El pasado martes 27 de marzo la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión especial para tratar el tema de Venezuela y la crisis que afecta a este país. A pesar de que legítimamente se podría considerar una reacción tardía -dado que el régimen chavista se apresta a cumplir dos décadas-, es necesario entender el escenario político de América Latina, que permite explicar la condescendencia y hasta complicidad con ese proyecto político.
Estas últimas décadas han estado influenciadas por el Socialismo del Siglo XX o alguna de sus variantes en diversos países del continente. Esto permitió que Hugo Chávez, primero, y posteriormente Nicolás Maduro, tuvieran no solo la comprensión, sino que incluso el apoyo de otros Gobiernos de la región: así fue con la Argentina de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Ecuador de Rafael Correa, Nicaragua de Daniel Ortega, Bolivia de Evo Morales, Brasil de Lula y Dilma Rousseff, y en su momento incluso Uruguay con José Mujica. Todos ellos sentían una común identidad ideológica e incluso histórica, bajo la impronta revolucionaria de Fidel Castro, a quien muchos de ellos viajaron a visitar a la isla para homenajearlo, “sacarse la foto” o recibir sus consejos. Algunos de ellos todavía gobiernan en sus respectivos países.
Por ello, resulta bastante entendible que no protestaran ni les extrañara la limitación progresiva de las libertades en Venezuela, el deterioro de sus instituciones o la extensión de la pobreza. Tampoco les impresionaron los resultados económicos desastrosos de un proyecto fallido desde su diagnóstico, así como no se conmovieron con los gritos de protesta de los opositores detenidos y sus familiares, ni de quienes fueron arbitrariamente perseguidos.
Sin embargo, en los últimos meses, o quizá de un par de años a esta parte, la situación comenzó a cambiar. La situación está relacionada con al menos tres elementos. El primero es el cambio de gobernante en Venezuela: con la muerte de Hugo Chávez se fue un líder que gozaba de gran popularidad y fue reemplazado por Nicolás Maduro, cuyo apoyo es considerablemente menor. A este factor personal hay que sumar un cambio político en la región, manifestado por ejemplo en la victoria de Mauricio Macri como Presidente de Argentina y su petición inmediata de aplicación de la “cláusula democrática” de la OEA al Gobierno venezolano. El tercer elemento es el grave deterioro económico y social de Venezuela, un país con inmensas riquezas humanas y materiales, pero que hoy sufre una crisis humanitaria, de bienes básicos y de profunda destrucción de las bases económicas.
Ahora hemos sabido del autogolpe de Estado y la supresión de la Asamblea Nacional, con lo cual se consolida la dictadura en Venezuela, pero a su vez entra en su momento más difícil. Esto ha permitido visibilizar los aspectos más crudos de la crisis venezolana.
La OEA y gran parte de la comunidad internacional han reaccionado condenando el último acto dictatorial de Maduro, ya que hoy es claramente más sensible a la situación de derechos humanos en Venezuela y también a la necesidad de que no desaparezca el régimen democrático. El reclamo de figuras importantes de la política iberoamericana ha ido precisamente en esa dirección, como prueban desde hace meses las cartas firmadas por los españoles Felipe González y José María Aznar, o los chilenos Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, entre muchos otros.
Los últimos días de marzo han mostrado algunas desagradables sorpresas. Una de ellas se dio en el ámbito de las libertades y se manifestó en la expulsión del periodista Patricio Nunes, del Canal 13 de Chile, mientras se encontraba grabando las habituales colas para conseguir alimentos, realidad cotidiana de los venezolanos que el régimen de Maduro no quiere mostrar, por razones obvias. El mismo castigo han sufrido cerca de veinte profesionales de las comunicaciones, en un contexto de persecución a la prensa libre y de leyes represivas de la libertad en las comunicaciones que existen hace más de una década.
El segundo episodio lamentable es la petición de ayuda a las Naciones Unidas que Nicolás Maduro ha hecho para enfrentar la escasez de medicamentos, lo que se suma a las dificultades alimenticias, la existencia de presos políticos, el crecimiento de la violencia y la descomposición aguda de la convivencia cívica. Es lamentable porque ilustra la situación corriente que viven los venezolanos, así como también porque muestra el fracaso del régimen, cuyas medidas han provocado la actual situación. El tercero es el autogolpe de Maduro, de imprevisibles consecuencias.
Frente a todo esto surge una pregunta tan urgente como necesaria: ¿Qué hacer para resolver el problema político, económico y social que vive Venezuela en la actualidad? Hay algunos personeros internacionales que continúan llamando al diálogo -así lo hicieron este 27 de marzo los ex Presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana)-, en la convicción de que es el camino y que “exige prudencia, discreción, tenacidad, confianza y ante todo voluntad de dialogar y acordar”.
No dudamos de las buenas intenciones de los ex mandatarios que manifiestan esta visión y han realizado gestiones al respecto. Sin embargo, en un esquema en que se han quebrado las confianzas y donde la situación social es de extrema gravedad, todo indica que la solución más adecuada iba en la línea propuesta por la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, denunció hace unos días la “ruptura del orden democrático en Venezuela” y ha pedido un llamado a elecciones para el presente año, de manera que sea el pueblo el que decida el camino a seguir y la mejor fórmula para superar la crisis.
Hoy es imposible que esto ocurra. La reacción del régimen bolivariano ha sido de rechazo categórico a la intervención de la OEA, en lo cual ha recibido algunos apoyos de países americanos. De esta manera se estira una vez más la cuerda -cuya elasticidad parece infinita, pero no lo es-, en un ejercicio que cada vez resulta más riesgoso. Nicolás Maduro no sólo no convocará a elecciones, considerando que ni siquiera lo hizo cuando fue solicitado el referéndum revocatorio, que habría sido una solución adecuada y prevista en el orden jurídico venezolano. Es improbable que el Gobierno convoque a elecciones porque tiene la certeza de que la realización de comicios terminaría con una derrota inapelable del Socialismo del Siglo XXI, lo cual sería el comienzo del fin del sistema instaurado por Hugo Chávez hace casi dos décadas. Por eso el autogolpe le pareció una solución a Maduro, pero tal vez lo lleve a comenzar su cuenta regresiva.
Una vez más, Venezuela está en la mira de la comunidad internacional, con la esperanza de revertir una situación dolorosa, dramática en términos humanos, y con una convivencia cada vez más difícil. (El Líbero)
Alejandro San Francisco, historiador, columna publicada en El Imparcial, de España
