En una columna publicada en agosto del año pasado señalé como dato relevante que 9.226 de los 17.189 candidatos a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores en las elecciones pasadas —es decir, el 53,7% — eran postulantes independientes. Esta tendencia continúa en las presidenciales actuales.
Según analistas consultados por “El Mercurio” esta semana, la principal razón que justifica esta explosión es la “degradación de la institución presidencial”. Pero habría que ser rigurosos y revisar a qué se refiere esta afirmación. Según la última Cadem, el Presidente Boric tiene bastante más respaldo que el que tenían los presidentes anteriores a estas alturas de su mandato.
Quizás, más que el devalúo de la figura presidencial, en este interés por postularse a presidente tenga mayor peso la conexión que muchos chilenos mantienen con sus compatriotas a través de las redes sociales, donde se agrupan comunidades de interés que operan en paralelo a los sistemas formales de la política. Y esto funciona a la par de un esquema de partidos de bajo prestigio, ya que es mínima la valoración que tienen en todas las encuestas. Ambas cuestiones potencian la multiplicación de proyectos individuales.
Sumemos a esto que legalmente no existen mínimos para entrar en este concurso. No hay filtro alguno que restrinja estas postulaciones. La ausencia normativa las facilita.
Sabemos que los partidos son la base del funcionamiento de la democracia. Sin embargo, aquellos legalizados son 23, un exceso para esta democracia de solo 12 millones de electores efectivos. Algunos, además, carecen de representación parlamentaria.
El 27,7% de los diputados son independientes, pese a que casi todos ellos fueron elegidos bajo la sigla de un partido. Los incentivos de devolución de dinero por voto alcanzado y el acceso a televisión gratuita en horario prime, la nula sanción, que en rigor es un fraude al electorado, son los motores de esta conducta tránsfuga.
Un umbral mínimo de adhesión ciudadana exigible es urgente como acto de sanidad democrática. Y también unos requisitos de disciplina que impidan abandonar tiendas políticas según como sople el viento. Por eso es muy valorable la iniciativa de cambios que promueve un conjunto de senadores, aunque a siete meses de las elecciones su destino en la Cámara de Diputados es incierto.
Pero se requiere un cambio mayor, que permita construir mayorías para gobernar en serio y que, respetando el equilibrio de poderes, promueva la cooperación del sistema político, enfrente la fragmentación partidaria y, por esa vía, la cultura del bloqueo.
Mientras se construyen las fuerzas sociales, políticas y culturales para hacer posible la reforma política que necesitamos, los partidos que aspiran a gobernar pueden facilitarles la vida a los ciudadanos agrupándose en coaliciones significativas, con propuestas programáticas claras. Y proponer al país sus cinco prioridades y su plan de acción para los primeros 100 días de gobierno.
Pueden además llevar adelante primarias de donde emerjan opciones presidenciales no solo con robusta adhesión, sino también con capacidad de representación parlamentaria y territorial, que aseguren bases mínimas de gobernabilidad. Para eso alcanza con las normas vigentes. Si hicieran esto, enviarían al electorado señales tan poderosas como un cambio legal. Y eso solo requiere voluntad. (El Mercurio)
