Ayer, la directiva de la UDI dio a conocer ante la comisión política del partido, la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre los parlamentarios que apoyaron el retiro del 10% de los fondos de las AFP en el Congreso, organismo que dijo no ser competente para abordar el tema, sin pronunciarse sobre posibles sanciones.
Fue el pasado 16 de julio, cuando la colectividad decidió pasar al TS de la tienda a los diputados Sandra Amar, Álvaro Carter, Virginia Troncoso, Cristhian Moreira y Pedro Álvarez-Salamanca, quienes votaron a favor de la medida. Motivo por el cual, Carter, Troncoso y Amar, decidieron dar un paso al costado en su militancia.
Más tarde, los senadores David Sandoval, José Durana e Iván Morerira, también dieron su respaldo a la iniciativa.
Fue el pasado viernes cuando la mesa de la UDI recibió la resolución del TS, la que ayer fue leída durante la sesión de su comisión política.
Al respecto, el secretario general del gremialismo, Felipe Salaberr, explicó a Emol que «nunca el requerimiento al Tribunal Supremo fue de solicitar sanciones al TS por el actuar de parlamentarios militantes. En segundo lugar, lo que se hizo fue un requerimiento de opinión con varios antecedentes, no con respecto a la votación de los parlamentarios, sino que ante la eventualidad de transgredir deberes en su calidad de militantes, como son expresados en la declaración de principios de la UDI, como son el respeto a la institucionalidad, a la Constitución y al no fomentar la demagogia. A juicio de la comisión política en su solicitud, había en el actuar de los parlamentarios, no en la votación, un incumplimiento a esos deberes militantes«.
Según indicó Salaberry, el Tribunal Supremo, «nunca dice no sancionar, lo que señala, que declara que no es organismo competente para conocer una decisión como ésta, entrega más una opinión política, no jurídica, señalando, y eso es lo relevante de la resolución, que debe ser el comité electoral, órgano electoral, otra instancia del partido, quien resuelva la definición de las distintas candidaturas en orden a observar de mejor manera el fiel cumplimiento de la declaración de principios. Además dice que ha visto con preocupación el que algunas autoridades que representan a la UDI en distintas instancias se han separado de ese ideario».
Consultado respecto a si con esto se cierra el capítulo, el secretario general contestó que «absolutamente, en opinión de la comisión política se acata la resolución, fue conversada, analizada, hubo opiniones críticas sobre el alcance o el haber derivado a otro órgano, pero para la directiva lo relevante es que la institucionalidad funcionó frente al actuar de los parlamentarios no de su votación».
«El TS se declara incompetente de conocerlo, pero sí señala su preocupación sobre la creciente opinión de algunas autoridades del partido que representan a la UDI en instancias de elección popular que se han ido apartando de ese ideario y que el órgano competente para ello es el comité electoral en una mejor definición de las distintas candidaturas», remató. (Emol)
