Ciento cincuenta tiros en Bajos de Mena. Un muerto, dos niños en estado crítico. Los atacantes intentaron rematar a una niña de 13 años herida y en una ambulancia.
Una nueva encerrona en San Bernardo. Dos funcionarias del Sapu Juan Pablo II asaltadas mientras se dirigían a su trabajo.
Un taxista fue asesinado a balazos, a manos de desconocidos, en horas de la noche en Quinta Normal.
El defensor de la Niñez criticó la falta de implementación de un plan de seguridad que, a pesar de ser prometedor, sigue sin materializarse.
El Ministerio Público identificó seis hechos clave que indican la llegada del crimen organizado transnacional a Chile, lo que ha generado una violencia sin precedentes, secuestros extorsivos y cobros en fronteras.
Asaltantes roban $100 millones en Meiggs y el auto de la víctima terminó impactado en un poste.
Mientras tanto, la política abocada a la discusión sobre el sueldo de 17 millones de M. Cubillos quien, en respuesta, intenta transformar el asunto en una gesta en defensa de la libertad. Una suerte de libertad negativa, entendida como deber de no interferencia en las decisiones de los particulares. Y así, no solo evade el problema de fondo, sino deja entrever que el sector privado podría funcionar sin reglas y estándares claros. Y aún peor, manifiesta una evidente falta de empatía, que olvida que las explicaciones las demanda la ciudadanía, no solo la izquierda ni la política.
Entrando en el ruedo, dos diputados PS presentan una denuncia por “eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados (…)”. La presentación es atarantada, oportunista, técnicamente deficiente. En ella comenten errores jurídicos burdos. La corrupción no constituye un delito específico, sino un término general que engloba otros tipos, de los cuales los restantes mencionados son solo variantes. Además, se incorporan delitos funcionarios cuando aquí no aparece intervención de funcionarios públicos si no solo particulares. Estos errores revelan, además de una desprolijidad inaceptable, un aprovechamiento político burdo.
La Ministra del Interior, cuya prioridad debería ser la seguridad, se deja llevar por el conflicto con Cubillos, quien, al responder por X, pierde nuevamente la compostura y cae en una falacia argumentativa impresentable. Esto evidencia una preocupante facilidad para desviarse de su rol y un tono más propio de una aspiración presidencial.
Y Chile Vamos, pagando costos, intentando dar y pedir explicaciones por una ex militante que, una vez más, va por libre.
Si sigue por esta ruta, la política corre el riesgo de caer bajo su propia “guillotina,” víctima de su desconexión y ceguera. Porque aunque el debate de fondo es ineludible, las respuestas y acciones no logran abordar el problema y se desvían hacia luchas partidistas, donde los intereses personales priman por encima del bien común, profundizando la brecha entre la política y la realidad social.
El riesgo que corremos es enorme. ¿Cómo podemos exigirle a la ciudadanía que no opte por un sistema autoritario si hoy la libertad es una quimera y el Estado no garantiza su protección? ¿Se puede esperar otra respuesta?
María José Naudon
