Ha cobrado fuerza el debate sobre la eficiencia y calidad de nuestro Estado, motivado tanto por la estrechez de las cuentas fiscales y el nulo crecimiento de nuestra economía, como por las agresivas agendas de Trump y Milei en la materia. Aprovechemos esta coyuntura para avanzar con decisión en un par de transformaciones centrales que permitan reimpulsar el extraviado crecimiento de nuestra economía.
Empleo público. El costo fiscal del empleo público ha aumentado a casi el 7% del PIB (FMI), con un incremento durante los últimos 10 años del 57% de los puestos de trabajo en el gobierno central, quintuplicando la creación de empleo privado del periodo -tan solo un 12%- (INE). Este aumento indiscriminado no se ha visto reflejado en mejores servicios para los ciudadanos. La inamovilidad es la tónica y aun cuando las huelgas son ilegales, sistemáticamente se viola la ley con paralizaciones que afectan la continuidad operacional. No es razonable que las reglas del juego del empleo público sean de 1989, añejas y extemporáneas, y que los cambios recientes sean a partir de sucesivos dictámenes de la Contraloría. Frente a esto, el cambio más importante es al régimen contractual de los funcionarios públicos: se debe reemplazar la antigüedad y los derechos adquiridos, por el mérito y los resultados como criterios de ingreso, evaluación y desarrollo. Es necesario reducir y limitar los puestos políticos, separando los cargos de confianza de aquellos de carrera, además de promover la movilidad horizontal y crear incentivos para la innovación y mejorar los servicios a los usuarios. Se debe cerrar la llave al ingreso indiscriminado al sector público de personas sin las competencias necesarias. Para ello, se podría establecer una nueva regla fiscal, para que el aumento del empleo público no supere la creación de empleo privado.
Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). En la USS estimamos que el costo de la burocracia excesiva en el SEIA fue de casi US$ 2.000 millones el 2023. Mientras una década atrás se aprobaban proyectos por más de US$ 30.000 millones, el año pasado apenas llegamos a los US$12.000 millones, con tiempos promedio de 985 días, más del doble de la cifra histórica. Estos retrasos pueden interpretarse como un impuesto oculto a la inversión: para la rentabilidad de un proyecto, es mucho más importante reducir 2 o 3 años la tardanza en la implementación que bajar la tasa corporativa a 25%. Al respecto, la principal falencia del procedimiento de evaluación ambiental es el excesivo carácter coordinador y poco resolutivo del SEA. Concentrar la toma de decisiones en un cuerpo colegiado, con contrapesos para integrar distintas visiones sobre sostenibilidad, mejoraría su vigencia. Adicionalmente, se le debiera otorgar atribuciones al regulador para estandarizar el procedimiento de permisos y acelerar la calificación de proyectos recurrentes. Países como Portugal han establecido procedimientos abreviados con estándares predefinidos. Los proyectos podrían optar voluntariamente por este régimen con reglas de aprobación expeditas, bastando una declaración jurada simple para obtener un permiso en un plazo mínimo. Estas medidas podrían reducir los plazos hasta en un 80% para el 80% de los permisos.
Eficiencia del gasto público. Fusionar ministerios como Vivienda y Bienes Nacionales, y consolidar en un solo ministerio político -de la Presidencia- las actuales tareas de Interior, relación con el Congreso y vocería, fortalecerían su agencia y reducirían los incentivos a crear más burocracia. Por otro lado, traspasar progresivamente recursos desde los actuales 700 programas gubernamentales a transferencias monetarias directas, permitiría reducir costos de transacción y entregarían libertad a los beneficiarios para usar esos recursos según sus necesidades. Replicar la exitosa experiencia del presupuesto base cero ajustada (2021), que permitió redestinar 0,6% del PIB a prioridades ciudadanas y asegurar que el sistema de compras públicas pague precios de mercado para ahorrar, tal como lo señaló la FNE en 2020, los US$ 840 millones que el Estado paga en sobreprecios cada año, contribuirían también a un mejor gasto fiscal.
Un mejor Estado es prioritario para retomar el crecimiento económico, construir más confianza y entregar servicios públicos de calidad. Debemos ser obsesivos y metódicos: no dejemos pasar esta oportunidad.
Alejandro Weber
Decano Economía y Gobierno USS
