Un total de 51 colegios han perdido el reconocimiento oficial desde la creación de la Superintendencia de Educación Escolar. La medida ha afectado a miles de alumnos desde el año 2012, los cuales han sido reubicados en otros establecimientos educacionales.
El Reconocimiento Oficial (RO) es la certificación que otorga el Estado a todos los recintos del país y que les concede la validación de los cursos y promoción de los alumnos de parte del Ministerio de Educación. La revocación de la certificación es una de las sanciones más graves e implica que los estudios que imparte el colegio no serán reconocidos por el Mineduc, por lo que el recinto dejará de recibir la subvención estatal.
Con todo, la medida no implica el cese de funcionamiento, ya que “en nuestro país hay libertad de enseñanza, pero esos alumnos -para que sus estudios sean reconocidos- van a tener que validarlos a través de exámenes libres. De ahí la importancia de que los padres y apoderados consulten si la escuela en que van a matricular a sus hijos cuenta o no con reconocimiento”, explicó el superintendente Alexis Ramírez.
La sanción es “producto de incumplimientos normativos de carácter grave y reiterados, entre los que figuran problemas de infraestructura, deficiencias en higiene y salubridad, adulteración o falta de registro de asistencia, no pago de remuneraciones, entre otras causales”, precisó la autoridad.
La cifra total de colegios subvencionados (50) preocupa a algunos sostenedores. Sin embargo, el economista y experto en educación de la U. Diego Portales Felipe Salazar señaló que las cifras “siguen la trayectoria que tenía el sistema desde los 90, no es un número que se aleje de la tendencia”.
Una opinión que comparte su par José Joaquín Brunner: el número de infracciones es “lo que se esperaba. A medida que hay mayor supervisión y control, y la superintendencia entrase en régimen, por necesidad habrá un número de colegios sancionados. Lo importante es que las reglas sean claras”.
MAS SUBVENCIONADOS
Del total de colegios a los que se aplicó esta medida, 50 son subvencionados y sólo uno es municipal (ver infografía). Una realidad que preocupa a la Corporación de Colegios Particulares (Conacep). Según el secretario general de la instancia, Rodrigo Ketterer, la explicación recae en que “cuando a un privado le falta asistencia o matrícula se vienen los problemas financieros; cuando le pasa esto a un colegio municipal, es el municipio el que suple esa falta de recursos, y en el caso del subvencionado no hay nadie”. La explicación es compartida por Salazar, quien manifestó que “tiene que ver con la cuota de capacidad administrativa del sostenedor privado, que puede verse más frágil ante una mala capacidad de administración y no así en los municipales por el aparataje que tienen detrás”
Sin embargo, para Brunner que los subvencionados representen la cifra gruesa de sanciones no es sorprendente. “Es bien sabido que hay un pequeño porcentaje de organizaciones del sector subvencionado que son muy débiles y es positivo que se cierren”.
El experto añadió que “hay de seguro algunos colegios municipales de similar debilidad, pero el Estado cubre sus deudas y les da apoyo cuando están moribundos, o bien los fusiona con otros”.
AÑO 2014
El año pasado y tras varias fiscalizaciones a lo largo del país, la superintendencia revocó el reconocimiento oficial a 13 colegios a nivel nacional (ver listado entregado por la Superintendencia de Educación Escolar).
De ellos, tres recintos, por ejemplo, fueron sancionados por incumplimiento de las obligaciones remuneracionales y previsionales de manera reiterada. Se trata de la Escuela Especial Tecnológica Las Palmas, Colegio de Párvulos San Benito y The Integrity College.
Del total de la lista registrada el 2014, seis revocaciones se registraron en la Región Metropolitana y cuatro en Valparaíso, por ejemplo. Entre 2013 y 2014, además, se registró -según la superintendencia- una baja de este tipo de sanción que representa una caída de 20,9% respecto del 2013, cuando 22 colegios fueron afectados.
Para el superintendente Ramírez, la reducción de sanciones significa que “los establecimientos están haciendo un esfuerzo por cumplir con la normativa escolar y garantizar las condiciones básicas para la entrega de una educación de calidad”.
Una realidad que podría cambiar con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión próxima a ser promulgada y que refuerza la labor fiscalizadora del organismo, según Ketterer.
“Con la nueva normativa, muchos colegios deberán destinar recursos desde la función pedagógica hacia la administrativa, porque actualmente es pesada la carga de la superintendencia y con la nueva norma se solicitará información con un nivel de detalle que ni siquiera los organismos fiscalizadores tienen la capacidad de procesar y analizar. En esa lógica van a aumentar las infracciones y con ello la pérdida de reconocimiento”, dijo Ketterer.
Una situación que descartó Brunner, quien aclaró que después de la entrada en vigencia de la nueva ley “se llegará pronto a una cierta normalidad y será siempre un número reducido de colegios (los afectados). En general, hay un movimiento permanente de colegios que se cierran, más allá de la acción de la superintendencia. Esto puede ser por motivos demográficos, de cambios en la demanda, razones económicas, entre otras”.
