“Estimada comunidad de la Universidad Alberto Hurtado: junto con saludarles a cada una y cada uno de ustedes, les hago llegar este mensaje para informarles que hoy se ha dado término a los contratos de trabajo de 55 personas que se desempeñaban en nuestra institución. Este es un proceso doloroso para las personas desvinculadas; lo es también para las unidades académicas y administrativas; lo es para toda la universidad”.
El jueves 18 de julio, un comunicado interno revolucionó el ambiente en la UAH. El rector Cristián del Campo daba cuenta así de un proceso masivo de despidos, justificándole a la comunidad que esto se debía a que como institución enfrentan “una difícil situación financiera que nos obliga a realizar ajustes importantes en toda nuestra estructura organizacional para retomar el equilibrio operacional”.
“Seguramente, conocer esta información ha causado intranquilidad e incertidumbre en la comunidad, pero se ha optado por la transparencia y por trabajar seriamente para lograr alcanzar los objetivos que nos hemos trazado, a pesar de que se deban tomar decisiones tan complejas como las que estamos informando”, agregaba, antes de señalar que “estas acciones se basan en la convicción fundamental de asegurar la sostenibilidad institucional en el largo plazo, junto con la calidad, seriedad y valor de nuestro proyecto universitario”.
En efecto: desde su aterrizaje a la rectoría en marzo de este año, Del Campo ha liderado un profundo proceso de transformación para evitar problemas económicos mayores.
Pero en su carta, además, el rector deslizaba el motivo del momento económico: “Hoy, el sistema de educación superior enfrenta desafíos complejos en su modo de financiamiento, sobre todo en aquellas instituciones como la nuestra, que se ha comprometido con una formación de excelencia para estudiantes que, en su mayoría, estudian con gratuidad y son la primera generación en sus familias en acceder a la educación superior”.
Cabe recordar que lo que han criticado desde algunas universidades adscritas a la gratuidad es que los aranceles regulados (dineros que les entrega el Estado) no alcanzan a cubrir el costo de las carreras, saldo que, argumenta, deben asumir ellos como instituciones, toda vez que los estudiantes con el beneficio no pagan.
“Tal y como lo reconoció la comunidad transversalmente -lo que quedó plasmado en el informe de búsqueda para una nueva rectoría-, nuestra universidad requiere una mejor gestión que nos permita avanzar hacia un renovado modelo de universidad, y no insistir en el actual. Una mejor gestión implica tomar decisiones difíciles y dolorosas, a partir de un análisis detallado de la realidad de cada facultad, de sus proyectos académicos y la mejor manera de potenciarlos hacia el futuro”, añadía el comunicado, que cerraba así: “Todo esto lo hacemos, finalmente, por la responsabilidad de toda nuestra comunidad con el valor de las trayectorias de quienes estudian y han egresado de nuestras aulas, para así preservar y proyectar en el tiempo el aporte singular que como universidad hacemos a la sociedad”. (La Tercera)
