Molestia absoluta existe en el entorno de la suspendida ministra Ángela Vivanco luego de que durante la mañana de este lunes el fiscal nacional, Ángel Valencia, informara a la Corte Suprema que había decidido acceder a la petición que se le formuló respecto de entregar las conversaciones que había mantenido la magistrada con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por delitos de corrupción.
Y es que como pudo conocer este medio, el máximo persecutor remitió dichos intercambios al pleno, en atención a que serían uno de los principales insumos a tener en consideración en medio del proceso de remoción de la influyente jueza.
Sin embargo, desde el entorno de Vivanco manifestaron que esto constituiría una completa vulneración a sus derechos y que se pasaron por alto la serie de elementos que ella esgrimió a fin de que se desestimara la solicitud. Dicen que no solo se obvió la oposición que formularon apenas supieron del requerimiento del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, sino que también los planteamientos expuestos en el recurso de amparo presentado la tarde del domingo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Como argumentan fuentes cercanas a la magistrada, el hecho de que Valencia haya remitido las citadas conversaciones implicaría una clara transgresión al artículo 16° de la Ley 19.628 sobre Protección de la vida Privada, por lo que el máximo tribunal estaría impedido de utilizarlas en medio del proceso abierto en su contra. Postulan que se trataría de prueba “ilícita” que podría implicar la nulidad del proceso, por lo que insisten en que deberán esperar que ella misma aporte los datos en sus descargos.
De hecho, conocida la determinación de Valencia la defensa ingresó un téngase presente al pleno de la Suprema donde se lee: “Por medio de este acto, considerando que por redes sociales se ha informado la entrega de mensajería de texto de la Excma. Ministra Vivanco, hacemos presente que el día de ayer se presentó la acción de habeas data del artículo 16 de la Ley N° 19.628 contra del Fiscal Nacional. Se informa para efecto de evitar el uso de dicha infracción de la base de datos de la Fiscalía Nacional en el procedimiento de remoción, para evitar infracciones civiles y penales.
Considerando aquello es que los abogados que representan a la suspendida ministra, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, esperan que, una vez que se declare admisible el recurso que presentaron ante el tribunal de alzada capitalino, se cite a declarar al fiscal Valencia para que detalle las razones que tuvo a la vista para acceder a la “irregular” petición de Blanco.
Con dicha determinación, eso sí, la defensa de Vivanco le “aguaría” las vacaciones al fiscal nacional, pues como pudo conocer este medio, Valencia tiene contemplado partir este miércoles 18 de septiembre rumbo a Europa junto a su familia, considerando una conexión para exponer en el marco de una reunión de la Asociación Internacional de Fiscales que se realizará en Baku, Azerbaiyán.
Y aunque la determinación de ausentarse ha generado cierta incomodidad de personeros al interior del Ministerio Público, regirán las suplencias. En este caso, quedará como fiscal nacional subrogante Héctor Barros.
CARTAS DE LA DEFENSA
En el escrito presentado y firmado por la propia ministra Ángela Vivanco -al cual tuvo acceso La Tercera– se planteaba: “Desde ya solicito a S.S. Iltma. que se le ordene al Ministerio Público que bloquee o impida el acceso de mi información personal, privada y sensible, a terceros ajenos a las misma, respecto de mis conversaciones de mensajería instantánea vía WhatsApp y contenidas en la base de datos de la Fiscalía Nacional sobre extracción de conversaciones con don Luis Hermosilla Osorio, por tratarse de información personal y confidencial que solo puede ser utilizada para los fines que fijan los artículos 83 y siguientes de la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, tales como, la investigación de los hechos constitutivos de delito, y que se le aperciba a adoptar todas las medidas de cuidado y protección necesarias e idóneas para evitar las filtraciones de datos personales y confidenciales respecto de la base de datos señalada”.
Lo anterior, se señala en el documento de 14 carillas, en atención a que con fecha 11 de septiembre solicitó que el fiscal nacional no compartiera los antecedentes mencionados.
“Se solicitó al Fiscal Nacional que bloqueara o impidiera el acceso a terceros de las conversaciones personales de la que suscribe, ya sea para el acceso en procedimiento de remoción que actualmente se tramita en mi contra y otros que fueran ajenos al procedimiento penal, en tanto la extracción de mensajería de texto de la base de datos de la Fiscalía Nacional sobre don Luis Hermosilla Osorio con la presente es información personal y confidencial (…) y quienes la soliciten carecen de fuente legal o constitucional para tener acceso a ella, siendo indispensable que la autoridad adopte medidas de custodia y protección por las reiteradas y constantes filtraciones que acontecen que muestran la vulnerabilidad de la cadena de custodia. A la fecha de presentación de esta acción de “habeas data”, el Fiscal Nacional no ha dado respuesta alguna a mi solicitud, ni se ha pronunciado formalmente al respecto, es decir, transcurrieron los dos días que dispone el artículo 16 de la Ley N° 19.628″, se lee en el recurso.
FISCALÍA ENTREGA CHATS A LA CS
La Fiscalía Nacional entregó esta jornada los antecedentes requeridos por la Corte Suprema, en el marco del cuaderno de remoción abierto contra la ministra Ángela Vivanco, pese a que su defensa alertó que se trataría de algo ilegal.
Se trata de las conversaciones a través de WhatsApp entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, cuya acción se relaciona con la investigación por el caso audios, lo que fue solicitado por el máximo tribunal el pasado 9 de septiembre.
Pese a lo anterior, en julio pasado, la Comisión de Ética de la Corte Suprema ya había hecho una solicitud similar, que fue rechazada por el Ministerio Público.
El abogado defensor de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, señaló que «dentro del marco del debido proceso, de la manera más respetuosa y fundada posible, solicitamos -por escrito- una reunión con el señor presidente de la Excelentísima Corte, para hacerle presente cuál era la única motivación en nuestra petición de eventualmente modificar el camino de una destitución o remoción por el de un acta administrativa 108″.
«En derecho, (dicha acta) otorga más facultades de defensa, posibilidades de rendir evidencia y controvertir los cargos, porque hasta hoy nos hemos visto impedidos de acceder a los antecedentes que se dice formaron parte de la decisión de remover», explicó el jurista.
Manríquez detalló que en los chats «hay nueve contactos de interés» y aseveró que seis de ellos «ha ocurrido antes de que la señora Vivanco sea ministra de la Corte Suprema».
«Respecto de los otros tres, yo sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso y que hoy día pueden explicarse. Si eso es así, ustedes podrán darse cuenta que, dentro del punto de vista legal, por ejemplo, no ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico«, afirmó el abogado.
«No se han pedido ni obtenido ni otorgado favores ni dinero ni prebendas ni ventajas. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener espacio para poder plantear una defensa abierta», sentenció. (La Tercera-Cooperativa)
