La forma en que se ha desarrollado el debate parlamentario respecto de la votación en dos días para las elecciones municipales y regionales de octubre, junto a la intervención que ha tenido el Ejecutivo, son muy dañinas para nuestra institucionalidad democrática. No solo porque reflejan la incapacidad de buscar soluciones permanentes y en plazos oportunos, sino también porque se ha pretendido a pocos meses de una elección alterar sustancialmente las reglas electorales en juego.
El restablecimiento del voto obligatorio implica realizar ajustes a la legislación electoral. De partida, el artículo 15 de la Constitución, reformado en diciembre 2022, junto con consagrar el carácter obligatorio del sufragio para los electores, ordena que “una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación”. Además, el mayor flujo de electores que es esperable con el voto obligatorio, exige pensar en fórmulas que hagan más eficiente y expedito el proceso eleccionario. Sin embargo, es lamentable que, tanto la ley mandatada para implementar el voto obligatorio, como otros ajustes a la legislación que deben hacerse, no se hayan promovido ni tramitado oportunamente, y se haya tenido que proponer una solución transitoria a pocos meses de una elección puntual. ¿Nos encontraremos en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en la misma situación?
Pero más grave que no haber legislado a tiempo, han sido los intentos, tanto de parlamentarios como del gobierno, de alterar elementos sustantivos del sistema electoral a pocos meses de realizarse las elecciones, amenazando con impactar la participación y representación. Peor aún, el texto que despachó el Congreso sin sanción de multa a quienes no sufragan contraviene evidentemente la Constitución, al transformar en los hechos el voto obligatorio en voluntario. Aunque es legítimo volver a debatir en sede democrática sobre la naturaleza del voto, lo que no puede ocurrir es pretender cambiarla solapadamente y, con ello, afectar la integridad del proceso electoral en curso.
Por ello es que al Ejecutivo no le quedó otra opción que reponer la multa mediante un veto. Sin embargo, su actuar ha sido errático, pues intentó en un principio reponerla solo para los ciudadanos, dejando fuera a los extranjeros residentes en Chile habilitados para sufragar, lo que constituía una afectación evidente al principio de igualdad ante la ley. Si bien finalmente el veto contempla una multa para todos los electores, el monto propuesto es considerablemente menor al utilizado en procesos anteriores y a la oposición no le queda otra alternativa que aprobarlo, pese a considerar que no constituye un real disuasivo.
La lección es que pretender alterar las reglas electorales ad portas de una elección es sumamente peligroso. En tiempos en que nuestras instituciones tambalean, resulta esencial que se respeten las normas que habilitan y resguardan nuestra democracia. En ello, tanto los líderes políticos como los ciudadanos tenemos responsabilidad. (La Tercera)
Pilar Hazbun
Coordinadora de Asuntos Legislativos y Jurídicos LyD
