Poco más de una hora duró la reunión que este lunes sostuvieron la diputada de RN Paulina Núñez (RN) y su par de la UDI Juan Antonio Coloma, con el directorio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) para abordar la situación de los operadores políticos que dejó el gobierno de Michelle Bachelet en distintas reparticiones del aparato del Estado.
A la salida la diputada Núñez expresó su desazón por la actitud de los dirigentes de la entidad, que ha reclamado por las desvinculaciones en diversos cargos realizados por el nuevo Gobierno, pero según explicó, no hizo lo mismo en el año 2014, cuando miles de trabajadores fueron despedidos por la pasada administración.
“Lamentamos profundamente que la Anef se haya transformado en un defensor de una ideología, de funcionarios de un determinado sector político y que aquella Anef que veíamos silenciosa en el año 2014 hoy alza la voz por operadores políticos”, dijo Paulina Núñez.
Pese a lo anterior, la parlamentaria agregó que: “Recogemos un punto que hemos tenido en la reunión en la Anef y es que se requiere una modificación legal, para que no estemos cada cuatro años entendiendo o interpretando qué se entiende por operador político o por cargo de confianza”.
En ese sentido, también se refirió a la sobrepoblación de funcionarios que hoy existen en el aparato estatal, explicando “que hoy hay varios funcionarios haciendo una labor, cuando con menos número de ellos se puede hacer lo mismo”.
COMISIÓN INVESTIGADORA
Por su parte el diputado Juan Antonio Coloma, explicó que a su juicio entidades como la Anef no han reconocido que en el aparato del Estado existe una gran cantidad de operadores políticos.
“Cuando la Anef defiende -por ejemplo- a Julia Urqueta, es porque no ha entendido que ella es una operadora política. Entonces, ¿cuántos casos más de personas que son evidentemente operadores políticos, están defendiendo al día de hoy? En el gobierno de Bachelet callaron ante los miles de despidos, pero hoy alzan la voz siendo que -como ellos mismos señalan- no son más de 600, número en que se encuentra una gran cantidad de operadores políticos”, sostuvo.
Asimismo, Coloma anunció que “en el Congreso vamos a impulsar una Comisión Investigadora que establezca los contratos express que buscaron dejar amarradas a personas en el gobierno para aprovechar los últimos meses de la administración Bachelet. Esa no es la forma de tener funcionarios públicos”.
“Le hemos pedido a la Anef que nos envíe la nómina de quiénes ellos consideran que son operadores políticos, para así poder diferenciar entre legítimos funcionarios públicos de carrera y operadores políticos que entraron a última hora con el fin de poder ocupar un cargo de gobierno”, finalizó. (La Tercera)
