En un campo minado se convirtió la reforma a las pensiones para Chile Vamos. Pesa sobre él haber apoyado una reforma tributaria en septiembre de 2015 que, apenas un año después, tuvo que ser modificada porque cientos de circulares no lograban aclarar su complejidad y que además no recaudó ni la mitad de lo que pretendía. Por el contrario, lo que Bachelet consideró “un hecho histórico” para lograr tener una” educación publica gratuita y de calidad”, entre otros derechos sociales, arruinó el futuro económico del país.
El Gobierno, en cambio, a pesar de que su barra brava está dividida, sólo saca dividendos. De aprobarse, será su principal legado, y mantiene controlado al Frente Amplio y al PC vendiéndola como “un proceso”, que “abre la puerta para futuros cambios que terminen con las AFP”, como reza una minuta oficial con ideas fuerza.
En la oposición, en cambio, mientras unos hablan del “coraje para alcanzar acuerdos” (senador Coloma), otros, como José Antonio Kast, reprochan a Chile Vamos haberla acordado con La Moneda “a escondidas de los chilenos”. Y Johannes Kaiser advirtió que “la gente común y corriente va a castigar a los parlamentarios que participen de este negociado”. Hasta Ximena Rincón, de Demócratas, ha hecho fuertes reparos.
La división ha puesto en una difícil situación a la candidata más clara del sector, Evelyn Matthei, quien ha pedido más tiempo para opinar, valorando que se busque resolver las pensiones más bajas que reciben las mujeres al jubilarse, por su mayor expectativa de vida, y que el 6% sea de propiedad de los trabajadores. Pero, sabiamente, trasladó al Consejo Fiscal Autónomo la responsabilidad de pronunciarse sobre su sostenibilidad financiera en el tiempo y no sea un pan para hoy y hambre para mañana.
Pero a pesar de la premura con que se comenzó a votar en el Senado la reforma, al día siguiente que el Ejecutivo presentara 176 páginas de indicaciones, falta mucho para saber cómo sale. La discusión técnica no ha terminado y el factor político siempre depara sorpresas.
Entre los asuntos técnicos, uno de los más importantes es aclarar si la carga que representará para el Estado este conjunto de propuestas es superior o no al beneficio que pretende repartir, o si hay una forma más simple de hacerlo sin crear nuevos organismos estatales, que además cobrarán comisiones adicionales a los trabajadores. ¿Alegará alguien por las dobles comisiones?
Un alza del 70% de las cotizaciones es mucho, aún con una gradualidad de 9 años, se han quejado los empresarios que enfrentan mayores costos laborales (salario mínimo y 40 horas). El temor es que incentive la informalidad y castigue el empleo que bajo este gobierno no ha podido recuperar 300 mil puestos que se perdieron con la pandemia, a pesar de los masivos aumentos en plazas estatales.
Pero no sólo eso, sino que el mayor reproche, dentro de la oposición, es que en realidad sólo 4,5 de un total de 8,5 puntos irán directamente a la cuenta individual, la que será perjudicada en la gradualidad de las alzas, porque sólo a partir del tercer año, y en una parte ínfima, los trabajadores recibirán esta cotización en sus cuentas. Los restantes 4 puntos los recaudará el Instituto de Previsión Social (IPS) para asignarlos a un préstamo al Estado (1,5%) al Bono Tabla para igualar pensiones de mujeres con los hombres (1%), más el 1,5% que hoy pagan empleadores por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, cuya administración es hoy privada, pero con el IPS será estatal. Todos estos aportes constituirán el mentado “seguro social”, que administrará un nuevo Fondo Autónomo Previsional con un organismo técnico también por crearse.
Nadie está en contra de mejorar las pensiones. Con sólo 4,5 puntos extras, subirían en un 45%. El punto de los políticos está en congraciarse con los actuales pensionados que votarán en las próximas elecciones y como no hay plata, se hace a costa de las cotizaciones de más de 7 millones de trabajadores formales que le aportarán más de 7 mil millones de dólares anuales al Estado. A cambio, cuando jubilen, recibirán un bono, que recién entonces será transable, pagadero en 240 cuotas. La pregunta de cajón es si ahora el Estado no tiene los recursos, ¿los tendrá al cabo de 20 o 30 años, cuando el porcentaje asignado a préstamo al fisco (1,5%) deba volver a las cuentas individuales? Y si las platas no alcanzan, ¿se elevará el “préstamo” al Estado?
Atenta contra la lógica en un país donde la natalidad está en picada creer que habrá suficientes aportantes a futuro. El estudio de David Bravo de fines del 2023 demostró que los futuros pensionados tendrán peores tasas de reemplazo que los actuales.
En todo caso, y apuntando al “no + AFP” que suscribe el Presidente, el Estado podrá participar en el stock de licitaciones ofreciendo las comisiones más bajas. El proyecto señala que quien lo haga no debe tener sobre el 25% del total de afiliados no jubilados al sistema y el IPS está autorizado a contratar inversores que, con una comisión más baja, podrían apoderarse de la mitad de los fondos e influir radicalmente en el mercado de capitales (¿para llevarlo a la tumba, como ha prometido Boric?). La minuta del Gobierno le dio garantías a sus “barras bravas”, asegurando que en marzo ingresará un proyecto para tener un “gestor de cuentas públicas”.
Hacienda se ha esmerado en aclarar que la deuda y el gasto total del Fisco con esta reforma (que calcula sobre los 3 mil millones de dólares partir del año 31) no afectará el déficit fiscal ni la alta deuda del gobierno central, porque al igual que la deuda de las empresas públicas, se registrará como pasivo contingente. Pero la diferencia es que, en este caso, la deuda tendrá que pagarse, donde sea que figure.
Sin tiempo para entrar en el detalle en la discusión, la votación en el Congreso que pretenden despachar en enero, dependerá de que el Gobierno y Chile Vamos logren alinear a los suyos e imponer sus visiones que son contradictorias entre sí: que “fortalece el sistema de capitalización individual y garantiza su sostenibilidad” (en la oposición) versus “abre la puerta a la estatización del sistema y elimina las AFP” (en el oficialismo). La ministra del Trabajo Jeannette Jara está en eso, buscando convencer a los suyos que sí será posible después separar la industria o plebiscitar la continuidad de las AFP, como han propuesto desde el PC.
Por supuesto que esa convicción de asunto inconcluso aleja cualquier certeza jurídica respeto al futuro del sistema previsional y la oposición tendrá que despejar luego si convertirá esta reforma en su karma para enfrentar debilitada el reemplazo del gobierno del Frente Amplio, el PC y el Socialismo Democrático. (El Líbero)
Pilar Molina
