Somos muchos quienes que luchamos largo tiempo para recuperar la democracia que una vez perdimos. Jamás pensamos que, a solo treinta años de haber conseguido lo que entonces parecía un sueño, estemos inmersos en una crisis que afecta los cimientos mismos de nuestra convivencia democrática. Pero tal como entonces, no vamos a permanecer pasivos ni nos dejaremos aplastar por quienes desprecian las armas de la política y están embriagados por la violencia y la destrucción.
El 15 de noviembre del año pasado, la casi totalidad de las fuerzas políticas con representación en el Congreso llegaron a un acuerdo para llevar adelante un proceso político por vías pacíficas. Es necesario mantener esa lógica e insistir en ese esfuerzo. En ese contexto, un grupo de ciudadanos y ciudadanas hemos llamado a un acuerdo nacional que ha recibido la adhesión de 550 personas con responsabilidades públicas, y el número sigue creciendo.
Pensamos que el acuerdo que necesita Chile debe abarcar tres aspectos. En primer lugar, es necesario poner en marcha un programa social relevante, para abordar carencias que se dan en nuestro país. Basta pensar en la vejez en situación de pobreza, o en realidades como las enfermedades graves, la cesantía o la angustia por deudas obligadas. Requerimos un plan de equidad, que contemple medidas a corto, mediano y largo plazo, que se ejecute con gradualidad y esté en consonancia con los recursos del país, que se han visto gravemente afectados por la violencia de quienes han abandonado las reglas de la democracia. Sería iluso pensar que todos esos graves problemas pueden ser resueltos de inmediato, y por eso rechazamos el fácil camino de la demagogia, que siempre termina mal. En esto hemos querido ser especialmente claros.
El acuerdo considera imprescindible poner en un lugar relevante la paz social y el orden público: la violencia que sufrimos pone en riesgo el proceso constituyente y la convivencia misma entre los chilenos. Debemos condenar y aislar a los violentos. Es necesario distinguirlos de quienes protestan dentro del marco de la ley, que es algo perfectamente legítimo en una democracia.
Adicionalmente, el Estado debe dotar de directrices, formación, procedimientos, instrumentos y recursos a las fuerzas de orden. Porque el orden público, que es condición necesaria para la vida democrática, nunca puede ser confundido con la represión incontrolada.
Finalmente, insistimos en la necesidad de recuperar el crecimiento de la economía. Si queremos abordar las legítimas demandas sociales, necesitamos que exista inversión, que las personas tengan confianza para emprender y crear fuentes de trabajo.
Como se ve, los tres aspectos del documento están estrechamente conectados. No es casual que personas muy distintas hayan propuesto un acuerdo nacional sobre estas bases. No es una simple idea de ellos, sino una necesidad de Chile. (La Tercera)
Soledad Alvear
