Los principales conflictos en Chile nacen de la matriz portaliana que pervive en el modelo caótico en que nos tiene el presidencialismo centralista y homogeneizador: el conflicto mapuche sin empoderamiento de una Región plurinacional que en su asamblea busque pacto social y asegure potestades al pueblo/nación indígena y haga un modelo de desarrollo que supere la dependencia forestal; las dificultades de movilidad y transporte sin poder regional-municipal que se juegue la vida por hacer los sistemas adecuados y sustentables en lo financiero; los conflictos socioambientales por falta de poder regional en los “commons”, como el agua, y temores para que los planes de ordenamiento territorial (PROTs) sean vinculantes y debatidos entre los actores públicos, privados y sociales; la rabia del norte y sur por problemas ambientales y falta de médicos en un contexto en que no tienen coparticipación de la renta minera y de recursos naturales. A lo anterior, se suma el exacerbado centralismo que ahoga al sistema político en su mirar La Moneda como el botín de todo poder.
El Senado ha dado un paso para elegir los gobernadores regionales, pero muchos quieren postergar por miedo a perder poder. El Gobierno debe mantener las urgencias y mejorar con servicios claves y plazos el proceso de traspaso de competencias. La Presidenta Bachelet puede hacer la mayor reforma política en un siglo y el mayor cambio socioeconómico en favor de regiones que dinamizarían su economía con megaproyectos que esperan y con mayor cohesión social.
Chile es el país más centralizado de la OCDE junto a Turquía, lo que limita la sana distribución del poder y balance institucional en una democracia, así como contribuir a una de las tres desigualdades estructurales y persistentes en el país: socioeconómicas, de género y territoriales.
La reforma que busca la elección de autoridades por votación directa en las regiones del país es cuestionada por la derecha piñerista y segmentos de la Nueva Mayoría, que no quieren aceptar que una descentralización efectiva es una de las mayores soluciones a los problemas institucionales que tiene Chile hoy. Descentralizar significa entregar, traspasar y distribuir poder desde el centro a las regiones, después de 50 años, que comenzó en los 60 con corporaciones de desarrollo en Arica y Magallanes, polos industriales y la ley del 5% del cobre para un fondo de desarrollo de las provincias mineras. La dictadura borró el desarrollismo regional, creó el FNDR y luego la Concertación inició un proceso gradual de “pilotaje descentralizadores” largo, sin aún elegir al gobernador, ni tener ley de rentas ni mayores potestades.
El mito del Estado central falla y mucha estatalidad es omitida en las regiones que claman por planes integrados de transporte, gobernanza metropolitana, desarrollo rural, planes ambientales, saltos mayores en infraestructura con cooperación pública-privada, incluyendo conectividad interregional e internacional. No hay autonomía para pactar soluciones a quiebres sociales y los conflictos territoriales siguen aumentando en el modelo político centralizado que no permite la corresponsabilidad y la búsqueda asociativa de soluciones desde los territorios.
Lo único que puede dinamizar este proceso es la elección de una autoridad representativa y legitimada democráticamente vía elección popular. Siempre habrá “buenas razones” para no hacerlo de parte de quienes no creen que esto sirva, o de quienes no quieren que suceda por cálculos menores o de quienes simplemente le temen a la democracia.
El mito del Estado central falla y mucha estatalidad es omitida en las regiones que claman por planes integrados de transporte, gobernanza metropolitana, desarrollo rural, planes ambientales, saltos mayores en infraestructura con cooperación pública-privada, incluyendo conectividad interregional e internacional. No hay autonomía para pactar soluciones a quiebres sociales y los conflictos territoriales siguen aumentando en el modelo político centralizado que no permite la corresponsabilidad y la búsqueda asociativa de soluciones desde los territorios.
Se ha dicho también que falta mirar experiencias internacionales. La verdad es que se han mirado todas y se ha optado por el modelo más realista para nosotros que es el aplicado en Francia, otrora país más centralista del mundo, pero que 30 años atrás su Presidente Mitterand fue lo suficientemente visionario como para iniciar desde el centro una reforma descentralizadora que fue vital para el país de esa época. Es lo que se llama proceso dual incremental en que crece el gobierno regional sin hacer duplicidades, pero se mantiene la coordinación con la delegación central y sus agencias, servicios y seremis.Queremos responder algunos de los cuestionamientos. Se ha dicho que este proyecto carece de estudios serios. La verdad es que no solo existió recientemente un consejo presidencial muy transversal que hizo un trabajo serio y riguroso sino que este está precedido por más de 20 años en que se han realizado múltiples estudios en las universidades regionales del país, decenas de publicaciones extensas y acabadas, también cientos de encuentros y diálogos regionales, entre ellos, la significativa Cumbre de la Regiones el año 98, además de las cuatro últimas elecciones presidenciales, en que los candidatos se han comprometido explícita, formal y públicamente a realizar esta modificación. Llama la atención esta ignorancia que quizás puede explicarse debido a la raigambre más santiaguina de estos críticos y que el proceso descrito se ha vivido más en las provincias y regiones de Chile.
El proyecto del Gobierno acierta en crear las áreas de industria, transporte y social que complementan la tarea de 40 años de las regiones en inversión mediana para el desarrollo. Lo importante en esto es evitar lo de Pinochet, que tenía “metas y no plazos”, diciendo los bienios en que se traspasarán los servicios y programas al sistema regional para que los centralistas encubiertos no boicoteen el proceso, y a su vez se evite la burocratización innecesaria. Hay que rescatar, por ejemplo, también que el proyecto de ley hace responsable de las áreas metropolitanas a los gobernadores elegidos, evitando con eso la hiperinstitucionalización. Las buenas reformas son concentradas y pragmáticas, haciendo transformaciones aunque toque intereses grupales y corporativos.
Algunos dicen que no tiene sentido elegir esta autoridad regional sin suficientes competencias y recursos. Llevamos casi 30 años en que efectivamente esto ha estado sucediendo, no se traspasa más competencias y más recursos a las regiones. Tenemos la convicción que solo la existencia de regiones empoderadas con autoridades propias que se sientan capaces e interesadas en empujar las transferencias de poder y recursos será lo único que permita que ello suceda. Nada pasará si no se da ese paso. Y por ello es valioso que el proyecto considere un proceso gradual de transferencias de competencias y recursos.
El Gobernador Regional tendrá no solo que defender los intereses de sus habitantes ante el nivel central como algunos lo han planteado, sino que también será quien lidere el desarrollo territorial de su región.
No es justo castigar a un Presidente de la República por el desperfecto en una línea de metro, las respuestas a una inundación o la falta de inversión social en comunas rezagadas. Todo ello debe ser responsabilidad de los gobernadores electos, así como la competitividad de sus territorios. Imaginamos a los gobernadores haciéndose cargo de crear asociación público-privada para el desarrollo y diálogo social para los grandes problemas que enfrentan: el transporte y la contaminación en Santiago o Rancagua; la falta de la salida política en La Araucanía; los desafíos de dinamización productiva en el Biobío; o la pobreza dura en la costa del Maule, por ejemplos.
Es la hora de la verdad en la Cámara que debatirá la elección del gobernador. La nutrida bancada regionalista debe ganar aunque otros pongan los peros de siempre y la amenaza del tiempo. En el Senado se debe aprobar ahora el traspaso de competencias y los conservadores, que hicieron gárgaras pidiendo más potestades antes de elegir al Gobernador regional, tienen ahora la responsabilidad de decir qué otras competencias exclusivas están dispuestos a pedir al Gobierno Central, y sus candidatos presidenciales, para no defraudar a las regiones. (El Mostrador)
Victor Barrueto/Esteban Valenzuela
