El pasado domingo, los alcaldes de Santiago, Carolina Tohá; de Providencia, Josefa Errázuriz; de Maipú,Christian Vittori, y de Cerro Navia, Luis Plaza, fueron derrotados en las elecciones municipales, pero su trago amargo no terminará ahí, ya que la Contraloría Generalemitió auditorías en que detectó múltiples irregularidades durante sus campañas de reelección e instruyó varios sumarios administrativos.
El organismo investigó una serie de denuncias sobre gasto municipal para fines de campaña, como el uso de bienes públicos, de vehículos municipales, recursos físicos y financieros, además de variaciones presupuestarias importantes entre 2015 y 2016; emitió un completo informe con las 76 municipalidades auditadas y pidió instruir sumarios administrativos.
De dichas auditorías, “El Líbero” revisó los informes de los cuatro alcaldes de la Región Metropolitana que perdieron el domingo y están en dicha nómina.
Las irregularidades en la campaña de Santiago
¿Qué encontró la Contraloría? En Santiago, por ejemplo, detectó la “incorporación en forma destacada y reiterada de la imagen de la alcaldesa en la publicidad de actividades municipales en las plataformas de la página web, como de fotografías de actividades”, según un informe de 75 páginas. Lo que vulnera una serie de oficios emitidos por la Contraloría relativas al empleo de recursos públicos en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.
Además, denunció el “uso indebido” de tres vehículos municipales en dicha campaña, la “omisión” de dictar las resoluciones para la autorización mensual de horas extraordinarias e inconsistencias en las horas informadas y las efectivamente realizadas en cuatro funcionarios.
Los fiscalizadores de la Contraloría exhibieron fotos a autos municipales a los que les habían sacado la identificación fiscal y estaban en actividades de campaña.
“La municipalidad deberá, en lo sucesivo, abstenerse de incurrir en dichas conductas por cuanto su reincidencia puede implicar una vulneración a las normas relativas al empleo de recursos del organismo”, concluye el estudio.
La alcaldesa Tohá, además, fue directamente cuestionada por integrar el directorio de la Corporación para el Desarrollo de Santiago en calidad de presidenta, vulnerando una disposición anterior que le prohibía dicho cargo. La misma situación se repitió en el directorio de la Corporación Santiago Innova, en que Tohá estaba de presidenta.
Los cuestionamientos al no pago de cotizaciones previsionales en Santiago
Dichas anomalías electorales se suman a otras de extrema gravedad, según un informe final de investigación especial del 11 de octubre pasado, en que la Contraloría cuestionó que la municipalidad se atrasara en el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de educación, por lo que tuvo que pagar $195 millones por concepto de intereses, multas y otros recargos, “lo que constituye un perjuicio al patrimonio municipal”.
“Se constató que la dirección de control no ha informado oportunamente al Concejo municipal el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de su personal, lo que no se ajusta a la ley 18.695”, señala dicha investigación.
Adicionalmente, detectó una diferencia de $703 millones entre el monto deducido y el efectivamente pagado de cotizaciones previsionales a los funcionarios entre julio de 2015 y febrero de 2016.
Según investigó este medio, la Contraloría está realizando un juicio de cuentas por el daño patrimonial al municipio de $195 millones, que podría concluir en que las autoridades responsables pongan ese dinero de su bolsillo.
Las anomalías detectadas por la Contraloría durante la gestión de la alcaldesa Errázuriz
Durante la gestión de Josefa Errázuriz el organismo fiscalizador detectó la falta de los fondos transferidos por el municipio a la Corporación de Desarrollo Social por $65 millones entre 1999 y 2016, por lo que la comuna debe “exigir las rendiciones pendientes y su correspondiente aprobación”.
Durante la campaña observó seis vehículos con cometidos funcionarios realizados en días inhábiles sin el correspondiente decreto alcaldicio, y el mal uso del vehículo asignado al concejal Rodrigo García Márquez.
También constató la omisión del registro de cometido en las bitácoras, el uso reiterativo del nombre y/o imagen de la alcaldesa en elementos de difusión de las actividades municipales, y retuiteos sobre propaganda alusivo al apoyo de la campaña de recolección de firmas para la alcaldesa Errázuriz, provenientes de su Twitter particular.
“Se hace explícita propaganda a la candidatura de la alcaldesa Josefa Errázuriz antes del inicio del período legal de campaña”, sostiene la investigación, que recuerda que los funcionarios públicos no pueden realizar actividad política dentro de su horario de trabajo.
También cuestionó la existencia de un registro de control de la asistencia del personal a través de libros manuales, y le exige que utilice un sistema uniforme y expedito que “dé garantías respecto del cumplimiento de la jornada de cada funcionario”.
El organismo también critica el programa ícono de Errázuriz, “participación ciudadana”, ya que se constató que profesionales contratados para realizar “acciones comunicacionales y notas de prensa de los prestadores del servicio, que recibieron $8,6 millones, “no realiza labores asociadas a programas en beneficio de la comunidad”.
El municipio replicó que una de sus funciones era desarrollar una “guía para organizaciones sociales” para “ilustrar a la comunidad acerca de cuáles son las actividades a cumplir para constituir formalmente tales organizaciones”, argumentos que fueron rechazados por la Contraloría.
También impugnó pagos por $32 millones con volantes y periódico comunal, entre otros servicios de impresión, con el nombre de la alcaldesa, en abierto proselitismo con recursos públicos ya que quien presta servicios son las instituciones y no las autoridades de forma independiente. Así como un bingo recreativo cuyas 400 invitaciones por $146 mil se pagaron con gasto municipal.
La entidad cuestionó la promoción de la farmacia popular como “una iniciativa de la alcaldesa Josefa Errázuriz cuyo objetivo es garantizar el acceso a medicamentos a un precio justo”, ya que está prohibido por la ley 19.896 hacer campañas “que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica”.
Las irregularidades de Cerro Navia
En la comuna en que perdió la alcaldía Luis Plaza se impugnaron utilizar durante la campaña su imagen en redes sociales en actividades municipales, y el pago de $21,8 millones para celebrar el día de la mujer y otros $4,1 millones por el aniversario de la población Lo Herminda de la Victoria.
Otro cuestionamiento fue un viaje de concejales a Cuba para participar en una gira sobre herramientas de gestión estratégica para el desarrollo local de salud, y que funcionarios designados para capacitaciones y diplomados no fueron elegidos mediante un proceso de selección.
El uso de vehículos municipales con fines personales también lo impugnó la Contraloría, así como la emisión de boletas de garantía en forma desfasadas respecto de la fecha de la producción del día de la mujer y servicios de banquetería.
Los cuestionamientos a la gestión del alcalde Vittori
Al igual que en Cerro Navia, la celebración del día de la mujer fue impugnada por el organismo fiscalizador, ya que hubo pagos improcedentes en alimentos, bebidas y premios. También se objetó el servicio de publicidad, difusión e impresión en el diario La Segunda, aviso que costó $33 millones, donde figuraba de manera destacada la imagen del alcalde Vittori.
La circulación de vehículos fiscales sin autorización, placa municipal, visación de bitácoras y hoja de vida y la realización de trabajos extraordinarios por sobre el límite de 40 horas funcionarias al mes fueron otras de las falencias observadas durante su gestión.
Nuevamente el uso de las redes sociales fue otro punto impugnado, ya que Vittori utilizó Twitter y Facebook para difundir catálogos de viajes y folletos de actividades para el verano. También se objetó un video biográfico del alcalde en la página web del municipio.
El Líbero/La Tercera
