Un reportaje de Radio BioBio reveló irregularidades en el cambio de oficinas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), en que adelantaron la compra de las oficinas usadas hasta el año 2016 para realizar el traslado a un inmueble con un quinto menos de espacio y docenas de estacionamientos menos, que es más caro que el anterior. Además, se estableció millonario contrato comercial con empresa ligada por lazos familiares a una de las directoras de Enap.
La Contraloría General de la República (CGR) observó que se enajenó el inmueble de Torre Vitacura por US$18,3 millones, mientras que se fijó el arriendo de las nuevas oficinas en Apoquindo 2929 por US$26,6 millones, a pesar de que tienen menos espacios y que se observaron problemas de desempeño estructural. Los US$5,6 millones de aumento, significan un 44% más de lo obtenido por la venta del activo fijo, todo para establecer un contrato de arriendo que terminará en 15 años, dejando a la empresa en necesidad de buscar nuevas oficinas.
Resalta a la vista el hecho de que las nuevas oficinas son 1.493 metros más pequeñas que las anteriores. El edificio que Enap estaba terminando de comprar tenía una superficie de 6.893 metros cuadrados, mientras que las oficinas del barrio El Golf tienen solo 5.400. Además, antes tenían 184 estacionamientos y la nueve sede empresarial tienen solo 120 plazas. O sea, pagaron más por menos espacio y no adquieren la propiedad del inmueble. Cuestionable inversión.
María Isabel González, directora de Enap, también es cuestionada en el informe de la CGR, ya que la sociedad Dueik S.A estableció un contrato con Enap por $130 millones. Esto sin transparentar el vínculo de parentesco que existe en la operación, ya que el gerente general de Duerik S.A. es el exesposo de Gónzález y dos de sus hijas son dueñas de la empresa. El CGR establece que los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para que se investigue la posible existencia de delitos.
En los estatutos de Enap se estable que se requiere el voto de al menos cuatro directores para los acuerdos de adquisición, enajenación y gravamen de raíces; condición que no se habría cumplido según la CGR. En su informe de 95 páginas la Contraloría establece que “la documentación aportada por ENAP (…), no consta la existencia del referido acuerdo aprobado con el mismo quórum requerido, en el cual se autorice la adquisición del bien inmueble al Banco Santander en donde funcionan las oficinas de ENAP, el que luego, y en el mismo contrato, enajenó”.
La compañía contestó estas dudas. “La autorización de la venta implicó implícita y tácitamente la autorización para ejercer la opción de compra pactada en los contratos de arrendamiento con opción de compra celebrados con el Banco Santander (…) De otra forma no es posible entender la autorización de venta por parte del directorio si no es con el ejercicio previo por parte de ENAP de la opción de compra, tal como ocurrió en cada uno de los instrumentos públicos otorgados al efecto”, manifestó Enap.
En diciembre de 2014 Enap estableció un protocolo para evitar conflictos de intereses, que rige para su matriz y sus filiales. Los conflictos pueden ser por relaciones económicas, o por cualquier beneficio eventual que pueda otorgar o tener algún miembro de Enap por relaciones de parentesco, afectividad o negocios, sea directa o indirectamente. (Bio Bio La Nación)
