Un total de $ 324 mil millones (unos US$ 470 millones) es el costo que tendría para el Estado terminar con las listas de espera Auge y no Auge, que incluye cirugías y consultas médicas pendientes en todo el país.
Así lo plantea un análisis del economista Ricardo Bitrán -quien ha realizado desde sus inicios los estudios financieros del plan Auge-, considerando las casi 10 mil garantías retrasadas, los poco más de 1 millón 600 mil casos que requieren una atención de especialidad y más de 230 mil cirugías en espera, contabilizadas al 30 de junio pasado (ver tablas).
El trabajo plantea que, de cumplir estas prestaciones a precios del arancel Fonasa, el Fisco pagaría $ 324.566 mil millones. En tanto, al calcular el costo que tendrían las prestaciones para el sector privado, en valores promedio de centros médicos y clínicas, el monto sube a $ 836.043 mil millones.
Este último costo es el que las isapres temen que deberán asumir en caso de que la reforma al sector -que el gobierno enviará al Congreso este año- ponga fin a la declaración de salud que aplican las aseguradoras para seleccionar a sus afiliados.
Bitrán explicó que, de suprimirse este “filtro”, los usuarios de Fonasa se cambiarían masivamente de seguro para resolver sus patologías y evitar las largas esperas. Añadió que se trata de un costo importante pues, considerando los valores de Fonasa, la cifra “es 15 veces superior a las utilidades de las isapres en 2014 (es decir, $ 26 mil millones)”, dijo.
El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dijo que estos datos serán analizados en el marco de los estudios que se realizan para el diseño del proyecto de ley. Aseveró, además, que no hay una proyección exacta de cuántas personas migrarían desde el sector público, pero que la eliminación de la declaración de salud se hará en forma gradual, partiendo por el sector privado, lo que beneficiaría a las personas que actualmente están afiliadas a isapres, postergando a las adscritas a Fonasa.
«La idea es terminar con la declaración de salud en el sistema privado y generar las condiciones para que, en un plazo mediano, la selección de riesgos se termine, porque no está en la lógica de la seguridad de social».
Pedro Barría, abogado de usuarios de isapres, explicó que la migración hacia las isapres “podría ocurrir, porque muchas personas esperan hace años que le resuelvan su problema de salud”.
SISTEMA INTEGRADO
La ministra de Salud, Carmen Castillo, confirmó la gradualidad de la reforma y añadió que con ella se buscará, además, integrar los sistemas público y privado. “Avanzar hacia la integralidad en dos etapas: primero, definiendo un conjunto de prestaciones universales, que puedan financiarse con una combinación de recursos contributivos y no contributivos; y segundo, establecer condiciones para beneficiar a los afiliados del sector público, Fonasa, con una estrategia que incluya una mejor calidad de prestaciones”, sostuvo.
El presidente de la Asociacón de Isapres, Rafael Caviedes, planteó que “estamos dispuestos a aceptar el desafío de crear un sistema integrado de salud, en el entendido de que éste considera un sistema multiseguro, con un mecanismo de compensación de riesgos y libertad de elección. Esa es la única forma de integrar los sistemas”. Caviedes, además, añadió que para esto el Estado tendría que subsidiar a las personas, y ellas tomar las decisión respecto al sistema que elijan. Desde el momento que hay un mecanismo de compensación de riesgo, todos los recursos se mexclan en este fondo y eso permite la movilidad, tarifas planas y evitar la discriminación. Ese mecanismo aplican hoy casi 20 países”.
