La frase sería esperable de un okupa o un estudiante secundario escondido en un overol blanco, pero salió sin presión alguna de la boca del Premio Nacional de Arquitectura 2024, Cristián Castillo Echeverría. “Sigo pensando que las tomas son legítimas”, aseveró en una entrevista con este medio hace exactamente una semana.
Leí la cita con una mezcla de sorpresa e incredulidad, y de inmediato pensé que se trataba de la típica cuña periodística que, si bien fue dicha y captura fidedignamente el pensamiento del entrevistado, puede ofrecer matices a partir del contexto mismo de la conversación. Pero no.
La sensación de tomadura de pelo fue en aumento cuando el flamante premio nacional insistió en el punto no como una ensoñación nostálgica de su pasado mirista, sino como una realidad deseable en la actualidad. “Aun hoy día lo pienso”, agregó Castillo a su entrevistadora, haciendo además un paralelo entre la población desesperada por falta de vivienda y los hechos de octubre de 2019.
Más allá de ser indefendibles a nivel legal, las tomas tienen una dimensión de violencia que no se puede obviar: despojan a su dueño de lo que le es propio. Operan con la misma lógica que las funas y bajo la detestable política de los hechos consumados.
Por eso la opinión del nuevo premio nacional de Arquitectura es errada, ingenua e imprudente. Errada porque una toma es, por definición, algo contrario a la legalidad vigente, lo que la hace ilícita y, por extensión, ilegítima. Las tomas atentan de manera flagrante contra la propiedad privada, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y legitimarlas es ir precisamente en contra de este marco común que, en última instancia, es lo que protege a los más débiles de los más poderosos.
Ingenua porque las tomas son probablemente el camino más rápido y efectivo para el surgimiento de asentamientos carentes de urbanizaciones y servicios básicos —con el enorme riesgo de vidas humanas que han evidenciado los incendios de los últimos años—, manejados por mafias vinculadas a la delincuencia y el narcotráfico, que arriendan o venden sitios para el levantamiento de cochambres. Viña del Mar, Alto Hospicio, Arica y San Antonio son algunas de las comunas más afectadas en el país y sus problemas urbanos solo se han agravado a partir de las tomas.
E imprudente porque su opinión ya no es la de un simple arquitecto de la plaza, sino la de un premio nacional, que tiene además una trayectoria vinculada con la vivienda social (su proyecto Barrio Maestranza Ukamau ganó el Premio Aporte Urbano en 2021 en la categoría Mejor Proyecto de Integración Social). A partir del galardón que recibió en junio, su estatura como referente nacional en arquitectura cambió para siempre. Y esa nueva dimensión debería ser acompañada de una mejor comprensión de la importancia de sus dichos, especialmente si ellos validan ilegalidades.
Pero la visión de Castillo abre también una interrogante política sobre la mirada que tienen en el Frente Amplio sobre la legitimidad de las tomas. Hasta la reciente unificación de los partidos de este bloque, el arquitecto militaba en Convergencia Social (CS), el mismo partido de origen del Presidente Gabriel Boric.
¿Qué opinan los candidatos frenteamplistas a alcalde sobre esta materia? Hasta ahora, las críticas a los dichos de Castillo han venido de algunos de sus pares arquitectos y de gremios como la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Pero no se ha oído padre desde el propio Frente Amplio ni para qué decir desde el Partido Comunista.
Quizás revisar la tramitación del proyecto de ley de usurpaciones (irónicamente bautizado por sectores de izquierda como ley antitomas), con sus vetos y votos, sea un buen ayudamemoria para comprobar si la opinión de Castillo es más bien aislada o es genuinamente representativa de ese amplio sector del oficialismo. Que el lector (y futuro votante) juzgue. (El Mercurio)
Cristián Rodríguez
