Las recientes elecciones han sido celebradas como una “fiesta de la democracia”. La alta participación ha llevado a algunos entusiastas a interpretar el resultado como una señal de renovado respaldo a la democracia e incluso al sistema electoral.
En concreto, es indudable que la elección fortaleció a Chile Vamos, a su candidata presidencial y a la derecha en general. Además, trajo aparejada una muy buena noticia: la polarización expresada en el voto fue bastante menor a lo pronosticado.
Sin embargo, los resultados también deben leerse como advertencia en varios sentidos. El aumento en la votación refleja más la obligatoriedad del voto que un genuino deseo de participación. “Votamos porque estamos obligados”, es una frase recurrente y cargada de calificativos negativos que aparece en nuestros estudios.
Aun con obligatoriedad, más del 40% de electores optaron por no votar o por anular su voto para la elección de Cores. Lo mismo sucedió con una de cada tres personas en el caso de los gobiernos regionales, con el 29% en concejales y el 27% en alcaldes.
Por otro lado, por primera vez hubo más alcaldes incumbentes derrotados por desafiantes y, en un 60% de las alcaldías, los ganadores son independientes, dentro o fuera de pactos, dividiéndose el porcentaje en partes iguales (30 y 30). Más que un aire de renovación, el auge de los “independientes” revela desconfianza hacia los partidos y expresa una creciente frustración y desilusión hacia la política en general.
Visto así, el sistema político sigue diluyéndose en liderazgos dispersos que no logran ofrecer una visión política sólida y colectiva, deviniendo en una suma de intereses específicos y agendas propias. Así, cada independiente se convierte en una suerte de “PYME” política, financiada con fondos públicos y exenta de impuestos. Entre los 15 partidos con representación electoral, el mayor apenas alcanza el 15% de votos, mientras que ocho no llegan al 5% y tres logran sólo 6%. Cada nuevo “independiente” es un leño más en la hoguera que busca asfixiar a los partidos.
Si bien el voto obligatorio ha impulsado la participación, también podría contribuir a nublarnos la vista. Hoy, según el CEP, el 45% de los obligados a votar apoya opciones presidenciales autoritarias, y apenas la mitad considera la democracia como el mejor sistema de gobierno.
Estas elecciones dejan claro el problema de un sistema electoral que incentiva la fragmentación partidaria, fomenta el “discolaje” y abre camino a un independentismo que coquetea con el populismo.
En tiempos en que la democracia tambalea en el mundo, es hora de que apostemos por un sistema electoral que promueva la cohesión y fortalezca institucionalmente a los partidos. Por cierto, también que les exija rendición de cuentas y apego estricto a la ley. De lo contrario, ni el voto obligatorio, ni la alta participación evitarán que siga creciendo el 31% de personas a quienes, según el mismo CEP, les da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario.
Cristián Valdivieso
