Este martes se retomó en Temuco la audiencia preparatoria de juicio oral contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. En la instancia, se revisaron una serie de vicios formales planteados por la defensa del imputado, a cargo de la Defensoría Penal Pública Mapuche.
El Juzgado de Garantía local escuchó los requerimientos de Humberto Serri Gajardo y Luis Acuña, y acogió la petición de eliminar dos párrafos de la acusación que estaban al inicio, que tenían como título «contexto», y que daban cuenta de hechos ocurridos entre 1997 hasta 2019, y que no dicen relación con los hechos atribuidos Llaitul.
«El tribunal acogió aquello y ordenó al Ministerio Público y querellantes, eliminar esos párrafos de la acusación», detalló Serri y agregó que «como segundo elemento, se ordenó al Ministerio Público a entregar la identidad de los testigos protegidos, específicamente de cinco que mantenían identidad reservada y que fueron señalados en la acusación, a efectos que la defensa conozca sus nombres y, en definitiva, pueda plantear teoría del caso a partir de aquello«.
En tal sentido, los nombres serán entregados solo a la defensa con la instrucción de no divulgar los mismos a terceros ajenos al juicio.
Dado que el Ministerio Público solicitó la suspensión de la audiencia por tres días a efectos de poder entregar la información requerida a la defensa, Serri explicó que se pidió que «don Héctor Llaitul permanezca en la ciudad de Temuco, en el módulo comunero del centro penitenciario de la ciudad, a la espera de la renovación del juicio, lo cual es conveniente desde el punto de vista de poder estar cerca de mi defendido, evitar traslados del mismo y , además, poder mantener contacto directo y regular previo al reinicio de la audiencia».
El fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó lo anterior enfatizando en tres puntos: «La primera cosa, no estamos conformes. Estimamos que no se ajusta a derecho, ni tampoco a nuestras obligaciones legales de todas las instituciones del Estado en lo que se refiere a la protección de víctimas».
En segundo término, dijo que «vamos a analizar los cursos procesales a seguir, porque no es una decisión con la cual nos conformemos. Vamos a insistir en la necesidad de que para evitar la impunidad en Chile y para asegurar la justicia en casos tan graves como ese, el testimonio de esos testigos sea oído por los tribunales».
Por último, insistió «en que tenemos el deber legal, todas las instituciones del Estado, de proteger a las víctimas de los delitos graves. El Ministerio Público, la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional de La Araucanía no van a cejar en el esfuerzo de proteger a las víctimas de los casos de delitos violentos». (Emol)
