El nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES), presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que pone fin al CAE, modifica las condiciones que extenderían a toda la población el acceso gratuito a universidades e institutos profesionales.
La gratuidad en la educación superior fue una de las reformas impulsadas durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en respuesta a las movilizaciones estudiantiles. Con los nuevos supuestos planteados por el Ejecutivo, economistas advierten que se aplazaría por décadas la gratuidad universal.
El oficialismo se cuadró con la propuesta del Ejecutivo y llamó a «desdramatizar» la situación. El diputado e integrante de la comisión de Educación Juan Santana (PS) respaldó el nuevo mecanismo de financiamiento; aseguró que se trata de «un mecanismo eficiente, utiliza mejores los recursos del Estado que actualmente se despilfarran en el pago de mora o intereses por concepto de CAE».
Además, recalcó que «la gratuidad va a seguir avanzando en la medida que el país tenga la capacidad fiscal para responder a esa demanda, pero en el intertanto entregar una solución a los estudiantes que están agobiados por la deuda educativa es un imperativo. Ambos apuntan a lo mismo: A entender la educación como un derecho y no como un negocio».
El jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, hizo un llamado a «desdramatizar la discusión y evitar el pesimismo de algunos especialistas que sugiere que el Gobierno está postergando la implementación de la educación gratuita universal por décadas. El Gobierno tiene una agenda de crecimiento, y se espera que el PIB no minero aumente con el tiempo, esos son supuestos que no consideran algunos economistas».
Agregó que «la pregunta clave es por qué llegamos a esta situación que requiere modificar gatillos. Esto se relaciona con la consolidación y formación del FES para financiar la educación de los deciles 7, 8, 9 y 10.
«También es importante recordar que el crecimiento anunciado para la cartera de Educación en la ley de presupuestos 2025 se destina principalmente a ampliar la cobertura de la gratuidad, tendencia que ha ido creciendo en el tiempo por el como se genero el mecanismo administrativo por el gobierno de Piñera.
«El 57% del presupuesto de educación superior se destina a la gratuidad, sin financiar misiones universitarias importantes como la investigación.
«Desde la discusión del proyecto de educación superior en 2014 hasta su promulgación en 2018, hubo nuevos gastos permanentes comprometidos como la PGU implementada por el presidente Piñera, con un mecanismo para asegurar ingresos como la modificación tributaria que fue lamentable que apretó el espacio fiscal».
Finalmente, acusó que «plantear que hay una restricción fiscal y un mal diseño de la gratuidad es ignorar los malos proyectos y la mala planificación fiscal del Gobierno de Piñera, que dejo lastres a mediano y largo plazo que costarán años solucionar».
VISIÓN OPOSITORA
El diputado Sergio Bobadilla (UDI), que también integra la comisión de Educación, planteó que «la mayor preocupación que nos asiste es quién va a poner las diferencias de recursos al eliminar el copago. Porque hay estudios que indican que las universidades dejarían de percibir el equivalente a lo que hoy día perciben por gratuidad. Entonces la interrogante es bajo qué modalidad y quién va a financiar esta diferencia. Lo que implicaría en definitiva, si no se entregan recursos adicionales por concepto de copago, que muchas universidades irían a la quiebra».
Manifestó que «sería una catástrofe desde el punto de vista financiero si efectivamente este proyecto elimina el copago. Por eso aquí el Gobierno debe y tiene que dar respuestas claras quién y cuánto es lo que se van a poner adicionalmente para suplir los recursos que van a dejar de percibir las universidades por concepto de copago».
En esa línea, Hugo Rey (RN), integrante de la comisión de Educación y subjefe de bancada, dijo que «creo que uno de los puntos relevantes a ver en el debate va a ser el copago, que se elimina para el séptimo, octavo y noveno decil, lo que va a generar una crisis financiera enorme en las universidades. Por otro lado, también está la condonación universal del CAE, que fue la promesa que el presidente hizo para ser elegido, pero que hoy día no se estaría cumpliendo».(Emol)
