Una completa radiografía de los costos del Transantiago es lo que arrojó el resumen financiero del sistema correspondiente al cuarto trimestre de 2017.
Las cifras dan cuenta de un incremento de los costos del sistema durante este último año alcanzando los US$ 1.722 millones, lo que implica un incremento de 2,9% si se compara con el cierre de 2016.
Pese a la tendencia que venía a la baja desde que se inició el gobierno de Michelle Bachelet en 2014, a partir de cuando los costos del sistema muestra una caída de 4,3%.
Esto en medio de la última alza de tarifa anunciada por el panel de expertos el viernes pasado, que dejó el precio del pasaje en $ 660 para buses y de $ 760 para Metro.
El estudio también arrojó que buena parte de los costos se destinan para el financiamiento de los operadores de buses.
Los costos para los concesionarios de vías acaparan el 65,5% del total del sistema con $1.132 millones, con el tipo de cambio de ese año.
Otro costo es para Metro. La red subterránea de trenes aglutinó el 25% de los gastos del sistema con un total de US$ 449 millones al cierre de 2017.
El resto se reparte entre los servicios complementarios y otros prestadores.
Los incrementos de los costos del sistema tienen su explicación en la última revisión programada de 2016.
Los contratos de concesión establecen que cada dos años, las empresas de buses podrán pedir un reajuste de su tarifa para compensar la menor demanda del sistema.
Uno de los factores que afectó lesto fue el ingreso de la Línea 6 y Metrotren Nos, que implicó un reajuste en el pago a los operadores.
“Las revisiones programadas de 2016 concluyeron con incrementos en los pagos por pasajero transportado. Estos incrementos comenzaron a ser aplicados entre marzo y junio de 2016, dependiendo de cada empresa. Asi, el aumento en costos de la revisión programada afectó algunos meses de 2016. En cambio, este incremento afectó los doce meses del año 2017”, explicó la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DPTM)
Esta es una de las variables que el actual gobierno busca eliminar con la nueva licitación del sistema y que está suspendido tras la medida decretada por al TDLC.
De realizarse la licitación, solo la mitad de las empresas operadoras del sistema reajustarán su tarifa este 2018. Los nuevos operadores podrían enfrentar solo revisiones excepcionales, es decir acceder un reajuste en condiciones no previstas.
En tanto, el susidio del Transantiago en 2017 ascendió a US$ 795 millones. Al cierre de 2017 los aportes del Estado llegaron a los $ 488 mil millones frente a los $ 456 mil millones de 2017, lo implica un alza del 7%. La estructura de costos es clave considerando que el gobierno de Sebastián Piñera tendrá que tramitar una nueva ley de subsidio al sistema, ya que la actual tiene carácter de transitorio y vence el 2020.
EVASIÓN E INGRESOS
Si analizamos los ingresos del sistema esto refleja la fuerte evasión que afectó durante la administración del ex ministro Gómez-Lobo. Los ingresos cayeron un 7% si lo comparamos con 2017 y esta brecha se redujo a una caída de 0,2% durante el último año. Esto significó una merma de unos $ 44 mil millones, cifra que al dólar de cierre de 2017 implicó una merma de US$ 71 millones.
La evasión bajó de 34,6%, su peak en diciembre de 2016, a 26,6% según las últimas cifras entregadas por la ministra Paola Tapia en octubre.
GOBIERNO PIDE ABRIR OFERTAS ECONÓMICAS
Con el fin de esclarecer si realmente las bases de licitación del Transantiago afectan a la libre competencia, el Gobierno solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia reactivar la licitación en forma temporal.
Así el gobierno busca poder conocer de las ofertas económicas de los postulantes, etapa que fue congelada por el tribunal antimonopolio el día previo a su apertura.
Según explicita el documento, esto permitiría descartar que las razones por las cuales se decretaron la medida precautoria ya que no ocasionaría perjuicios de libre competencia. «Conocer las ofertas económicas en su carácter más o menos competitivo, en consideración al precio de equilibrio al que hubiera dado lugar la Licitación, podría ser calificado como un elemento fundamental para confirmar o descartar las sospechas en virtud de las cuales se decretó la medida precautoria», señala el documento.
A juicio del Consejo de Defensa del Estado, esto permitiría ponderar a los integrantes del TDLC con información completa si se justifica mantener la medida precautoria, lo que puede ser revertido de ser justificado.
El Ministerio de Transportes que además solicitó levantar la medida defendió los criterios de experiencia de los operadores y precisó que este factor pesa un 1,5% del puntaje total por lo que la calificó de desproporcionada e injustificada. (DF)
