Este gran engaño constituye un lastre para la calidad de la educación chilena. Los sistemas escolares exitosos logran reunir profesores efectivos y estos, en una gran proporción, no son aquellos que provienen del 50% inferior de aptitudes académicas. A partir de, al menos, 2010 se originó un debate respecto de la realidad que experimentaba Chile en este ámbito. Este pareció concluir con exigencias académicas concretas en la ley de 2016 antes señalada. Desde ese entonces, dichas exigencias se relajaron una vez y se han postergado más de una. La última acaba de ocurrir.
Junto con esta acción se anunció su revisión. Diversas universidades han anunciado que participarán decididamente en ese proceso. Alertan sobre el riesgo de que el país se quede sin docentes. Sin embargo, entre 2009 y 2024 su número aumentó en 46%, agregando casi 84 mil a la dotación existente. A su vez, el número de estudiantes ha retrocedido levemente, esperándose una aceleración en los próximos años. Asimismo, en los últimos seis años del orden de 40 mil personas relativamente jóvenes han abandonado la profesión docente. Una gestión apropiada de esa realidad limita aún más los riesgos de un eventual déficit.
Es imposible no sospechar de una estrategia de medias verdades para mantener definitivamente reducidas las exigencias de acceso a la pedagogía. Por supuesto, también el estatus de la profesión docente y la posibilidad de que nuestros niños y jóvenes cuenten con docentes más efectivos. Esta situación debe evitarse. (El Mercurio Cartas)
Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC
