Conscientes de la importancia que tiene para las personas de nuestro país mejorar la salud, en el contexto actual de crisis e inestabilidad del sistema de salud chileno, aceptamos la convocatoria del Senado de integrar un comité técnico para la reforma del sector salud y así construir consensos transversales para mejorar un área que ha sido objeto de debate por décadas en Chile.
Si bien provenimos de visiones diferentes respecto del futuro de largo plazo del sector salud, logramos acuerdos, en poco tiempo, de 65 recomendaciones con sustento robusto que, aplicadas en conjunto y armónicamente, se hacen cargo de la mayoría de los problemas que el sistema arrastra por años. Entre otros, el rechazo o cautividad por preexistencias en isapres; la falta de transparencia en planes y aranceles; las listas de espera y necesidad de mayor productividad en el sector público; el alto gasto de bolsillo y la falta de defensa de los derechos de los pacientes.
La implementación de estas recomendaciones nos permitiría avanzar en un área tan sensible y clave para el desarrollo de las potencialidades de las personas y la sociedad, como es contar con una buena y oportuna atención de salud.
Nuestras recomendaciones de ajustes se focalizan en seis áreas concatenadas, que buscan instalar y consolidar los principios de solidaridad y no discriminación en salud: isapres, Fonasa, prestadores públicos y privados, subsidio por incapacidad laboral y Superintendencia de Salud. En las isapres, se planteó el fin de la discriminación por riesgo (término de la declaración de salud al ingreso), introducción de mecanismos de solidaridad (compensación por riesgo de todo el plan de salud) y un plan único obligatorio, transparente y estandarizado.
En Fonasa, se busca que pueda cumplir los compromisos adquiridos con sus usuarios, activando automáticamente las garantías ante incumplimiento de los tiempos de espera GES y listas de espera no GES, y mejorar las coberturas en la modalidad de libre elección, por ejemplo, en atenciones de urgencias y hospitalizaciones, incorporando para ello coberturas complementarias catastróficas.
Respecto de los prestadores públicos (hospitales y centros de salud familiar), recomendamos avanzar en universalizar la Atención Primaria de Salud para todas las personas y realizar ajustes en la normativa y financiamiento hospitalario que aumenten su productividad.
En cuanto al subsidio por incapacidad laboral, se propone un nuevo modelo de administración, con igualdad de condiciones para las personas, aseguradores y demás participantes, así como herramientas para combatir el fraude, y la eliminación de la carencia de los tres días en conjunto con una disminución del subsidio en el tiempo, empalmándolo con otros beneficios sociales.
Finalmente, a la Superintendencia de Salud se le entrega una serie de atribuciones para proteger a los pacientes (arbitrar entre prestadores y aseguradores, revisión de garantías), lo que requiere examinar y fortalecer su institucionalidad.
Sin renunciar a nuestras legítimas aspiraciones respecto del sistema que cada uno de nosotros desea para el futuro, nos une la necesidad de lograr acuerdos transversales en torno a las recomendaciones que presentamos en este informe y que esperamos contribuyan a reformar nuestra legislación y transformen positiva y sustancialmente nuestro sistema de salud. (El Mercurio)
Cristián Baeza
