21 de mayo: La Moneda evalúa críticamente a general Villalobos

En el Gobierno hay plena conciencia en cuanto a que el tema de la seguridad ciudadana en su conjunto es un flanco que da permanentemente dolores de cabeza a la administración bacheletista y que hoy, este jueves 26, estará otra vez en el foco público por la marcha no autorizada a la que convocaron los secundarios. Por eso, explicaron, se ha actuado con cautela estos días para no echar más bencina al fuego, lo que no significa que el tema con Villalobos esté plenamente superado y, menos, que el análisis interno de lo sucedido durante las manifestaciones en las calles de Valparaíso no esté centrado en determinar las fallas de la policía uniformada, por más que su director general insista en que no hubo tales.

El mismo sábado 21 en la tarde, el general Villalobos sacó una declaración sobre los incidentes en Valparaíso en la que sin anestesia dijo: “Basta ya de poner siempre en tela de juicio a los Carabineros. Nosotros ponemos el pecho a las piedras, las balas, los fierros y al final siempre encuentran un pero (…) acá no falló la inteligencia policial, al morir un trabajador, que es padre de un carabinero, por acciones de delincuentes, el que falla es el país, las familias que no ejercen su rol de autoridad para frenar a estos individuos que le perdieron el respeto a la vida».

Desde ese momento en La Moneda las opiniones oscilaron desde hacer notar el “desagradable tufillo a sedición” en las palabras del director general, que no correspondían a las de una institución subordinada al poder político, hasta que en la forma y el fondo se notaba que se trataba de una reacción “visceral” y no una respuesta institucional meditada. “No estuvo a la altura de su trayectoria, cometió un error grande”, aseveró un alto asesor vinculado al tema de seguridad.

La misma lectura se hizo en distintos sectores de la Nueva Mayoría, donde como mínimo les extrañó que el director general de Carabineros desplegara una arenga de ese calibre. Lo vieron “fuera de control”, “alterado”, que opinó “en caliente” y que, con acciones de este tipo, Villalobos abusó de la cercanía que tiene con la Presidenta Michelle Bachelet, ya que –recordaron en el oficialismo– fue su escolta durante su primer mandato, los años 2006 y 2007.

Incluso, en el seno de La Moneda algunos tomaron nota de las palabras de Villalobos como una señal de la autoridad policial de querer poner cierta distancia del Gobierno, un intento por ejercer un grado de presión y una suerte de advertencia de querer demorar logros solicitados desde el Ejecutivo en esta área. Para algunos en Palacio no pasó inadvertido que el general permanecerá en el cargo más tiempo de lo que durará la administración Bachelet y, por ende, privilegió en este episodio dar una señal a la galería, un mensaje interno a las filas de la institución: “Las palabras del general son un reflejo del clima que hay en Carabineros”, agregó una autoridad palaciega. En el Ejecutivo dicen que pueden comprender ese “sentir de las filas” policiales, pero sí reclaman que no corresponde que lo plasmara en una declaración pública institucional.

El lunes temprano en la mañana ya había cuajado el diagnóstico político interno en la casa de Gobierno, previa consulta de diversas opiniones, y todo apuntaba a que había “piso” suficiente para buscar la forma de emplazar a Villalobos por su accionar. Eso, hasta que ese mismo día –durante una entrevista a Radio Duna– la Presidenta Bachelet se salió de libreto con una declaración que no solo sorprendió a todos, sino que cayó bastante mal en varias oficinas de La Moneda: «Más allá de lo contingente y de la necesidad de que las fuerzas policiales actúen cada vez que es necesario y con la fuerza que conocen, que no es excesiva, entre otras cosas puede haber pesado la experiencia del año anterior, en que de alguna manera pudieron haber quedado complicados con el caso de Rodrigo Avilés».

Hubo varias caras largas en Palacio después de eso, porque Villalobos no se demoró nada en aprovechar el salvavidas presidencial y desde Concepción dijo que «la Presidenta tiene toda la razón y no solo este caso, las organizaciones con denuncias infundadas, todo eso limita el accionar de Carabineros (…) no me voy a retractar (del comunicado), lo confirmo en todas sus partes».

En La Moneda aseguraron que ese fue un “error presidencial”, a todas luces una equivocación, porque neutralizó cualquier posibilidad de llamar a terreno o cuestionar al director general después de haber sido blindado así por la Mandataria.

En el Gobierno no fueron los únicos que cuestionaron las palabras de Villalobos y de Bachelet. El editorial de La Tercera el martes 24 de mayo precisó que “las palabras de la Presidenta y del General Director de Carabineros resultaron sorpresivas, y ciertamente deben ser motivo de preocupación, pues quiere decir que las fuerzas policiales están dejando de actuar frente a hechos vandálicos, sin que queden claras las razones de tal inhibición. Se trata de la primera vez que hay un reconocimiento explícito de esta situación, lo que amerita ser aclarado en profundidad”.

Bajar el perfil

Desde entonces ha sido evidente el intento de La Moneda por bajar el perfil al impasse con Carabineros, lo que no significa –recalcaron– que el asunto de la declaración, así como las falencias que se registraron en el actuar de la institución el día 21 de mayo en Valparaíso, no se han ido discutiendo en forma reservada con los involucrados.

Así, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo el martes 24 de mayo que su labor “es que las instituciones no se sientan inhibidas. Tenemos una muy buena policía que tiene siempre el respaldo del Gobierno de Chile cuando tiene que actuar en función de lo que la Constitución les mandata, es la institución mejor evaluada, hay que cuidar eso». El mismo tono de lo dicho previamente por el vocero, Marcelo Díaz, quien precisó que todos “los procedimientos policiales se revisan, eso es parte de la rutina natural de una institución policial, pero Carabineros cuenta con el respaldo del Gobierno para los procedimientos que pone en marcha».

Pero, en paralelo y en reserva, en La Moneda se realizaron dos comités policiales: el habitual de los lunes, donde se optó por citar a una segunda reunión para el martes por la tarde, sin convocar a prensa como en muchas otras ocasiones, y en la que el eje central fuera precisamente el accionar del 21 de mayo.

Fuentes de Palacio confirmaron que aquello se hizo el martes 24 desde las 16 horas, que se prolongó por casi dos horas y que allí se revisó minuto a minuto cada una de las acciones realizadas por Carabineros ese día, como asimismo que el acento para el Ejecutivo está en determinar cuánto se demoró la policía uniformada en responder a la emergencia que se desató con el incendio de la farmacia –provocado por bombas molotov– y del Concejo Municipal donde se encontraba el guardia, Eduardo Lara, de 70 años, quien falleció por asfixia. Un punto que –agregaron– no está despejado ni aclarado del todo aún.

En La Moneda insisten en la importancia de bajar el perfil, no quieren repetir lo sucedido hace un año exactamente. En ese entonces el Gobierno se enfrascó en un gallito con Carabineros, los criticó públicamente por la agresión que sufrió Rodrigo Avilés, se pidió un sumario, se dio de baja al pitonero que dirigió el chorro del carro lanzagua contra el estudiante y que lo arrojó contra la pared e, incluso, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, inicialmente respaldó a la policía, sobre la base de los informes que le entregaron, para luego constatar el error de dicho respaldo anticipado con las imágenes registradas por TVN, donde se evidenciaba la acción desmedida de la fuerza policial.

Las consecuencias de aquello no fueron menores. Días después de ese 21 de mayo, mientras Avilés estaba hospitalizado con riesgo vital y en coma, en Santiago se realizó una marcha convocada por la Confech para repudiar el accionar de Carabineros, la que registró violentos incidentes, debido a que las fuerzas policiales deliberadamente aplicaron la estrategia de brazos abajo, abiertamente se replegaron, como señal de molestia por lo que consideraban una distancia y falta de apoyo del Ejecutivo.

Ese episodio –que fue uno de muchos en la espinuda relación del Gobierno con Carabineros– ha pesado mucho estos días en La Moneda, como pauta para no azuzar más de la cuenta las cosas, que hasta ahora, insistieron, no han llegado al nivel de un gallito, aunque sí reconocen que es una nueva demostración de la necesidad de administrar bien los equilibrios de poder que, por un lado, tiene la policía y, por el otro, el poder político.

“Hay conversaciones en proceso, varias para normalizar las cosas”, recalcaron en La Moneda y una de ellas se registró el miércoles 25 a primera hora de la mañana, entre el ministro Burgos y Villalobos. Esa normalización implica, entre otras cosas, no alimentar la tensión con más declaraciones desde ningún lado y no dar cabida a que este episodio se vea como una abierta confrontación entre el Ejecutivo y Carabineros.

El personaje

Afirman que el ministro del Interior y el director general tienen una buena relación, fluida, que no se ha visto afectada por este capítulo. Incluso en Palacio recuerdan que fue Villalobos, a solo días de haber sido elegido como director general de Carabineros y aún sin asumir formalmente, el que negoció con los camioneros del sur que estaban apostados en el paso Angostura de la carretera norte-sur, como parte de la protesta que realizaron el 27 de agosto del año pasado.

Inicialmente La Moneda había prohibido el ingreso de la caravana de camiones a la Región Metropolitana, pero luego existió un acuerdo sellado esa tarde, pasadas las 17 horas, del cual Villalobos fue actor principal, ya que fue uno de los que gestionó la videoconferencia de Burgos con el presidente de la confederación de transportistas de carga, Sergio Pérez, y uno de sus vicepresidentes, José Egido. La historia es conocida: el Gobierno retrocedió y aceptó que los camioneros no solo entraran a Santiago sino que también desfilaran frente a Palacio en horario prime, en vivo y en directo, en todos los canales de televisión, lo que desató fuertes quiebres internos en el Ejecutivo.

Hasta que la Presidenta Bachelet lo designó a la cabeza de Carabineros, Villalobos se desempeñó como director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. Fue quien tomó las riendas de la unidad de inteligencia creada especialmente tras los atentados con bomba en el Metro los Dominicos del 13 de julio del 2014 y, dos meses después, en el SubCentro de la estación Escuela Militar, el 8 de septiembre.

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera también tuvo una participación polémica en el llamado caso Bombas, ya que como jefe de la Dipolcar se relacionó mucho con el ex fiscal Alejandro Peña, que llevaba adelante la investigación, la misma que terminó siendo un fracaso para el Ministerio Público y el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter.

El año 2011, el general Villalobos fue mencionado en el marco del sonado caso “escuchas telefónicas” a diversos políticos y parlamentarios, denuncia que en su minuto fue indagada por el ahora Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, y le valió el cuestionamiento de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de entonces ante la denuncias de ex funcionarios de Carabineros, como Estaban Infante, que aseguraron que el Alto Mando de Carabineros mantendría intervenidos los teléfonos de los diputados Guillermo Teillier (PC) y Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (ex PS) y los senadores Alejandro Navarro (MAS) y Alberto Espina (RN).

En ese momento, Villalobos se defendió, calificó las acusaciones como de “baja calaña” y aseguró que “los que se oponen a las escuchas telefónicas son los mismos delincuentes”.