Esta tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá, contestó a la acusación constitucional formulada en su contra por parte de la bancada de diputados del Partido Republicano. Desde ahora, la comisión revisora tendrá seis días para despachar un informe donde se establezca si la acusación procede o no, para posteriormente votarse en la sala de la Cámara de Diputados.
«Vengo en formular observaciones a la acusación constitucional presentada en mi contra para que se acoja la cuestión previa que planteo en razón de la improcedencia de la acusación y, en subsidio, para que la acusación sea desechada en todas sus partes por las razones de hecho y de derecho que paso a exponer», comienza la defensa.
Según la secretaria de Estado, en el primer capítulo de la acusación «no exponen acciones u omisiones específicas, sino que se limitan a realizar afirmaciones que califican el mérito de mi gestión o presentan su disconformidad con ellas. De la sola lectura del primer capítulo acusatorio resulta claro que los acusadores no cumplen con un presupuesto básico para la imputación de responsabilidad constitucional: la identificación de hechos que configuren una infracción al ordenamiento jurídico«.
La ministra también señaló que «la información aportada por el libelo está llena de imprecisiones, deformaciones y generalizaciones tanto jurídicas como fácticas que hacen inadmisible la procedencia del libelo acusatorio». Agregó que «cada una de ellas constituye una objeción de mérito a mi gestión, lo que no es objeto de análisis por medio de una acusación constitucional».
Particularmente crítica fue con el segundo capítulo de la acusación, donde afirmó que «los acusadores no me imputan pura y simplemente falta de acciones, sino que buscan sostener que las múltiples acciones que sí he realizado en cumplimiento de mis funciones no serían ‘suficientes’ ni ‘adecuadas'».
Además, lamentó que «no efectúan una exposición clara, precisa y comprensible de los hechos que se me imputan», señalando que el libelo no identifica hechos específicos que permitan la configuración de las causales invocadas.
La ministra también cuestionó la metodología utilizada por los acusadores, indicando que «aluden a cálculos y proyecciones de las que, no solo no citan fuentes sino que las realizan sin ninguna metodología mínimamente validable».
Asimismo, destacó que el segundo capítulo menciona en varias ocasiones informaciones de prensa sin referirse a las fuentes, lo que dificulta el ejercicio de su defensa. Junto con esto, señaló que «esta abierta falta de seriedad y prolijidad en el libelo acusatorio impide dar cumplimiento al requisito, establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional de fundar los capítulos acusatorios en hechos precisos y, ciertamente, me impide ejercer mi derecho constitucional a la defensa, por lo que esta cuestión previa debe acogerse».(Emol)
