El gobierno dio a conocer su propuesta de Presupuesto Fiscal para 2018. Si se dan las premisas utilizadas para prepararlo, la autoridad estaría cumpliendo con el compromiso de reducción del déficit fiscal estructural. Sin embargo, el gobierno sorprendió a los agentes económicos por la magnitud de la expansión fiscal propuesta y se mantuvo fiel a su impronta en materia de distribución del gasto, privilegiando claramente aquel en educación y salud, a expensas de la inversión pública, que no aumentaría.
Una premisa importante que subyace al Presupuesto es que la economía chilena crecerá el próximo año en un 3 por ciento, después de cuatro años de expansiones muy bajas (menos de un 2 por ciento promedio anual). En el mismo periodo, la inversión se redujo en casi un 5 por ciento en 2014, y en una media de un uno por ciento en los tres años siguientes. Si seguimos comportándonos así, sufriremos del síndrome de los países de ingreso medio y dejaremos de encaminarnos al desarrollo.
Pocos discuten que una parte no menor de la baja tasa de crecimiento económico que experimentó Chile desde 2014 se debió a la política económica y social implementada por el gobierno. En ese sentido, el proyecto de Presupuesto 2018 no hace otra cosa que reflejar los principios que subyacen a la mencionada política.
Chile ha construido en las últimas décadas -con grandes sacrificios- las instituciones necesarias para poder aprovechar las enormes oportunidades de desarrollo que ofrece la globalización, nuestros abundantes recursos naturales (incluyendo los energéticos no tradicionales y los hídricos), y el relativamente elevado capital humano que poseemos. El potencial de crecimiento en el agro, la minería (cobre y litio), y los servicios de robótica e inteligencia artificial, para mencionar solo unos pocos rubros, es espectacular.
Sin embargo, el aprovechamiento de esas oportunidades requiere -además de las inversiones en predios, plantas y equipos- aquellas en infraestructura (puertos, aeropuertos, caminos, puentes, tranques, canales, etc.). La mayor parte de esas inversiones podrán ser privadas, pero también se necesita de la inversión pública en aquellas áreas en que la privada no rente lo suficiente para atraerla, pero sus beneficios sociales sean altos.
El Presupuesto 2018 implica, por la relativamente elevada tasa de crecimiento del gasto público de carácter redistributivo, otro año más de un desplazamiento (crowding-out) de facto de la inversión privada. La situación se agrava porque el gobierno también propone congelar la inversión pública. Se trata pues de una aplicación más de una política presupuestaria que, en los últimos años, ha estado contribuyendo a matar a la gallina que pone los huevos de oro, es decir, al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza, y a las posibilidades de un aumento más importante y sostenido del gasto social. (La Tercera)
Rolf Luders
