“Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quién tenga el poder. El gobierno de Piñera es cómplice activo de esta locura”, escribió en febrero del 2021 -en su cuenta de Twitter- el entonces diputado y ahora Presidente Gabriel Boric. Sus dichos eran la reacción a la muerte de Francisco Martínez (28), malabarista que fue baleado por el sargento Juan González, en medio de un procedimiento policial en Panguipulli.
Ahora, ya sentado desde La Moneda, la visión del Mandatario respecto de Carabineros ha dado un claro giro, pero su frase escrita hace dos años es recurrentemente enrostrada a Boric desde la oposición.
A eso se suma que el caso del sargento González es considerado emblemático al interior de la institución para graficar qué le pasa a un policía cuando hace uso de su arma. Esa vez, el suboficial que alegó legítima defensa -el malabarista se le abalanzó haciendo uso de dos machetes- fue formalizado y sometido a un proceso judicial.
Un año y medio después, el sargento González fue sobreseído por la Corte Suprema, que lo eximió de responsabilidad penal debido a que los jueces entendieron que usó su arma una vez que estuvo en peligro su vida. Es decir: se defendió. A diferencia de otros casos que han causado conmoción pública, Carabineros no dio de baja al sargento González y esperó el resultado judicial que le dio la razón a la versión que desde un inicio entregó el policía.
Este ejemplo de lo que ocurrió en Panguipulli ha reflotado en los últimos días, debido a que esta semana estuvo marcada por el debate legislativo en torno a la votación de la Ley Nain-Retamal. La normativa -promulgada este jueves 6 por el Presidente Boric– eleva las penas a quienes cometan delitos contra el personal de Carabineros, además de que los policías podrán invocar la legítima defensa privilegiada en caso de usar su arma cuando su vida o la de un tercero esté en riesgo.
En la policía uniformada han seguido de cerca este debate y cuentan con una serie de antecedentes sobre lo que ha pasado en los últimos cuatro años cuando un integrante de sus filas ha desenfundado su arma, disparado y herido a un tercero.
La Tercera accedió a parte de esta información, en la que se da cuenta que, desde el 2019 a la fecha, 30 carabineros han sido formalizados por el Ministerio Público a partir del uso de arma, tanto las de fuego como escopetas antidisturbios o lanzagases.
Del total de carabineros que fueron imputados -según la información que ha levantado la policía uniformada-, solo siete fueron condenados. En estos casos se registra la sentencia de 12 años de cárcel contra el excapitán Patricio Maturana. Fue sentenciado en septiembre del 2022 por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en contra de la hoy senadora Fabiola Campillai.
Esta causa penal es una de las más graves que se indagaron tras el estallido social, al igual que la de Gustavo Gatica -en etapa investigativa-, estudiante que quedó ciego a causa de lesiones oculares con perdigones en noviembre de 2019. Ese año, según el registro interno de la policía, se formalizó a 16 efectivos por delitos asociados al uso de armas.
En Carabineros explican que todo funcionario que usa su arma queda en calidad de imputado por la Fiscalía y, además, es objeto de una investigación interna para determinar si usó correctamente la munición.
Esto es algo que ha marcado parte del debate que se dio en torno a la Ley Nain-Retamal, pues antes de esta normativa, cuando un efectivo era blanco de un sumario por lesionar a un civil, no puede ascender de grado y, por ende, poder acceder a una mejor remuneración.
Fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien el 29 de marzo explicó esta situación. “El problema que hay es que mientras se investiga, inmediatamente el policía cae en esta condición de imputado, muchas veces es apartado de la institución, y los fiscales interpretan que si usó su arma y hay un herido o fallecido, desde ese momento queda imputado. Entonces, la dimensión procesal de esto es dónde está el verdadero problema”, dijo en Radio ADN.
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La secretaria de Estado profundizó aún más en algo que preocupaba a Carabineros. “A veces, cuando uno agrede a otro en defensa personal, tiene que ir a explicar a la justicia por qué actuó así. Pero, en cambio, las policías están mandatadas por el Estado a actuar. Cuando hay una situación en la que el policía hace lo que tiene que hacer, inmediatamente queda imputado. Eso no puede ser”, sentenció.
En la Ley Nain-Retamal, que pronto será publicada en el Diario Oficial y que se destrabó tras el asesinato del cabo Daniel Silva y en medio de amenazas del oficialismo de ir al TC, los policías tendrán un nuevo estatus ante la justicia. De usar su arma y resultar una persona herida, serán citados por el Ministerio Público en calidad de testigos hasta que la investigación arroje lo contrario.
Cristián Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, explica que esta sería un arma de doble filo: “Cuando se cita en calidad de imputado al carabinero se le da el beneficio de declarar con su abogado y usar su derecho a guardar silencio. Ahora, serán interrogados como testigos y sin estos derechos”.
Riego, sin embargo, explica “la formalización sí lo perjudica porque ahí se toman medidas cautelares, se le acusa. Es la formulación de cargos completa (…) Distinto es, lo que Carabineros haga internamente con quienes citan en calidad de imputados. Ese ya es una decisión interna, porque estar citados no significa que sean acusados”. (La Tercera)
