La Corte Suprema ratificó este jueves la condena en contra de 31 exagentes de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990) como autores, coautores y cómplices del crimen de Reinalda Pereira, embarazada de cinco meses al momento de su secuestro y quien a la fecha se encuentra en calidad de detenida desaparecida.
Según estableció el máximo tribunal, la mujer, tecnóloga médica de profesión, trabajaba asilando personas buscadas por los organismos de seguridad y se desempeñaba como enlace al interior de la estructura clandestina del Partido Comunista, sometido a una política de exterminio durante el régimen dictatorial.
El fallo de la Corte determinó que, a sus 29 años de edad, Pereira fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) cerca de las 20:30 horas del 15 de diciembre de 1976, mientras esperaba locomoción colectiva en una esquina de la actual comuna capitalina de Macul.
Tras ser aprehendida violentamente en la vía pública, la víctima fue trasladada al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otros privados de libertad que, a su vez, «habían sido detenidos por las mismas brigadas bajo la política operativa entre el 13 y 15 de diciembre de 1976″, detalla la sentencia.
En el lugar de reclusión, señala la investigación judicial, Reinalda Pereira «fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero».
«FALLO DE ENORME IMPORTANCIA»
«Se trata de una sentencia moderna basada en el derecho internacional que rechaza amnistía, prescripción y media prescripción. Se trata de un fallo de enorme importancia por la cantidad de condenados a penas de presidio efectivo», señaló el abogado querellante Nelson Caucoto.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos. (Cooperativa)
