¿Es usted de aquellos que no sabe quiénes son los candidatos a alcalde o concejales en su comuna? No se preocupe. Cerca del 50% de los encuestados, al menos en la Región Metropolitana, declaran no saberlo.
Después de todo no han sido muchos los medios a través de los cuales la población ha podido enterarse.
Podrá decirse que quienes no saben son los que nunca han votado y que tampoco lo harán ahora, no obstante, aún cuando eso sea así, ello podría estar indicando que lo que se ha hecho hasta ahora no ha tenido un efecto positivo para informar a los potenciales votantes.
Así, por ejemplo, la ley “de partidos y fortalecimiento de la democracia”, que fue promulgada en abril de este año y que fijó nuevos estándares para el financiamiento de partidos y las campañas y nuevas exigencias en materia de transparencia, parece no haber tenido efectos en este sentido.
Tal vez nunca los quiso tener y en consecuencia sus artífices y reguladores tampoco.
Pero la verdad es que la ley sí estableció restricciones.
Por ejemplo, se fija el tamaño, lugares y número de los letreros autorizados por el Servicio Electoral (Servel) y reglas relativas a los momentos en que se despliega la campaña. También se acotaron los aportes privados y los procedimientos y velocidad de recepción de éstos.
Lo anterior, junto con la actitud que se tuvo respecto del uso de medios digitales, ha contribuido a reducir o al menos inhibir significativamente la propaganda electoral y el proceso de información.
Otra contribución de la ley, además del hecho que las calles están más despejadas, es que le han entregado a los incumbentes (los que van a la reelección) herramientas útiles para opacar la competencia de quienes los desafían.
¿Cuál? La que permite que la campaña se inicie antes de que los alcaldes dejen sus cargos, es decir, por secretaría se les otorgó un beneficio adicional.
¿Cómo es esto? Muy simple, los alcaldes que van a la reelección podían hacer campaña utilizando todas las ventajas del cargo y los recursos que manejan durante un mes, sin tener que renunciar.
Dicho en otros términos, los incumbentes han gozado de “dinero mediático” toda vez que han podido usar su cargo y sus conexiones con las autoridades para prácticamente hacer invisibles a sus oponentes.
Los efectos inhibitorios ejercidos por las nuevas reglas y las ventajas otorgadas a los incumbentes generan una situación, que esperamos no ocurra, de desincentivar la entrada de nuevos votantes.
E incluso afectar la decisión de votar a quienes argumentan que no es necesario votar si el resultado ya está definido.
En definitiva, es elegir respecto de lo que no se conoce, lo que obviamente no es algo muy sensato, a menos que se perciba el voto como un instrumento de castigo.
Pero para qué llegar tan lejos y gastar tiempo, mejor quedarse en casa.
Por otra parte, si es menor el número de personas que participan (nuevos o viejos votantes) esto tiene un efecto positivo en la reeleccion de los incumbentes.
Pues quienes votarían son sus partidarios más comprometidos, lo que confirma la profecía de que siempre son los mismos.
Pero también habría otro efecto.
Si los incumbentes tienen mayores posibilidades que sus desafiantes, y estos no tienen otras fuentes de atraer recursos, se hacen menos competitivos, y el sistema en su conjunto también.
En resumen, la nueva legislación ha generado un shock informativo, sin perjuicio de otros beneficios.
Sin embargo, no debemos olvidar que la información es fundamental en cualquier proceso democrático.
