundo. De hecho en el año 2014, la renta per capita de Suiza fue de 85.616,6 dólares, una de las rentas más altas del mundo.
RENTA BÁSICA Y MERCADO
El concepto de renta básica universal fue introducido por el filósofo americano Thomas Paine en el escrito «Justicis Agraria» en 1797. El argumento principal era que la producción de un país pertenece a sus ciudadanos, por lo que cada uno de ellos deberían ostentar un derecho sobre la renta nacional.
No obstante la cuestión principal es la viabilidad de su aplicación. En una economía de mercado, las preferencias del consumidor y los diferentes modelos productivos no son constantes en el tiempo sino que evolucionan, por lo que la producción no es una variable dada e inmutable.
En una economía de mercado los empresarios y trabajadores están enfocados a producir aquellos bienes y servicios que la sociedad está demandando, adaptándose a los cambios, por lo que finalmente están cooperando con el resto de la sociedad, a través de la división del trabajo.
La renta básica no obstaculiza que la gente quiera trabajar. Sin embargo, impide esa cooperación social ya que quién recibe esa renta no tienen por qué estar produciendo productos que estén destinados, de manera finalista, a satisfacer una demanda de consumo de la sociedad. Al ostentar un derecho a una renta, su actividad productiva será lúdica y entretenida a SUS intereses personales, no a los intereses de la sociedad de consumo, por lo que se produce cosas que no quiere nadie.
Por ejemplo, muchos podríamos tener la afición emplear nuestro tiempo a comentar con los amigos, la situación del fútbol, lo que puede entenderse como un trabajo ya que se están produciendo unos contenidos. ¿Significa eso que una sociedad de consumo quiere consumir los contenidos futbolísticos de opinión de millones de personas?
El problema surge cuando esos servicios en los que nos hemos recreado, queremos ir al mercado e intercambiarlos por productos que nos satisfacen a nosotros mismos. Este es el punto en el que se rompe la economía de mercado ya que no hay una contrapartida adaptada a nuestras preferencias, por lo que finalmente la renta básica no es aplicable al no garantizar la producción ni el desarrollo social en el largo plazo.
En España, los partidos políticos mayoritarios que incorporan algún tipo de derecho a la percepción de una renta son Podemos, PSOE y Ciudadanos. El partido político que más se acerca al concepto de renta básica es Podemos, que el punto 101 de su programa desarrolla lo que denominan como Renta Garantizada. Esto supone un diferencial (complementario de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria. La cuantía inicial se establecería en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentaría progresivamente en función del número de miembros.
Por su parte el PSOE, menciona el Ingreso Mínimo Vital. Una prestación dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad, sea cual sea la causa. Para su reconocimiento, la Seguridad Social contaría con la colaboración de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas.
Ciudadanos incluyen en su programa el Complemento Salarial Anual Garantizado. Esta medida afectaría a la renta salarial, por lo que tendrían derecho a percibirlo aquellos que con su renta salarial no alcancen una cuantía mínima anual.
El problema de todos los puntos económicos descritos por los partidos, son los incentivos perversos que pueden generar aumento del fraude, la externalización al contribuyente los costes salariales o la falta de discriminación de la renta por características patrimoniales.
Por ejemplo, podríamos declarar unos ingresos paupérrimos para beneficiarnos de algún tipo de ayudas y el resto de ingresos mediante fraude o un «pacto salarial a la baja». Con ello, nos incluiríamos dentro de los criterios de las propuestas económicas, y nos podríamos beneficiar de este tipo de ayudas con cargo al contribuyente.
Es por ello, que el análisis efectivo de la situación real de pobreza debería ser uno de los pilares básicos para introducir una renta mínima, en aquellos casos en los que exista verdaderamente una situación real de pobreza extrema.
Dentro del análisis sobre quién tendría derecho a la renta, se echa en falta algún tipo de discriminación como aquella de carácter patrimonial para detectar la verdadera necesidad. Lógicamente no es lo mismo una persona con un patrimonio que no consigue generar renta, que alguien con patrimonio nulo (que ha perdido sus propiedades) y carece de los ingresos para satisfacer sus necesidades de consumo mínimas para la subsistencia. (Blog Salmón)
