La crisis sanitaria, social y económica que vive nuestro país y el mundo, a raíz de la pandemia, nos ha puesto a todos en escenarios inesperados y de mucha incertidumbre. En este contexto, las instituciones de educación superior de la Red G9 estamos trabajando colaborativamente con las autoridades de salud y de ciencia y tecnología para frenar el avance del covid-19. Asimismo, es nuestra preocupación resguardar al máximo la formación académica y de calidad que entregamos a nuestros estudiantes.
Los planteles que conforman el G9, que se caracterizan por su rol público, tienen, y han tenido históricamente, considerados mecanismos de apoyo a sus estudiantes, y en el estado de emergencia actual se han entregado múltiples sistemas de ayuda, becas de conectividad y préstamos de computadores, entre otros. Además, estamos atendiendo caso a caso las dificultades económicas que afectan a nuestros estudiantes que, como consecuencia de la crisis económica asociada a la pandemia, vieron disminuido fuertemente el ingreso de su grupo familiar. Consideramos que estas medidas particulares son una solución efectiva para cada estudiante.
Por lo tanto, frente a la propuesta de algunos parlamentarios de suspender el cobro de aranceles, una medida general que revela, además, un desconocimiento en el funcionamiento de nuestras instituciones, manifestamos nuestra profunda preocupación. De aprobarse este proyecto de ley, las universidades del G9 se verán gravemente afectadas en su gestión institucional, poniendo en riesgo el desarrollo de sus proyectos académicos y de investigación, incluso la continuidad de sus trabajadores y, por consiguiente, la propuesta educativa y la calidad de las mismas.
Es relevante que las autoridades parlamentarias y de Gobierno consideren, además, el panorama completo. Las dificultades financieras que han debido enfrentar nuestras universidades desde que entró en vigencia la Ley de Educación Superior, en especial por el diseño de la gratuidad, se han agudizado con el estallido social y la llegada del covid-19 a Chile. Una opción que presentaba la Ley de Presupuesto 2020 era la posibilidad de utilizar el 30% de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) para cubrir las brechas que la gratuidad ha generado. Sin embargo, el reglamento propuesto por el Ministerio de Educación, respecto de este tema, limita el uso de estos fondos al restringir el uso de los excedentes anteriores a 2019, situación que no permite hacer efectivo el uso del FSCU a un número importante de nuestras instituciones. (El Mercurio Cartas)
Diego Durán J.
Christian Schmitz V.
Aliro Bórquez R.
Ignacio Sánchez D.
Carlos Saavedra R.
Claudio Elórtegui R.
Darcy Fuenzalida O.
Óscar Galindo V.
Jorge Tabilo Á.
Rectores de las universidades pertenecientes al G9
