Durante la mañana de este miércoles, el Consorcio de Universidades del Estado, abordó el anuncio realizado en la jornada de ayer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto del reajuste salarial a trabajadores del sector público.
A través de un comunicado los 18 rectores y rectoras de las universidad que integran el Consorcio, manifestaron «nuestra profunda sorpresa y contrariedad por la decisión de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo de nuevamente marginar a las y los funcionarios, profesionales, profesores e investigadores de las Universidades Públicas, del reajuste salarial de 4,3% que le corresponde a todos los trabajadores del sector público a contar del 1° de diciembre de 2023, conforme a lo anunciado por las autoridades».
En esa línea, aseguraron que «esta discriminación desconoce el acuerdo tripartito suscrito por el Ministerio de Educación con los gremios de las universidades y sus autoridades académicas, después de un trabajo conjunto de un año, que fijó como un principio mínimo avanzar hacia la igualdad de trato entre todos los funcionarios públicos en materia de reajuste legal».
Con lo anterior, añadieron, «es incomprensible e indefendible el doble estándar con que se sigue tratando a los trabajadores de las Universidades Públicas por parte del Estado, que les exige cumplir en su labor diaria con las obligaciones y normas propias de empleados públicos, pero les excluye luego del reajuste salarial de dichos trabajadores».
«Más aún, resulta particularmente ominoso y falaz que, en el protocolo de acuerdo del reajuste salarial, se trate de pasar como novedad y buena noticia que las Universidades podrán financiar con sus propios recursos actuales este reajuste, haciendo uso del Fondo AlUE para esos fines, cuando las autoridades saben que ese Fondo está muy lejos de siquiera cubrir los gastos básicos de las instituciones«, agregaron.
Acusando que «en la práctica nos piden financiar el nuevo reajuste con los recursos propios que ya se usan, entre muchos otros fines, para las remuneraciones de los trabajadores, precarizando una vez más a todo el sistema de educación pública».
En ese contexto, en el comunicado indicaron que «más que indignación, expresamos nuestra decepción por el trato discriminatorio que pensamos terminaría esta vez, dados los acuerdos de buena fe alcanzados en la mesa tripartita con el gobierno».
Asimismo, sostuvieron que «es nuestro deber alertar a los gremios y trabajadores de las Universidades Públicas que el reajuste anunciado no podrá ser automático ni universal como ocurre en todos los demás entes del Estado, porque no se nos entregarán los recursos efectivos para financiarlo«.
Así, concluyeron haciendo un llamado «a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de este trato desigual, injusto, y discriminatorio con que el Estado como empleador actúa con los trabajadores de las Universidades Estatales». (Emol)
