Las universidades públicas están sometidas a trabas burocráticas como si fueran una repartición ministerial y ellas se han exacerbado en las últimas dos décadas. Esto no reconoce que la razón de ser de una universidad pública es harto distinta a la de un servicio público común y corriente. La universidad entrega servicios que son de enorme beneficio para quienes los reciben directamente (aumentan significativamente los ingresos de toda su vida laboral) y para la sociedad (hace más productivas a otras personas que no están directamente ligadas a la universidad, crea conocimientos, hace llegar el conocimiento a la sociedad).
El buen funcionamiento de una universidad, pública o privada, requiere de un cierto grado de libertad que le permita a su comunidad ejercer su creatividad (el rasgo característico de cualquier universidad). Resulta que nuestras universidades públicas están seriamente limitadas en el ejercicio de sus funciones por estar sujetas a múltiples controles que nos quitan tiempo, energía, recursos financieros y que terminan minando los esfuerzos que le dedicamos a cumplir con nuestra misión. Ello no significa que yo esté a favor de que nadie nos controle. Pero dichos controles deben orientarnos a cumplir con nuestra misión, no a entorpecerla.
Empecemos por las más importantes. En la Universidad de Chile, debemos someternos a intrusiones permanentes por parte de dos contralorías, la universitaria y la Contraloría General de la República. Se nos controlan todos nuestros actos: contrataciones, compras de insumos, licitaciones, cuándo y cómo podemos salir del país, cómo y cuándo podemos asistir a reuniones dentro de la propia ciudad e, incluso, a “marcar tarjeta” (requerimiento tanto para funcionarios como, absurdamente, para académicos). Calentar asiento es lo único que vale.
Los controles de las dos contralorías no son solo ex post sino también ex ante. Desde luego, después vienen las inspecciones y los sumarios por cualquier cosa, incluso las más nimias. La obligación de recurrir al portal de compras públicas para cualquier adquisición a veces le ahorra dinero a la universidad, la mayoría le cuesta más caro. Lo peor del caso es que el fisco solo contribuye un 8% de los ingresos totales de la universidad, pero controla todos sus ingresos y gastos, sea cual fuere su fuente. Desde luego, los planteles privados no están sujetos a estos controles y, por lo tanto, pueden utilizar todas sus energías, creatividad y recursos financieros a cumplir con su misión. Esto, en la jerga económica, se llama competencia desleal. Quiérase o no, competimos por los mejores profesores y los mejores alumnos disponibles. Y para aquellos que amamos a la universidad, competimos por desempeñar cada día mejor la misión que nos ha encomendado la sociedad. Propongo que la reforma de la educación superior incluya la separación de las universidades públicas del aparato estatal y su transformación en entidades públicas independientes sin fines de lucro que le rindan cuenta a las instituciones políticas pertinentes a través de un directorio que represente a la sociedad como un todo. (La Tercera)
