Creo, quiero creer, que deseamos lo mejor para nuestro país y que todos sabemos que una Constitución adecuada a los tiempos puede ayudar a ello. Quiero creer también que todos sabemos que la Constitución no resuelve los problemas, sino que sólo se hace cargo del grado de desarrollo social, político y económico que ha alcanzado el país para establecer un marco a las layes y normas que habrán de regular nuestra vida social en el contexto de ese grado de desarrollo. Quiero creer, además, que cuando la ciudadanía se manifestó tan abrumadoramente por una nueva Constitución en el plebiscito de 2020 (78,28%), lo hizo porque existía y existe consciencia de la necesidad de poner al día ese marco que regula nuestras relaciones y establece nuestros derechos y deberes como individuos y como sociedad.
Y al creer en todo eso, estoy creyendo en realidad que todos estamos de acuerdo sobre los fines; que todos deseamos con pasión y desinterés lo mejor para nuestro país y para todas y todos quienes vivimos en él, aunque tengamos opiniones distintas sobre los medios. Unas opiniones sobre las que corresponderá a esa misma ciudadanía para la cual se busca una nueva Constitución, pronunciarse el próximo 17 de diciembre.
Sin embargo ciertas evidencias, abrumadoras, están poniendo a prueba todo aquello en lo que yo creo o quiero creer. Porque hay personas a las que la opinión objetiva de los ciudadanos en plebiscito parece no importarles, o importarles mucho menos que ganar ese plebiscito. Personas para las cuales el mismo plebiscito ha perdido totalmente su calidad de consulta popular para convertirse en una contienda política. Una contienda en la que, equivocadamente -o perversamente, eso sólo ellos lo saben- todo vale con tal de ganar.
Y entre ese todo vale, el arma principal ha sido la mentira. Lisa y llana. Sin posibilidades de confusión porque no puede sino estar consciente de que miente quien opina faltando a la verdad siendo un experto o por lo menos alguien informado. Por ejemplo: dos personas que firman una columna de opinión en Ciper Chile que titulan “Mala nota para educación en la propuesta constitucional”, y que son presentadas como “participantes activos en el debate sobre la educación en la Constitución, colaborando con propuestas durante los dos procesos constitucionales”, afirman que “se abren las compuertas para la discriminación de niños y familias” y que ello ocurre “porque en la norma sobre libertad de «pensamiento, conciencia y religión» (art. 13 de la propuesta) se establece como derecho la objeción de conciencia, que puede ser invocada por personas jurídicas, incluyendo instituciones educacionales, para, por ejemplo, negarse a cumplir una norma de admisión para niños cuyos padres profesen una religión que no sea la preferida por el dueño de un establecimiento”.
El Artículo 13 del proyecto constitucional se refiere a otro tema (el reconocimiento del valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad y también a la conciliación entre la vida familiar y laboral), de modo que las dos personas críticas comenzaron, como muchas, demostrando que no habían leído bien el texto. Sin embargo y con buena voluntad se puede asumir que se refieren al literal 13 del Artículo 16 que se refiere a “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, en el que específicamente se señala que “Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”. Es decir, nada relativo a la objeción de consciencia de personas jurídicas, ni ahí ni en ninguno de los cuatro incisos del literal 13 que siguen a este enunciado inicial.
Así, los “participantes activos en el debate sobre la educación” simplemente faltan de manera absoluta a la verdad. La única verdad es que sobre esa materia deberá decidir la Ley y que la Ley, como todas las leyes, será el resultado del debate de representantes populares electos democráticamente. Desde luego cabe la posibilidad de que estos expertos y otros que repiten el mismo falso argumento crean que la Constitución debería prohibir la objeción de consciencia de personas jurídicas, así como otros -quizás ellos mismos- no están conformes con que el proyecto constitucional consagre la posibilidad de una seguridad social pública (Artículo 16, literal 28, letra b) y quisieran que la Constitución prohibiera sistemas de pensiones privados. Pero, que se la va a hacer, este proyecto de Constitución no prohíbe nada y más bien deja abierta la posibilidad de la libre elección de quienes vivimos en este país.
Otra fórmula utilizada para criticar lo inexistente, no es mentir asegurando esa existencia, sino imaginarla en las intenciones de quienes elaboraron el texto o quizás en quienes lo apoyan. Un ejemplo: el pasado lunes 20, otro artículo de opinión, esta vez titulado “Familia y Constitución”, comienza por reconocer que el texto constitucional “pone la familia en el centro de su atención”, tanto en consideración a su carácter de “núcleo fundamental de la sociedad” como al deber del Estado y la sociedad de “dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento”. Sin reparar en el plural de esta segunda frase, que consagra la posibilidad de una pluralidad de familias no sólo la tradicional de un hombre y una mujer para procrear, el autor afirma que “vista la composición mayoritaria del Consejo Constitucional, con el gravitante componente de derecha republicana, podemos razonablemente suponer que, a falta de mayor definición, haya primado el enfoque conservador de familia, la versión sacra de padre, madre e hijos”. Y ya estuvo: ya encontró el elemento a criticar y así lo hace entusiasta, extensa y documentadamente … aunque lo que critica no esté contenido en el texto y no sea más que su “razonable suposición”.
Desde luego cada uno puede suponer lo que quiera o aún inventar lo que quiera, pero como el 17 de diciembre estamos convocados a decidir sobre un texto constitucional no deberíamos sino decidir sobre lo que ese texto dice. No sobre lo que suponemos tenía en mente quien quiera que lo haya escrito o aprobado en el momento de escribirlo o aprobarlo. En suma, aunque cada uno de nosotros cargue sobre sus hombros suposiciones que nos puedan parecer razonables y también prejuicios y complejos y sobre todo doctrinas y convicciones a las que creamos que debemos someternos, ese contexto no debe obnubilarnos en el momento de tomar una decisión que se refiere estrictamente a un texto.
A quienes creen que el plebiscito del 17 de diciembre no es más que un evento político y que en la política todo vale, incluso la mentira, sólo puedo recordarles que en la historia muchos que comenzaron mintiendo, quizás considerando que mentir era sólo una pequeña falta justificada por el fin perseguido, terminaron cometiendo grandes crímenes justificados por ese mismo fin. (El Líbero)
Álvaro Briones
