El debate por la tolerancia cero a las armas ha provocado un álgido debate en el Congreso, el mismo al que el Presidente Gabriel Boric pidió ayuda expresa el miércoles durante su primera cuenta pública, para que la ley que busca avanzar hacia «la prohibición total de tenencia de armas y fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización».
Pero las señales que ha dado el Parlamento auguran una tramitación a lo menos intricada para el proyecto que ingresaría este mes. Esto, porque desde la oposición consideran que el Presidente pone el foco en las armas legales y «coarta» la libertad de las personas, mientras que el debate debería estar centrado esencialmente en el contrabando y fabricación de armas.
Por su parte, el oficialismo ha mostrado signos de estar desalineado, dejando entrever que la iniciativa -que si bien fue presentada por Interior hace dos semanas en su plan «Menos Armas, Más Seguridad»- les genera algunas dudas.
Así las cosas, mientras algunos respaldan la idea, otras voces dan cuenta que no hay consenso en que la medida sea realmente el camino para enfrentar el tema, pues algunas voces destacan que la urgencia debe estar puesta en un mayor registro y control de quienes hoy poseen armas, y que la medida debe estar dotada de gradualidad y un «sentido de realidad».
OFICIALISMO: APOYO TOTAL Y «MATICES»
Hay al menos dos líneas de discusión en el oficialismo «ampliado». Por un lado, quienes han expresado un apoyo total a la idea como un mecanismo acertado para llegar a desarmar a la delincuencia, mientras que para otros parlamentarios es necesario revisar los «matices» de la discusión.
La diputada Alejandra Placencia (PC) afirma que la propuesta del Mandatario «va en la línea correcta», puesto que el hecho de que la población civil tenga armas de fuego «es la forma más efectiva de armar a la delincuencia».
Según afirma, «está comprobado que una de las principales formas en que los delincuentes consiguen armamento es mediante el robo de armas legalmente inscritas. No es la única, también está el contrabando de piezas que luego se ensamblan, y el tráfico propiamente tal; hay que atacar todas esas variables».
Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) dice que la idea de tolerancia cero en manos de civiles, hoy «no rasca donde pica», puesto que no repara en la urgencia: combatir el tráfico de estos elementos.
«Parece aceptable que a largo plazo, en el futuro, Chile pudiera plantearse la prohibición de que los civiles tengan las armas de fuego, sin embargo eso no es lo prioritario ni urgente«, el foco debe estar en «un mayor registro y control de todas las armas que ingresan al país, así como aquellas las hechizas, adaptadas o transformadas; el mercado negro es la prioridad uno para poder controlar y reducir la tenencia de armas en manos de criminales».
Por su parte, el senador y presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza (PS) dice que «sería bueno que alguien viera la ley de Control de Armas que se modificó hace menos de un año, es una buena ley y está todo muy regulado (….) el problema es que parece que no se la habían leído quienes hicieron el mensaje (Presidencial); el problema es cómo le quitamos las armas a los ilegales que las tienen».
Con todo, afirma que está a favor de la prohibición total pero sin incorporar a quienes, por ejemplo, practican tiro u actividades reguladas asociadas.
Pero al interior de la tienda también hay otras voces alineadas con el Mandatario. El diputado Jaime Naranjo (PS), dice compartir «plenamente» la iniciativa, e incluso reiteró la cuestionada analogía con Estados Unidos, al destacar que «en países que tienen autorización para que cualquier persona pueda llevar armas, somos testigos de tiroteos todas las semanas, donde las personas viven en incerteza e inseguridad total. Si queremos construir la paz de Chile, eso se construye con tolerancia cero a las armas».
El diputado Jaime Araya (Ind-PPD), integrante de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados, dice apoyar la idea en general, aunque aclara que si bien la propuesta «es un buen titular», la discusión no se puede abordar desde el blanco y negro, pues requiere actuar con «un sentido profundo de realidad y sus matices».
Esto, aclara, porque hay situaciones excepcionales donde «no se puede restringir el derecho a la defensa, sobre todo en lugares donde la protección del Estado es compleja de entregar (…) o una familia que está a kilómetros de una comisaría«.
Además, hay una serie de temas que se deben discutir, como el mecanismo para implementarlo, duración y gradualidad.
En tanto, la diputada Lorena Fríes (Unir), quien está a favor de la iniciativa, plantea que lo que hoy se está conversando al interior de las fuerzas oficialistas es precisamente la gradualidad de la medida.
«No creo que los disensos expresados hasta ahora vayan por el lado de oponerse al desarme, sino que a la gradualidad que este proceso debe tener y a que las policías sean eficaces en desbaratar el crimen organizado y el tráfico ilícito de armas».
OPOSICIÓN: RESTRICCIÓN DE «LIBERTADES» Y FOCO «REAL» DEL PROBLEMA
En un tono más duro, los parlamentarios de oposición aseguran que la iniciativa de tolerancia cero a las armas tiene una serie de falencias que, al menos, el anuncio no logró resolver.
Algunos acusan al Mandatario de una «desconexión», pues apuntan a que la necesidad real es quitar las armas a los delincuentes y no a quienes ya las tienen inscritas.
El diputado de Republicanos, Rojo Edwards, cree que es cierto que hay que controlar las armas, «pero lo importante es que las armas no caigan en manos de los narcotraficantes y bandas organizadas, pero no hay nada para quitarles las armas a ellos. Hay una desconexión entre el Presidente y las grandes mayorías».
Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN), afirma que la medida «no va en la línea correcta», porque problema real no está «en la gente que tiene inscrita las armas, sino que en quienes compran en el mercado negro; delincuentes, terroristas y narcotraficantes, pero no puedes decirles a todos los que tienen armas inscritas que se acabó su permiso, ¿por qué?, así quitas libertad. Esto no es Estados Unidos».
En tanto, el senador Javier Macaya (UDI), criticó ayer que la tolerancia cero implica «la desaparición total de armas», lo que deja afuera «un cúmulo de actividades deportivas o de defensa personal, que son parte muchos chilenos en el ámbito de sus libertades pueden ejercer, obviamente con un control efectivo; muy distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, donde tienen libertad para comprar, y en Chile no es así».
Desde Evópoli, el diputado Francisco Undurraga afirma que la iniciativa «no resuelve el problema de fondo», que tal como otros representantes de la oposición, «está en las armas que no están inscritas, en los pasos fronterizos donde éstas se internan. Yo veo poco probable que los grupos armados de la macrozona sur vayan a entregar su arma o que los mismos delincuentes lo hagan«.
De todas maneras, cree que «hay que ver el texto y no tengo ningún problema en que se ejerza una fiscalización mayor en estas materias, y todo lo que vaya en control de la misma, bienvenido sea, pero si esto va a solamente a castigar a quienes tienen sus armas inscritas, no me parece lo más equitativo«, subrayó. (Emol)
