Estamos sufriendo los efectos de las tres negativas reformas del segundo gobierno de Bachelet; i) la tributaria, que dañó fuertemente la inversión, ii) la educacional, que a pesar de un costo muy elevado no ha generado ninguna mejoría de capital humano, por el contrario, terminó por destruir la educación pública de excelencia, y iii) la política, responsable de la enorme fragmentación y polarización política. Podríamos agregar también los cambios laborales, que han seguido rigidizando el mercado y fomentando la informalidad.
El actual gobierno ha persistido en el mismo camino de malas reformas, aunque afortunadamente para Chile, no han conseguido el apoyo necesario. Partió por la muy negativa y rechazada reforma tributaria, que de haberse aprobado habría generado nuevamente un gran daño a la inversión y el crecimiento.
Quiso sumar también una reforma previsional de “hoja en blanco”, derogando el D.L. 3.500, que terminaba con una estatización completa del pilar contributivo, reforma que fue aprobada casi vacía en la Cámara de Diputados, ahora en discusión en el Senado. Es difícil saber si se lograrán acuerdos, en todo caso, de aprobarse, debería ser mucho más moderada que la propuesta inicial del gobierno.
En materia laboral ha cosechado más éxitos, que en el mediano plazo se convierten en fracasos para la economía y los trabajadores, rigidizando aún más el mercado laboral y desincentivando la contratación.
Ambos gobiernos, con una orientación de políticas bastante similar, han planteado reformas muy radicales. La ex Presidenta Bachelet logró aprobarlas, el Presidente Boric no ha tenido éxito en sus objetivos hasta ahora, parece que algo hemos aprendido en estos años. El daño no ha sido en vano, algunos incluso han planteado que esta izquierda refundacional se ha moderado de verdad.
Sin embargo, luego de conocido el proyecto del fin del CAE, las esperanzas que algunos cifraban en la moderación del Frente Amplio, y de Boric en particular, deberían haberse frustrado por completo. Este proyecto de ley es tanto o más malo que las reformas tributarias y previsional. Es de esperar que siga el mismo camino al fracaso, por el bien de la educación superior y del país.
Lo primero es que se está buscando solucionar un problema que no existe. El CAE actual es contingente al ingreso, con un interés subsidiado y se puede suspender en caso de cesantía. Si la morosidad ha aumentado en forma significativa en estos años es precisamente por las promesas de condonación de este gobierno.
Lo segundo es que para los estudiantes la propuesta del llamado FES (Financiamiento de Educación Superior) genera los mismos incentivos perversos que la gratuidad al 60% de los alumnos, para lograr ser parte del 90% beneficiado. Luego, una vez trabajando, lo más rentable será hacerlo informalmente, de tal forma de no pagar la deuda y los mayores impuestos.
Tercero, y lo más grave, este proyecto persigue el control estatal de la educación superior, a través de fijar los aranceles para el 90% de los estudiantes, y además porque será el Estado, a través de la Ley de Presupuestos de cada año, quien determinará prácticamente la totalidad de recursos que recibirán las universidades adscritas a la gratuidad y al FES. Las universidades que opten por seguir recibiendo alumnos con crédito estatal inevitablemente tendrán mayores restricciones financieras, lo que dañará la calidad de la educación que pueden entregar. Podría haber también universidades que no estén dispuestas a renunciar a sus proyectos educativos de excelencia, con lo que deberán convertirse en universidades de élite, sólo accesibles a estudiantes de altos ingresos.
El resultado; un sistema de educación superior segregado, en gran parte controlado por el Estado a través de su financiamiento, con un daño inevitable en el que hasta ahora es el único nivel educativo en que Chile tiene buenos resultados.
La conclusión; la izquierda radical que nos gobierna no ha cejado en su proyecto revolucionario, es de esperar que la mayoría del país lo siga rechazando. (El Líbero)
Cecilia Cifuentes
