La bancada de diputados de la UDI, entregó en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet donde demandan «un diálogo pronto y útil» para solucionar al paro que mantienen desde hace 29 días los trabajadores del Registro Civil.
La misiva será entregada por la jefa de la bancada gremialista, María José Hoffmann, el subjefe, Juan Antonio Coloma y el diputado Gustavo Hasbún.
En el documento al que tuvo acceso Emol, los legisladores señalan que «creemos que el Gobierno tiene el deber –por mandato Constitucional– de buscar formas de arreglo con los funcionarios de este servicio», dando cuenta de paso de la existencia de «más de 1,5 millones de trámites» pendientes debido a la movilización.
Los diputados aseguran que «no compartimos ni hemos compartido nunca medidas de presión contra la autoridad; siempre hemos privilegiado el diálogo por sobre este tipo de situaciones, que al final del día a nadie beneficia y sólo perjudica a la población que es la más alejada y distante de los problemas entre el Gobierno y sus funcionarios».
No obstante, los legisladores advierten que «sin duda que las señales dadas por las autoridades en conflictos similares, han sido entendidas por los distintos gremios como una carta blanca para presionar y obtener». Recordando así el bono por término de conflicto de 6,3 millones de pesos dado a los empleados de BancoEstado.
De esta forma, la bancada dice a la Mandataria que «éstas son las consecuencias de señales zigzagueantes y erráticas, donde para algunos hay recursos y para otros sumarios, Ley de Seguridad Interior, descuentos, etcétera».
Y al igual como lo han hecho desde distintos sectores de la oposición, los diputados acusan que «para el Gobierno el reemplazo en huelga es inaceptable en el sector privado; pero cuando se trata de una paralización de funcionarios públicos, ahí si procede esta medida, lo que es una evidente inconsecuencia», haciendo alusión a la reforma laboral.
Días atrás, los diputados anunciaron que estudiarán acciones fiscalizadores ante el conflicto, no descartando incluso una posible interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, o la realización de una sesión especial para abordar el tema en la Cámara.
