Desde que asumió, la Presidenta Michelle Bachelet ha justificado la necesidad de hacer reformas estructurales amparada en que generarían “paz social”, pero en su año y medio de administración ha habido, en promedio, una paralización ilegal al mes en los servicios públicos del Estado, que por su naturaleza son monopólicos e irremplazables, generando perjuicios a miles de personas.
La exigencia en común de todos los funcionarios paralizados es que les aumenten los sueldos, bonos y grados y que les mejoren su situación contractual, pasando de honorarios a contrata, pero el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, insiste en que no hay recursos para atender dichas demandas laborales.
“La Presidenta dijo que estamos en un contexto más complejo económicamente y hay un dato que es tremendamente relevante y es el precio del cobre. Disponemos de menos recursos para hacer las cosas que habíamos comprometido. Eso nos obliga a priorizar, a ser austeros, a ser responsables”, dijo ayer el ministro secretario general de Gobierno.
GASTO EN PERSONAL
Sin embargo, la verdadera prueba de fuego la tendrá el Gobierno en las próximas semanas cuando el Ministerio de Hacienda negocie el reajuste salarial con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Ya el director de Presupuesto,Sergio Granados, advirtió que será muy difícil otorgar un reajuste para el sector público similar al del año pasado, de 6%. Sin embargo, en el último año la inflación ha sido de 5%, lo que podría llevar las presiones a un monto mayor.
De hecho, el 21,1% del aumento del presupuesto de 2016 se destinará a gastos en personal, lo que equivale a más de US$1.100 millones. Esos recursos se podrán usar en aumentar salarios o contratar más funcionarios públicos, que se sumarían a los 91 mil que se han incorporado desde que Bachelet asumió el poder en marzo de 2014.
PAROS EN SERVICIOS
Actualmente hay tres paralizaciones de servicios públicos en paralelo: los funcionarios del Registro Civil, que suman 10 días y miles de trámites cancelados; y también los odontólogos y químicos farmacéuticos que trabajan en el sector de salud. Y hasta hoy en la madrugada, que se logró un acuerdo con el Ministerio de Justicia, el paro de Gendarmería, que dejó congeladas 150 audiencias.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, amenazó con que “mientras no tengamos el bono sobre la mesa no se abren las puertas”, situación que ha llevado al Gobierno a disponer de atención en las oficinas de las intendencias y del Instituto Nacional de Previsión Social (IPS) en el país, pero que están colapsadas. Según testimonios recogidos por la prensa, las personas tienen que pernoctar durante tres noches para ser atendidos, e incluso hay quienes venden los tickets de atención en $30 mil.
En el Centro de Justicia también se reemplazaron funcionarios –si bien el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo prohíbe esa práctica- con 200 trabajadores administrativos de Gendarmería.
El área de salud ha tenido más de 10 movilizaciones durante esta administración, liderando todos los paros ilegales. La última fue la que hizo la poderosa Federación de Trabajadores de la Salud (Fenats) el 11 de agosto que involucró a 80 mil funcionarios de ocho gremios de 200 hospitales.
Otro paro de alto impacto fue el de los funcionarios de la DGAC que afectó a más de 50 mil pasajeros y 324 vuelos en Santiago y regiones durante las Fiestas Patrias. Los trabajadores pedían, entre otras cosas, incorporarse al sistema de previsión de las Fuerzas Armadas.
El mes pasado también paralizaron los trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante dos semanas exigiendo una mejora sustancial de remuneraciones, además de la adecuación de las condiciones laborales del servicio a su rediseño. “Todos los funcionarios han obtenido los grados que se prometieron, y por lo tanto, hemos logrado prácticamente el 100% de nuestra propuesta”, señalaron los trabajadores, luego de conseguir que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, accediera a sus exigencias.
En mayo los funcionarios de Aduanas paralizaron durante nueve días, afectando principalmente a los puertos. Finalmente, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, firmó un compromiso de aumentar gradualmente la planta en 2.300 trabajadores a 2018.
