Este año parte con una mala noticia: el Imacec de noviembre retrocedió 2,5% respecto de igual mes de 2021. Si bien se trata de un dato de 2022, vino a recordarnos que 2023 será difícil, un año de recesión económica.
Nuestro país enfrentará este año un muy débil panorama externo, en que, según las proyecciones recientes de los más reputados organismos internacionales, más de un tercio del mundo estará en recesión. Chile tendrá, además, un intenso debate de reformas estructurales que mantendrán un alto nivel de incertidumbre político-económica, así como un ajuste macroeconómico pendiente derivado del exceso de gasto (motivado fundamentalmente por los retiros). Esto implicará una caída del consumo, de la inversión y del producto, junto con un deterioro del mercado laboral.
Solo en lo que respecta a la inflación y las tasas de interés —que subieron con mucha fuerza en 2022—, el panorama debiese ser mejor en 2023. Esperamos que, como consecuencia de la menor demanda externa e interna, las presiones inflacionarias se reduzcan y el Banco Central pueda comenzar a bajar las tasas de interés, generando un alivio tanto para las personas como para las empresas.
Sin embargo, eso no quita que durante este año los precios seguirán altos —pues solo subirán a un menor ritmo— y con alta incertidumbre política y económica, según ha ido revelando el Índice de Incertidumbre Económica de Clapes UC. Por tanto, desde el punto de vista de la actividad, de las ventas y las oportunidades, 2023 será aún más complejo que este.
Por otra parte, y como hemos visto, es probable que se reactiven iniciativas legislativas de nuevos retiros de fondos previsionales u otras medidas de carácter populista que el Gobierno se verá en la obligación de frenar, desviando la atención de los temas prioritarios del año.
En este escenario, el Gobierno tiene la oportunidad de jugar un rol muy importante no solo reduciendo la incertidumbre, sino también acotando los daños económicos y sociales que pueden provocar las reformas estructurales al sistema de pensiones y tributario.
Para ello se requiere voluntad de diálogo y avanzar en las materias en las que haya consenso, pero sobre todo acotar el tamaño de las reformas, evitando el maximalismo que se busca con los proyectos que ingresaron al Congreso.
Lo anterior es fundamental, ya que si bien los titulares de las reformas apuntan a temas prioritarios para el país, sus textos y detalles tienen serios problemas de diseño que deben subsanarse para reducir sus negativos impactos económicos y sociales.
Hasta el momento el Gobierno no ha considerado el importante espacio para reasignar gasto público mal evaluado o mejores posibilidades de compra para el Estado. De acuerdo con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, el fisco podría ahorrar cerca de 0,8% del PIB (unos US$ 2.400 millones) por año solo en programas mal evaluados. Ello generaría recursos permanentes para cubrir necesidades sociales sin el daño a la economía que provocaría la reforma tributaria en su actual estado. Ojalá el Ejecutivo considere esta y otras ideas. No será fácil discutir estas reformas al mismo tiempo que se desarrolla un proceso constituyente en, por si no fuera poco, un año de recesión económica. Hasta el momento, parece haber poca conciencia de ello.
Una buena oportunidad en este sentido es que como país le demos máxima prioridad al crecimiento económico, que más allá de recibir ocasionales menciones no ha encontrado espacio significativo en las políticas públicas. Un gran acuerdo para una recuperación económica sostenible es de los elementos que más falta le hacen a Chile. (El Mercurio)
Felipe Larraín B.
