En este nuevo año que comienza, mi deseo para 2025 y para el mediano y largo plazo es “¡Trabajo, trabajo, trabajo”! Y es que, más que nunca, y como decía aquella corta, pero contundente frase de campaña del candidato a diputado por San Antonio, Sergio Velasco, necesitamos con urgencia levantar el empleo formal.
Los últimos datos entregados por el INE reflejan que la tasa de desocupación se ha mantenido constante, por sobre el 8%, lo que representa una mala noticia para los compatriotas, al escasear las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos de vida.
Si bien los últimos datos muestran una leve mejoría en la tasa de ocupados, contentarse con aquello es de un conformismo y una ceguera brutal pues las cifras actuales muestran niveles parecidos a lo que teníamos hace más de una década.
El empuje que se requiere debe ser mucho mayor y es apremiante. El trabajo es central para la dignidad de las personas, y también para el buen funcionamiento de la economía y el tan debatido sistema de pensiones. La ciudadanía debe empujar para que se creen las condiciones que hagan brotar el empleo, o al menos no se las torpedee.
A estas alturas, los diagnósticos y las hojas de rutas expertas sobran, mientras que escasean las medidas de política pública que realmente apunten al objetivo deseado. Más bien, y aunque se destaquen como “avances” en la agenda, algunas de ellas solo han venido a sumar costos y están constituyéndose en obstáculos para lograr la meta.
La ley de las 40 horas y el salario mínimo actual están generando problemas en el ya alicaído mercado laboral chileno, repercutiendo, sobre todo, en las empresas de menor tamaño que son una relevante fuente de empleo. Medidas que suenan bien, pero que son inoportunas e ineficaces de cara al fin buscado son, a la larga, una bomba de tiempo para el mayor bienestar de las personas y la confianza en la política. Para qué decir la iniciativa sobre negociación ramal que se supone ingresará al Congreso durante 2025 y la que se tramita sobre extensión del post natal.
Por su parte, si en la reforma de pensiones el Congreso termina por aprobar lo que en realidad es un impuesto al trabajo, así como desincentivos para ingresar y permanecer en el mercado laboral formal (como lo es el que parte de la cotización adicional se calcule en proporción al salario promedio de los cotizantes y no de cada trabajador), la política seguirá atornillando al revés del interés de los trabajadores y éstos tomarán nota, en su calidad de electores.
En este escenario y en el contexto global actual, en el que la revolución tecnológica avanza a grandes pasos, lo que se requiere es que el mercado laboral chileno se adapte y modernice para hacerse cargo del desafío que, en términos laborales, puedan implicar las nuevas tecnologías y para que aumente la competitividad.
Entre otras medidas, y con el afán de impulsar la productividad laboral y la mejora en los salarios, es clave modernizar y flexibilizar el sistema de capacitación y los cursos impartidos, perfeccionar la formación y avanzar en mayores competencias para la fuerza laboral, de manera que pueda adaptarse a las necesidades reales y concretas que tienen los distintos sectores productivos y beneficiarse de las oportunidades que crea la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Evaluar el desempeño de estos cursos es clave para la mejora continua.
Por cierto, la raíz del problema está en el sistema escolar, que debe perfeccionarse, entre otras, respecto de su sistema de admisión, para potenciar el desarrollo del capital humano y entregar las competencias necesarias para que los jóvenes se puedan integrar al proceso de cambio tecnológico. Permitirles, asimismo, una vinculación temprana con el mercado laboral, es importante.
Al mismo tiempo, es preciso continuar actualizando y adaptando la regulación laboral, facilitando la incorporación de nuevos grupos al mercado del trabajo, entre ellos, los adultos mayores, ante el envejecimiento de la población y la mayor expectativa de vida. Además, el sistema de indemnizaciones por años de servicio debe revisarse, y debe perseverarse en una regulación moderna del sistema de sala cuna para una mayor y mejor cobertura, permitiendo la libertad de elección y la provisión del servicio con fines de lucro, ampliando las posibilidades.
Revisar la normativa que regula el reemplazo interno de trabajadores en caso de huelga es otro asunto pendiente para evitar la discrecionalidad de la autoridad reguladora y buscar un mejor balance entre las necesidades de la empresa, los trabajadores negociadores y los consumidores o usuarios de los servicios que se ofrecen.
Por cierto, nada de lo anterior será suficiente ni la meta posible de alcanzar si no potenciamos el crecimiento económico y la inversión, que crean valor. El llamado “gabinete pro crecimiento” está más que al debe en la promoción de políticas públicas en pos del desarrollo, en tanto que el Estado se excede en esfuerzos en el gasto público destinado a la contratación de personal del Estado.
El proyecto de ley que simplifica la permisología es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente. Es preciso y urgente revisar, además, el fundamento y esquema bajo el cual los servicios exigen la realización de consultas indígenas; las limitaciones excesivas que impone la Ley Lafkenche a los inversionistas (en un país con gran relevancia marítima), y los requerimientos, al borde de un ataque de nervios, del Consejo de Monumentos Nacionales. A su turno, es imprescindible revisar, a la baja, la tasa del impuesto corporativo que en los últimos quince años subió 10 puntos, restando competitividad a nuestro país (no debemos olvidar que el resto de la OCDE la redujo).
Para que los políticos pongan el foco en estas temáticas, esenciales para que las personas, motores del progreso, desplieguen su potencial, la ciudadanía debe activarse para que la política facilite el progreso y no lo entorpezca. ¡Trabajo, trabajo, trabajo! debiera ser la demanda ciudadana y el principal objetivo político de este 2025. (Ex Ante)
Natalia González
