Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República acusando una «grave intromisión» de parte del Gobierno ante la denuncia de acoso sexual y difusión indebida de imágenes contra el Presidente Gabriel Boric.
Los parlamentarios Gustavo Benavente, Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Bobadilla, reprocharon las declaraciones que emitió la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que se trataba de una acusación «sin sustento» y que los hechos descritos en ella por la denunciante son «completamente falsos», además de afirmar que el Mandatario fue «víctima» de un supuesto «acoso sistemático».
Asimismo, advirtieron que la intervención de la secretaria de Estado podría infringir el inciso primero del Articulo 76 de la Constitución Política, que señala que «la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley», mencionando incluso que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden intervenir en las distintas causas judiciales.
Por lo mismo, los legisladores adelantaron que solicitarán en su escrito que la Contraloría pueda emitir un pronunciamiento respecto de la intervención de Vallejo, asegurando que tanto la ministra como ninguna autoridad «pueden atribuirse la potestad de determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, tal como imprudentemente lo hizo la vocera de Gobierno».
«Las recientes declaraciones de la ministra Vallejo son absolutamente imprudentes y no se pueden dejar pasar por alto. Ella es una autoridad pública que representa al Presidente Boric y, por tanto, al Poder Ejecutivo, no así al Poder Judicial, que es el único que tiene las atribuciones para resolver una causa penal que está en curso. Pareciera que a la vocera de Gobierno se le olvidó que en nuestro país, afortunadamente, existe la separación de poderes, y que nadie puede entrometerse en un proceso judicial ni mucho menos presionar a los tribunales como lo acaba de hacer ella. Por lo mismo, creemos que es fundamental que la Contraloría pueda pronunciarse respecto de sus graves declaraciones, porque no es la primera vez que el Gobierno actúa de la misma manera», indicaron. (Emol)
