La información de varias glosas presupuestarias es esencial para un adecuado balance entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y para que la sociedad civil pueda fiscalizar el buen uso de los recursos que nos pertenecen a todos. Por ejemplo, es a través de una glosa presupuestaria como se transparentó la cantidad de chilenos que esperan por intervenciones quirúrgicas y consultas médicas en la salud pública.
Por ello nos parece un error que, en el contexto de racionalizar las glosas presupuestarias en el ejercicio 2023, medida que apoyamos, se elimine una serie de requisitos de información, lo que nos dejará a ciegas en varias áreas del gasto público.
Entre los cientos de glosas de información que desaparecen en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento destaca la eliminación de: la obligación de informar sobre los resultados de la evaluación de los programas gubernamentales que realiza Dipres, esenciales para monitorear la eficacia del gasto público; la obligación de Conadi de informar al Congreso sobre los beneficiarios y los precios de compras de terrenos bajo el programa de Fondo de Tierras y Aguas Indígenas; la exigencia de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de informar sobre las horas efectivamente trabajadas por los doctores del sistema público, sabiendo que hay quienes abusan de un sistema que les permite atender a pacientes de manera privada.
También se acaba la exigencia de la Subsecretaría de Educación de informar respecto de la deserción de estudiantes del sistema escolar, en medio de los problemas de asistencia que se han registrado tras la pandemia; de la Contraloría respecto de informar sobre el control de sus gastos reservados; de la Segegob, de informar sobre los montos adjudicados a empresas de opinión para la realización de encuestas, donde además se debía informar las empresas adjudicadas vía trato directo, entre muchas otras.
No imputamos mala fe al Gobierno. La directora de Presupuestos explicó que esta información está contenida en otros cuerpos legales. Por otro lado, en el caso de la evaluación de programas, la entrega de información efectivamente es parte del proyecto de ley que modifica la ley de responsabilidad fiscal, pero este aún se discute en el Congreso. Por tanto, es deber del Gobierno asegurar que la eliminación de las glosas no signifique mayores costos de transacción para que los parlamentarios o la ciudadanía tengan acceso a los datos. Debe asegurar también que el nivel de desagregación de la información y la frecuencia en su entrega no sean un detrimento a la situación actual. De lo contrario, no cabe más que reponer la obligación de entregar la información tal como ha sido hasta el momento, no obstante eliminar duplicidades.
Como ha sugerido el Observatorio del Gasto Fiscal y la Comisión de Mejor Gasto Público, compartimos la necesidad de racionalizar las glosas, pero avanzando hacia una estandarización en la entrega de la información que permita evaluar los objetivos y metas de los programas públicos. Mientras transitamos hacia ese ideal de reportabilidad más moderno, eficiente y útil, no retrocedamos en el nivel de transparencia que tanto costó lograr. (El Mercurio)
Pablo Eguiguren
Director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo
Soledad Hormazábal
Investigadora de Horizontal
