Cuba avanza en el proceso electoral que debe culminar en febrero de 2018, con el anunciado retiro de Raúl Castro y su posible sustitución por Miguel Díaz-Canel, elegido vicepresidente en los comicios de 2013. Y aunque para muchos se trata de una farsa, las elecciones que se realizarán en toda la isla el 26 de noviembre ofrecen legitimidad a la complicada estructura electoral dirigida desde las oficinas del Partido Comunista de Cuba, única fuerza política permitida por el Artículo 5 de la actual Constitución Cubana.
Ese proceso electoral coincide «casualmente» con una serie de homenajes que el Gobierno organiza entre el 25 y el 30 de noviembre a nivel nacional para «ratificar el legado” de Fidel Castro, a un año de su muerte.
Un total de 6.746.867 personas (78,35 por ciento del padrón electoral) realizaron el proceso de nominación de los más de 60.800 candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, de cara a estas elecciones; un complicado proceso que es necesario explicar.
EL ENGRANAJE «DEMOCRÁTICO» EN CUBA
La etapa electoral en Cuba se inicia cuando el Consejo de Estado (integrado por las más altas figuras del Partido Comunista) designa «a dedo» la Comisión Electoral Nacional con representantes de las organizaciones de masas: la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, como se sabe, todas creadas y financiadas por el Partido Comunista.
La Comisión Electoral Nacional crea las Comisiones Electorales Provinciales (15) y Municipales (168). Cada Comisión Electoral forma un grupo de trabajo que fiscalizará todo el proceso de elección de candidatos: la Comisión de Candidatura (una Comisión Nacional, 15 Comisiones Provinciales y 168 Comisiones Municipales). Las Comisiones Municipales son las encargadas de convocar las Asambleas de Nominación de Candidatos.
CORRUPCIÓN DEL PROCESO
En estas Asambleas, que se celebran en los barrios, los candidatos son nominados, unos por las organizaciones de masas y otros por el pueblo. Luego de ser analizados por la correspondiente Comisión de Candidatura Municipal, esos candidatos integran las Asambleas Municipales del Poder Popular. Se supone que estas Comisiones Municipales son las grandes protagonistas «democráticas», pues son ellas las que proponen los candidatos que integrarán las Asambleas Provinciales y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento). Pero llegado este momento, el proceso «democrático» se corrompe totalmente: las Comisiones Municipales sólo pueden proponer el 50 por ciento de los candidatos; la otra mitad de cada Asamblea Provincial y de la Asamblea Nacional es designada discrecionalmente a partir de propuestas de las organizaciones de masas a nivel provincial y nacional.
El pueblo cubano tendrá que votar entonces, pero no en un proceso de elección, sino de «ratificación» de delegados (parlamentarios) provinciales y nacionales. No vota nunca directamente por quiénes dirigirán, sino por quiénes lo representarán, pues los cargos directivos en ambos niveles (provinciales y nacional) son propuestos por las Comisiones de Candidatura en una reunión donde sólo participan los delegados ratificados en las llamadas elecciones generales. Finalmente, en el marco de un proceso que debe consumarse en 2018, los cargos más altos del país serán propuestos a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la Comisión de Candidatos Nacional, y hasta la fecha siempre se ha elegido esos cargos a partir del 50 por ciento que ha propuesto previamente esa Comisión, es decir, candidatos que no han sido seleccionados por el pueblo. Así son elegidos tanto los miembros y la presidencia del Consejo de Estado como el presidente y el vicepresidente del país.
LA VOZ DE LA OPOSICIÓN
Aprovechando la única grieta de este proceso que permite una real votación popular: la nominación de candidatos en las asambleas de los barrios, seis agrupaciones opositoras, encabezados por los proyectos «Candidatos por el Cambio» y «#Otro18», se propusieron participar en los comicios este año. Pero a inicios del proceso, el vicepresidente Miguel Díaz-Canel advirtió en una conferencia que a «los contrarrevolucionarios” no se les daría la menor oportunidad de ser elegidos. Y así sucedió: a todos, sin distinción, se les impidió asistir a las asambleas de nominación, fueron difamados, acosados, amenazados y algunos incluso puestos en prisión por la policía política.
Eso ayuda a comprender por qué, en la última década, el número de ciudadanos que no van a las urnas, votan en blanco o anulan la boleta electoral ha ido aumentando. Y nada apunta a que esa tendencia vaya a cambiar en los comicios de este domingo (26.11.2017). (Por Amir Valle, DW)