La oposición alzó la voz y acusó al Gobierno de tener un «trato diferenciado» entre el paro de trabajadores eventuales en el Puerto Coronel -Región del Biobío- y las movilizaciones de un grupo de camioneros del norte que iniciaron el lunes por «inseguridad».
En concreto, el jefe de bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Felipe Donoso, advirtieron una grave «incoherencia» y una eventual «discriminación» por parte del Ejecutivo.
Esto, según exponen porque mientras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, amenazó con instruir a Carabineros para que apliquen «todo el rigor de la ley» contra los transportistas, en paralelo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara llamó a la empresa Puerto Coronel a «buscar soluciones» con los trabajadores que se encuentran movilizados desde hace 50 días, «pese a que durante todo ese tiempo han estado bloqueando los distintos accesos al terminal marítimo».
Por esas razones, es que los diputados Coloma y Donoso instaron al Gobierno, pero en específico a Monsalve a la titular del Trabajo a «no imponer su pensamiento e ideología» en la solución de los dos conflictos, emplazándolos a actuar de manera «imparcial» y «sin sesgos» en ambos casos.
«Es absolutamente inaceptable que las actuales autoridades estén aplicando un trato diferenciado en las dos movilizaciones que actualmente existen en nuestro país, porque mientras el subsecretario Monsalve amenaza con aplicar todo el rigor de la ley contra el gremio de camioneros, que lo único que están exigiendo es poder trabajar con mejores condiciones de seguridad, la ministra Jara llama a buscar una solución con los trabajadores portuarios, ignorando que mantienen bloqueado hace casi dos meses los accesos al terminal marítimo y que le han impedido a más de 600 funcionarios ingresar a cumplir sus labores», ahondaron.
En ese sentido, remarcaron que «es evidente la discrepancia que existe entre ambas posiciones y la falta de imparcialidad con la que ha actuado el Gobierno». «No puede ser que el Gobierno amenace con aplicar mano dura contra un gremio que inició una paralización parcial y limitada, mientras que con otro sector, que lleva más de 50 días en esta situación, actúen de manera absolutamente pasiva y temeraria, aparentemente por razones políticas e ideológicas», agregaron.
«Las actuales autoridades tienen que comprender que ya no forman parte de los movimientos sociales y no pueden estar validando las movilizaciones, como lo hicieron sistemáticamente cuando eran oposición. Hoy tienen la obligación de garantizar el orden público y no pueden seguir actuando de forma imparcial, como ha quedado en evidencia esta semana», reiteraron Coloma y Donoso. (Emol)
